Los presidentes no pagan contribuciones de bienes raíces

Por Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad

En ocasiones anteriores nos hemos referido a la casa de veraneo ilegal, construida a fines de la dictadura de Pinochet, que tiene el presidente Sebastián Piñera en el lago Caburgua, por la cual durante 30 años pagó a la Tesorería General de la República, conforme al avalúo fiscal determinado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), una insignificante y burlesca suma de dinero asociada solo al terreno rural en donde está emplazada la vivienda. Lo anterior porque ese inmueble no contaba con la correspondiente recepción final de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pucón.

Para producir un “justo” empate, unos políticos de derecha denunciaron en la Justicia que la casa de veraneo de Michelle Bachelet, en la misma zona rural de la Araucanía tampoco pagaba ese impuesto territorial, asunto muy difundido por la prensa, aunque sabemos que, por el apremio del juzgado de Policía Local de Cunco, 9ª Región, la ex presidenta finalmente pagó su deuda.

Lo que han hecho ambos políticos es obsceno, pues ellos que fueron elegidos por el pueblo para desempeñarse en la más alta magistratura del país han debido dar el ejemplo en probidad y cumplimiento de sus obligaciones tributarias. A esta fecha debemos entender que Piñera también se puso al día en su obligación tributaria y que nunca más repetirán esas malas prácticas que erosionan nuestro Estado Democrático de Derecho.

Ahora bien, recientemente Ciperchile publicó el reportaje “Ex presidente Lagos y senador Lagos Weber no pagan contribuciones por sus casas en Caleu”

Aunque el reportaje de Ciperchile no lo dice, desde el año 1997 el sector de Caleu, Provincia de Chacabuco, es parte integrante de las áreas restringidas o excluidas al desarrollo urbano definidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y en ese sector rural están vigentes las siguientes normas, copia textual:

a) Área de preservación ecológica
Artículo 8.3.1.1 PRMS

En estas áreas se permitirá el desarrollo de actividades que aseguren la permanencia de los valores naturales, restringiéndose su uso a los fines: científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación.

b) Área de interés agropecuario exclusivo

Artículo 8.3.2.1 PRMS
Corresponden a aquellas áreas con uso agropecuario, cuyo suelo y capacidad de uso agrícola debe ser preservado. En estas áreas, en conjunto con las actividades agropecuarias, se podrá autorizar la instalación de agroindustrias que procesen productos frescos, previo informe favorable de los organismos, instituciones y servicios que corresponda.

Según Ciperchile la casa de placer de Lagos padre en un terreno agrícola de 5,85 hectáreas, fue construida en el año 1991, luego antes de la puesta en marcha en 1994 del PRMS y dadas las normas indicadas precedentemente, aunque el lector no le crea, estas viviendas no se podían edificar conforme al mandato del artículo 55º de la LGUC.

La del ex presidente podría haberse acogido al DL 3.516 del año 1980, manteniendo su destino agrícola, lo que desconocemos. En todo caso siempre fue exigible la recepción final, la que nunca se obtuvo, igual olvido cometido por su hijo senador.

Está claro entonces, con esta evidencia, que a los políticos, de ambos bandos, quienes han ejercido el importante cargo público de Presidente de la República, con el conocido ardid de no solicitar la recepción final de sus viviendas de placer que tienen en los sectores rurales o agrícolas, evitan pagar ese impuesto territorial, pues el Servicio de Impuestos Internos (SII) catastra para establecer el avalúo fiscal y dicho impuesto, para este tipo de inmuebles, solo los que le son informados por las municipalidades y los conservadores de bienes raíces. Si no tienen recepción final, en la práctica son viviendas clandestinas.

Sobre lo inmediatamente anterior, debemos dejar en claro que todos aquellos que, por falta de suficiente capital, tienen que recurrir al sistema bancario solicitando créditos hipotecarios para comprar sus casas, nunca dejarán de pagar las contribuciones de bienes raíces por la sencilla y elemental razón de que los bancos prestamistas, para iniciar la tramitación de esos créditos, exigen todos los permisos municipales de las viviendas y la plata se le entrega al vendedor una vez que sus abogados realizan unos acabados estudios de títulos. Las constructoras e inmobiliarias que venden en el mercado se comprometen ante los bancos que todos los permisos municipales existen, pues en sentido contrario las instituciones financieras no cursan los créditos.

En cambio, todos aquellos que edifican sin recurrir a los bancos, sobre todo viviendas unifamiliares de placer en sectores rurales, aprovechando el desorden institucionalizado, se pueden dar el lujo de omitir el permiso de edificación y la recepción final de la obra, con lo cual se produce una situación muy desigual.

En efecto, se da la paradoja de que los que tienen dinero para pagar al contado pueden hacer trampas engañando al Estado, en cambio la inmensa mayoría de los chilenos que obligatoriamente tienen que financiar las compras de viviendas con créditos bancarios no pueden dejar de pagar las contribuciones, pues el SII ya las tendrán catastradas y por ende, con los permisos municipales de rigor.

Por último, tal como lo hemos dicho en columnas anteriores, la ley de Vivienda y Urbanismo impide la construcción de estas viviendas de veraneo en los sectores rurales, admitiéndose solo las del dueño y sus trabajadores de una actividad agrícola o las necesarias para complementar fines industriales, como también las requeridas para habilitar un balneario o campamento turístico.

Ahora esperamos que nuestros queridos políticos se pongan a la altura de las circunstancias para que nunca más se repitan este tipo de pillerías.