Rodolfo Parada: ¿Un pacto para un Nuevo Chile?

Por Rodolfo PARADA LILLO, Ingeniero civil (USACH) y Doctor en Sociología (Sorbona), es el director artístico del grupo Quilapayún residente en Europa.

Es claro que detrás de las demandas sociales urgentes (pensiones, salud, educación…), lo que el pueblo está pidiendo es un cambio de sistema, lo que significa:

-salir de la política ultraliberal en la que todo es un negocio (pensiones, salud, educación, vivienda, agua, riquezas naturales, etc.).

-renovar la democracia a través de una participación constante de la ciudadanía, articulando la expresión directa y participativa con las Instituciones representativas (evaluación de los elegidos, mandato revocatorio, paridad de género, peticiones vinculantes, plebiscitos, referendums…).

-instaurar una verdadera política ecológica que preserve y defienda nuestros recursos naturales (bosques, mar, montaña, fauna, ríos, etc.) reconciliando las necesidades humanas con la protección del planeta, la biodiversidad y el medio ambiente.

-hacer respetar los derechos humanos en un país que ya tiene un importante pasivo histórico originado en la dictadura militar. A la secuela de muertes, desparecidos y torturas que se confirmaron decenas de años después, se añade ahora una brutalidad represiva inimaginable para las jóvenes generaciones que la viven en directo y viralizan a través de las redes sociales. Los «tiempos mejores» de Sebastián Piñera llevan un saldo catastrófico de personas mutiladas, asesinadas, torturadas y vejadas sexualmente.

Se reclama vivir en un país con justicia y sin derecho a la impunidad.

Pero el Presidente y el gobierno han demostrado que no tienen la voluntad de inflexionar las políticas ultraliberales en curso. De hecho no han presentado reforma estructural alguna que responda a las demandas. Por el contrario, han enviado al Congreso siete proyectos de carácter represivo (antisaqueos, antiencapuchados, subversión del orden público…) resignificando delitos para impedir las movilizaciones, desgastar su fuerza y criminalizar el malestar ciudadano.
En estas condiciones, no es sorprendente que el descontento continúe manifestándose en las calles.

¿Qué continuidad darle a una victoria?

Para encontrar soluciones a la actual crisis, en primer lugar habría que reconocer que hasta aquí se ha trabajado en circuito cerrado.

Recordemos que producto de la explosión social (con su marcha del 25 de octubre 2019 con más de 2 millones de personas en las calles), pero sin diálogo con los trabajadores organizados (en torno a Unidad Social) y de espaldas al acuerdo político del 12 de noviembre (firmado por todos los partidos políticos de oposición, PC, PR, PS, PPD, RD, DC, etc.), el Gobierno y algunos partidos de oposición se plegaron al llamado del Presidente a firmar el Acuerdo por la Paz el 15 de noviembre 2019, evitando su derrumbe a cambio de llamar a un Plebiscito sobre una Nueva Constitución.

Para los manifestantes, este proceso, en el que no tuvieron ni voz ni voto, se vivió como una gran violencia de parte de la «clase política». Se confiscó su palabra y se instrumentalizó su descontento poniendo bajo tutela las protestas y menospreciando a las víctimas.

Fue un alto precio el pagado para abrir la posibilidad histórica de redactar una Nueva Constitución escrita por primera vez por el 100% de la ciudadanía. Porque además el Acuerdo no trajo la Paz, por el contrario, extendió la represión, no aseguró el «total respeto de los derechos humanos» ni mucho menos obligó al gobierno a satisfacer las urgentes demandas sociales de los trabajadores y estudiantes.

Un Pacto para un nuevo Chile

Lo que está entonces en el centro de la persistencia de la crisis, es la ausencia decisional de los protagonistas del «estallido», los estudiantes y los trabajadores, que no tienen atisbos de la «poderosa» agenda social y no aceptan de buen grado la confiscación de sus protestas así como algunas decisiones subsecuentes de la Mesa Técnica.

El espacio democrático abierto es poco estable. Aún no existen definiciones claras sobre la composición de la Convención Constitucional (cupos para pueblos originarios, paridad de género, discapacitados, diversidad sexual…) y ya varios firmantes del Acuerdo invocan el estado de «violencia y anarquía» en el país para impedir la realización del Plebiscito.

No obstante, ya hay una conquista mayor: se ha decidido darle la palabra al pueblo a partir del Plebiscito.

De lo que se trataría ahora es de ir más lejos para que se entienda que todos serán tomados en cuenta formalmente desde el Plebiscito de entrada. El desafío es dar confianza, trazar perspectivas, dar una visión en el tiempo, y no simplemente reaccionar frente a acontecimientos que podrían ser tan imprevisibles como graves. Esto se conseguiría si se le diera al Plebiscito del 26 de abril un carácter referendario progresivo según sus resultados.

Instituirlo necesitaría una instancia de diálogo (¿Pacto para un nuevo Chile?) que tendría tres objetivos operacionales:

-que acuerde con el gobierno la mejor manera de garantizar la paz y la seguridad del país hasta nuevas elecciones de Presidente y Parlamento (proposición de agenda social y revisión de protocolos de las fuerzas de orden).

-que en caso de mayoría relativa (50% +1) por el Apruebo / Convención Constitucional el 26 de abril, se legitime que La Convención Constitucional tenga carácter soberano. Se eliminaría así la tutela sobre el proceso constituyente ejercida por un Parlamento que la ciudadanía rechaza.

-que en caso de una mayoría importante (superior al 60%) del Apruebo / Convención Constitucional el 26 de abril, el Pacto encuentre la solución institucional para convocar a elecciones anticipadas de Presidente y de la totalidad del Congreso.

Nada impide que dentro de un marco constitucional se pueda llamar a elecciones anticipadas manteniendo nuestro sistema democrático.

Un Pacto con estas características indicaría que esta vez sí la protesta social ha sido escuchada, que hay razones reales para recuperar la confianza y tener esperanzas, lo que disminuiría fuertemente la tensión social. De paso, contribuiría a relegitimar el sistema institucional y a «sanear» la política.

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