Patricio Herman: el voraz y fulero apetito de los inversionistas privados
A esta altura del partido no deja de sorprender la desmesurada actitud de algunos empresarios inmobiliarios que, aún sabiendo que sus proyectos son ilegales, reclaman ante la Justicia presuntos derechos adquiridos y perjuicios económicos cuando las autoridades competentes les aplican las reglas urbanísticas que todas esas empresas deben cumplir.
Por Patricio Herman, presidente Fundación Defendamos la Ciudad
El caso que demostraremos a continuación es digno de ser conocido por la opinión pública que lee la prensa democrática e independiente: se trata del loteo industrial “Santiago Poniente Sector 3” en el área rural de la comuna de Pudahuel, al poniente del aeropuerto Arturo Merino Benítez, y cuyo titular es la empresa “Inmobiliaria Lomas de Pudahuel Ltda.”.
Según el Decreto Supremo Nº 154 Minvu de 1987, que modificó el Plan Intercomunal de Santiago (PIS) y el plano RM-PIS-87-01 aprobado por ese mismo decreto, el terreno donde se ubica el loteo era parte del subsector 30a “Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez” que no permitía actividades productivas. En links que se aprecian más adelante se puede revisar el contenido de ese decreto y el plano que lo acompaña:
A pesar de lo anterior, entre los años 1995 y 1996 la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel entregó permisos de edificación para actividades industriales y de impacto similar al industrial, utilizando anteproyectos aprobados justo antes que entrara en vigencia el PRMS de 1994, instrumento que restringió desarrollo urbano en todo el sector.
Las imágenes aéreas de Google Earth muestran que el loteo estuvo años sin avance real en las edificaciones y por esa razón la DOM de Pudahuel, enmarcándose como era su deber en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), declaró en abril de 2019 la caducidad de uno de los diversos permisos de edificación que el titular aseguraba mantener vigente. En todo caso, ese permiso había sido modificado el 6 de mayo de 2015, mediante la Resolución Nº 146/15 de dicha DOM, acto disponible en el sitio web “Transparencia Activa” de la municipalidad de Pudahuel.
Frente a la declaración de caducidad, el titular optó por defenderse con la asistencia de la oficina de abogados MOMAG, uno de cuyos socios es Ramiro Mendoza, ex Contralor General de la República. Desde agosto de 2019 el caso está radicado en la Corte de Apelaciones de Santiago (Recurso Contencioso Administrativo Nº 399-2019) y el detalle de las alegaciones se puede revisar en www.pjud.cl en la sección “Consulta Unificada de Causas”.
Los antecedentes disponibles en ese sitio web dan cuenta que MOMAG argumenta que el loteo “Santiago Poniente Sector 3” se aprobó con las normas urbanísticas aplicables, que eran las del D.S. Nº 10/1990 del Minvu. Eso ciertamente es incorrecto porque, como ya se dijo, el terreno estaba regulado por el D.S. Nº 154/1987 y desde noviembre de 1994 por la zona ISAM-1 del PRMS, ninguno de los cuales permitía o permite el uso de suelo para actividades productivas. El 31 de enero recién pasado el estudio jurídico MOMAG ingresó un recurso de reposición para que se incorpore al reclamo de ilegalidad municipal la existencia de perjuicios causados a su representada por la declaración de caducidad del permiso de edificación en comento.
Para rematar esta historia comercial les podemos contar a los lectores 3 hechos interesantes :
1º.- el representante legal de la Inmobiliaria Lomas de Pudahuel Ltda. cuando se obtuvo y modificó el permiso que se declaró caduco, es un arquitecto que participó en la elaboración de los proyectos de loteo originales de Ciudad de Los Valles e Izarra de Lo Aguirre, los que no respetaron las normas del PIS (afectando a miles de familias cuyas casas son ilegales producto de eso, tal como hemos informado a través de la prensa independiente) y además fue Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la CODESUP, corporación privada cuyo presidente es el alcalde de Pudahuel Johnny Carrasco, quien actúa como particular en ese cargo.
2º.-el arquitecto revisor independiente de la modificación de 2015 de ese permiso es un arquitecto, de apellido Barba, que fue director tesorero del Colegio de Arquitectos de Chile, presidente del comité de arquitectos revisores independientes de esa orden profesional y férreo defensor de la denominada certeza jurídica municipal de los permisos de edificación, aunque tales actos administrativos sean ilegales. Esta persona, posiblemente sin conocer la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, argumenta que ese órgano fiscalizador no puede inmiscuirse en este tipo de asuntos públicos pues para lograr el cumplimiento de las normas basta la DOM y los revisores independientes. Parece que él no revisó la normativa del PIS aplicable en el terreno del loteo.
3º.- El DOM de Pudahuel que otorgó los permisos originales del loteo industrial aludido continúa en la municipalidad ejerciendo ahora el cargo de Secretario Municipal.
En conclusión, tenemos a una inmobiliaria con un proyecto cuya autorización en los años 90 no respetó el artículo 116º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y que ahora reclama airadamente perjuicios económicos a la municipalidad de Pudahuel al no poder vender el terreno con ese permiso ilegal, actor privado que para ello utiliza los servicios de una connotada oficina de abogados. Lo mismo está haciendo la inmobiliaria titular de Ciudad de Los Valles y Lomas de Lo Aguirre que contrató a otra prestigiosa oficina de juristas para defenderla frente a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), entidad que debería formularle cargos por el clarísimo fraccionamiento de sus proyectos inmobiliarios, lo que está prohibido en el artículo 11º bis de la ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
Así entonces, en Chile el poder del dinero permite a ciertos privilegiados actores del mercado contratar las mejores defensas legales disponibles para así continuar abusando en esta economía de mercado absolutamente salvaje.
En los países serios del primer mundo este tipo de actuaciones ilegales de las élites se pagan con cárcel, sino pregúntenle al empresario vitivinícola chileno de apellido Huneeus que en EEUU pretendió engañar al sistema de admisión a una prestigiosa universidad de ese país. Su castigo fue 5 meses de cárcel, US$ 100.000 de multa y 500 horas de trabajo comunitario, y no clases de ética en universidades de la cota 1.000 como se estila en nuestro querido país.
