Descentralización: elemento clave de la Nueva Constitución

Por Alicia Gariazzo

Dada la situación que estamos viviendo actualmente en Chile, ha llegado el momento que comprendamos que la democracia no solo se define por el llamado a elecciones voluntarias cada cierto tiempo.

Por esto, debemos elaborar, en conjunto, una Nueva Constitución que elimine los elementos dictatoriales y antidemocráticos que contiene la actual. Uno de estos es nuestra excesiva centralización, incomprensible en un país como Chile, cuyas características favorecen una comunicación expedita a todos los niveles. Sin descentralización nuestro país nunca podrá volver a ser verdaderamente democrático.

Chile es el país más angosto del mundo. Se encuentra entre los más largos y, sin discusión, es el más extremo del planeta. Esta dificultad se compensa al estar plenamente intercomunicado, la mayor parte por tierra. Al ser homogéneo en lengua y raza, cuenta con ventajas inexistentes en el resto de los países de América Latina. Estas cualidades hacen más incomprensible aún su exacerbado centralismo entre capital y regiones. Pero este centralismo también se encuentra entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, entre el Ministerio de Hacienda y el resto de la administración pública, entre instituciones hermanas de la Región Metropolitana y de las regiones, entre las directivas de los partidos políticos y sus bases y en el mismo ejercicio de la democracia, ya que Chile es el único país del mundo occidental, donde las autoridades intermedias no se eligen.

El centralismo es antidemocrático por definición, pero en el caso de Chile lleva consigo además una enorme pérdida de recursos. Un país tan largo, obviamente reúne experiencias específicas en cada región, con diferentes climas, límites, agricultura y recursos naturales. El patrimonio de estas regiones, con sus experiencias y conocimientos propios y su estrecha relación con los países vecinos es enorme, los que la capital, y por tanto todo el país y sus habitantes, pierden la oportunidad de compartir.

Esto se observó en profundidad en una serie de seminarios, realizados por el Parlamento, el PNUD y las universidades de varias regiones entre abril y noviembre de 2016, donde se discutió acerca de la nueva Constitución. Las conclusiones quedaron impresas en el documento “Proceso Constituyente en Chile: Reflexiones desde las Regiones” en el que se puede comprobar el gran desarrollo de las universidades regionales, pese a estar golpeadas en sus condiciones de vida, medio ambiente, en su autonomía y en la posibilidad de contar con recursos propios. Las universidades regionales son flagrantemente afectadas en sus presupuestos por el CRUCH, ya que compiten con las universidades de la RM en inferioridad de condiciones sin que, en ningún caso, se estime favorecerlas con una discriminación positiva. Un solo ejemplo: la asignación de recursos para Investigación, Desarrollo e Innovación se concentra en la RM. Lo peor de todo es que los esfuerzos de las universidades regionales no son mínimamente valorados. Por ejemplo la Universidad Nacional Arturo Prat, UNAP, sede Iquique, creó la Dirección General de Relaciones Internacionales, recibe estudiantes peruanos y bolivianos y desarrolla investigación sobre la relación con los países vecinos, lo que sería muy útil a los encargados de la política exterior del país. Lo mismo en la Universidad de Magallanes cuyos conocimientos de la Patagonia argentina son únicos e invaluables.

Muchos chilenos ignoran hasta qué punto el centralismo presidencialista perjudica la labor parlamentaria. No todos saben que los proyectos de ley que se discuten cada día en la Cámara de Diputados, es decir la tabla de las Comisiones Legislativas, la impone el Poder Ejecutivo. Este decide qué proyecto se abandona, qué proyecto se saca más rápido y qué proyecto se discute con calma. Esa es “la decisión sobre las urgencias”. Los diputados no tienen derecho a enviar proyectos para su discusión, carecen de iniciativa de ley. Solo pueden enviar “mociones”, es decir proyectos que no requieran presupuesto y que, normalmente el Ejecutivo ignora.

Hay otras tareas que cumple la Cámara que el Poder Ejecutivo no toma en cuenta. Por ejemplo las Comisiones Investigadoras. . La Cámara de Diputados, que debe fiscalizar por ley, no tiene ningún poder efectivo en el ejercicio de dicha facultad. Las comisiones investigadoras no pueden obligar a privados a responder a sus citaciones, solo los funcionarios públicos están forzados a asistir. Las conclusiones e informes elaborados por estas comisiones jamás son escuchados por los organismos involucrados y ni siquiera son publicados. Si se publicaran las conclusiones, a lo menos la opinión pública podría darse cuenta de que los diputados trabajan mucho más de lo que se cree, pero el sistema presidencialista extremo los hace desaparecer de la generación de conocimiento.

Si al Ejecutivo le conviene las comenta a través de los medios, cuando se están desarrollando, pero, generalmente sus resultados no tienen ningún valor legislativo. Nunca se cumplen los acuerdos que toman estas Comisiones, en cuanto a sanciones o investigaciones, ni siquiera se difunden. Tampoco se usan como guía para acciones posteriores de las instancias aludidas, lo que sería muy útil puesto que la mayoría de las Comisiones Investigadoras se desarrollan como un estudio, desde el momento que reúnen documentación, asisten a sus reuniones todos los funcionarios estatales involucrados y se profundiza en aspectos poco conocidos a nivel del conjunto de la sociedad. El Informe de la Comisión Investigadora del Transantiago por ejemplo, que contenía todo lo que no se debía hacer en un proyecto similar, pasó sin pena ni gloria por el país, aún cuando es la capital la más afectada por el mal diseño del proyecto.

Las Comisiones Especiales son más ignoradas aún. Por ejemplo, la relativa a las Deudas Históricas, cuyos acuerdos fueron logrados por unanimidad política, tuvo el rechazo total del Ministro de Hacienda Andrés Velasco, lo que significó que no se hiciera nada al respecto. La Comisión trataba de reparar una injusticia, analizando algunas de las deudas históricas más importantes que aún afectan a sectores de nuestro país, tales como:

Deudores habitacionales. Los deudores que tenían deudas con las Asociaciones de Ahorro y Préstamos en 1973, y otras similares, fueron traspasados a la banca privada, lo que transformó sus deudas en impagables.

Deuda histórica con el magisterio. Situación generada en 1981, por el traspaso de los docentes a las municipalidades. El decreto ley N°3.551 estableció una asignación especial no imponible para el personal dependiente de Ministerio de Educación. Durante 1991 y 1992, se restituyó parte de esta actualización, pero los pensionados señalan que resta por recuperar la diferencia producida en el período en que el reajuste estuvo suspendido, más la variación del IPC hasta que se repuso.

Esta Comisión Especial decidió que una instancia estatal cuantificara las deudas y que, en conjunto con los afectados, llegara a soluciones de consenso para cada caso buscando las fuentes de recursos. Se decidió además que dicha instancia se constituyera a nivel de la Subsecretaría de Hacienda para que hubiese la suficiente capacidad de decisión en una tarea de esta magnitud. Nunca más se supo de los acuerdos ni menos del pago de las deudas.

Cada cierto tiempo, la Sala de la Cámara, es decir los Diputados en pleno, discuten algún tema que interesa o afecta al país. La instancia se llama Sesión Especial. Cuando la discusión termina, se elaboran “Proyectos de Acuerdo” a los que se llega por mayoría. Estos acuerdos contienen un número de cartas que se envían a diferentes instancias del Poder Ejecutivo, con peticiones de investigación o análisis. Las respuestas son nada más que un acuse de recibo. Lo más significativo de este proceso es que las respuestas que el Poder Ejecutivo responde a la Cámara no son analizadas por los Diputados, ni siquiera por los firmantes del Proyecto de Acuerdo. Como las mujeres golpeadas por los maridos, los Diputados ya están acostumbrados a que los golpee y humille el Presidencialismo.

Son muchos los ejemplos que podemos entregar acá para demostrar que el centralismo solo lleva a la dictadura y que en un país donde predominen las formas dictatoriales de Gobierno no hay discusión, creación, ni oxígeno para prepararnos para todos los cambios que se avecinan en el mundo.