Detenciones ilegales se incrementaron en un 77,7 por ciento entre octubre y enero

En una primera reunión con la prensa que cubre los temas de justicia y tribunales, la vocera señaló su disposición a mantener un vínculo fluido con los medios de comunicación, a la vez que valoró el trabajo que estos realizan.

Junto con ello dio cuenta de un análisis elaborado por el Departamento de Desarrollo Institucional de la Coproración Administrativa del Poder Judicial y las direcciones de Estudios y Comunicaciones del Poder Judicial, el que da cuenta de la situación de los Juzgados de Garantía de todo el país en el periodo del denominado «estallido social». En este lapso de tres meses se analizaron y compararon cifras generales y de algunos tipos particulares de delitos.

«Nos interesa mostrar el trabajo jurisdiccional desde el punto de vista del Poder Judicial, sobre un aspecto que estimamos de sumo interés para el país. Al respecto, se debe tener especialmente presente que nuestro rol es conocer y resolver los asuntos de orden jurisdiccional que se someten a la consideración de los tribunales de justicia, garantizar los derechos de todas las personas y velar por el respeto del debido proceso», dijo la ministra Chevesich.

Agregó la vocera que «nos ha parecido de relevancia focalizar la mirada en la labor jurisdiccional de los juzgados de Garantía de todo el país a partir del 18 de octubre del año pasado y hasta el 17 de enero de este año, analizándola durante dicho periodo y comparando las cifras que resulten con las de la misma época del año 2018».

Las cifras entregadas dan cuenta que el año 2019 en el periodo analizado se registró un total de ingresos en los Juzgados de Garantía de 143.215 causas, cifra inferior en un 6,5% respecto del año 2018 para el mismo periodo, cuando se registró un ingreso de 153.108 causas.

Sin embargo respecto del número de imputados se produjo un aumento de 1,5% en la comparación de ambos periodos, lo que se refleja en cifras totales de 179.442 personas imputadas en el trimestre analizado del año 2019 en comparación con los 176.803 personas imputadas en el mismo trimestre pero del año 2018.

En cuanto a las audiencias de control de detención en flagrancia en el periodo analizado se produjeron 55.586 audiencias en el trimestre del año 2019, lo que implica una aumento porcentual de 10,1% respecto de igual periodo de 2018 donde hubo 50.478 audiencia.

El número de formalizados en el trimestre analizado se incrementó en un 1,3% con 47.569 para el año 2019, versus 44.694 para el año 2018.

Según la ministra este trabajo permite «primero, identificar si los episodios acaecidos a partir del 18 de octubre de 2019 afectaron la carga de trabajo de los juzgados de garantía, como, asimismo, el tipo de delitos que dieron origen a las respectivas causas; y, segundo, reconocer aquellos delitos que están relacionados con las manifestaciones sociales y presentar la forma como el Poder Judicial ha respondido a la demanda de administración de justicia, en los aspectos que se señalarán».

Asimismo indicó que «sobre el particular, del análisis de los datos se advierte una variación del comportamiento de determinados delitos, por su posible vínculo con la situación social. También, se percibe con mayor nivel de precisión la vinculación de determinados delitos a violaciones a los derechos humanos, esto es, a los cometidos por agentes del Estado en contra de particulares».

Prisones preventivas e ilegalidad de la detención

El análisis agrega que respecto de las prisiones preventivas se produjo una leve disminución en el trimestre del 2019 respecto del año anterior, con 89.5% de prisiones preventivas decretadas y un 10,5% de prisiones preventivas rechazadas. En el mismo periodo del año 2018 hubo 91,2% de prisiones preventivas aceptadas y un 8,8% de prisiones preventivas rechazadas.

Un aspecto que llama la atención se refiere a las ilegalidades de la detención que se incrementaron en un 77,7% en el trimestre analziado del año 2019, si se comparan con igual lapso del año 2018. En números totales hubo 1.928 declaraciones de ilegalidad en el periodo analizado, en contraposición con las 1.085 ilegalidades decretadas en el trimestre del año 2018.

Para este caso se dividieron las cifras en tres periodos: en el lapso entre el 18 de octubre de 2019 y el 17 de noviembre de 2019 hubo 1.288 ilegalidades de detención; entre el 18 de noviembre y el 17 de diciembre se registraron 369 ilegalidades, y entre el 18 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020 hubo 271 ilegalidades.

Denuncias por delitos de derechos humanos

El análisis da cuenta además de algunos tipos de delitos ligados al denominado estallido social para lo cual se agruparon en dos grandes grupos en el mismso trimestre analizado. El primero relacionado con denuncias o querellas por delitos ligados a violaciones a los derechos humanos o abusos de agentes de Estado y el segundo ligado a delitos de delitos cometidos por particulares y ligados al estallido social.

En el primer grupo se presentaron 107 querellas o denuncias por abusos contra particulares; 819 denuncias o querellas por apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos; 168 denuncias o querellas por torturas cometidas por funcionarios públicos, 21 denuncias o querellas por apremios iliegitimos con abusos sexuales y 12 denuncias o querellas por crímenes de lesa humanidad, entre otras.

En el segundo grupo hubo 504 denuncias por delitos ligados a la ley de seguridad del Estado; 3.782 denuncias por desórdenes públicos; 292 por incendio; 1.046 por maltrato de obra a carabineros; 3.071 por receptación y 4.299 por robo en lugar no habitado.

La ministra Chevesich concluyó que «las cifras, en definitiva, muestran un cambio en el comportamiento de las causas judicializadas en línea con las características propias del episodio que se inició el 18 de octubre de 2018, y un ingreso menor total de causas en 2019 respecto de 2018. Termino reiterando, como lo hemos dicho, que la preocupación central del Poder Judicial es mantener el servicio de administración de justicia, no obstante que se estén viviendo momentos complejos, y siempre garantizar los derechos de todas las personas y velar por su adecuada protección».