Destruir humedales en Chile es gratis

Por Patricio Herman, presidente Fundación Defendamos la Ciudad

El gobierno chileno dice preocuparse con ánimo conservacionista de los humedales, lo que consideramos una mentira más en el ámbito de las políticas territoriales, a la luz de lo que relatamos enseguida.

Pues bien, en razón a que el 2 de febrero pasado se celebró un nuevo aniversario del Día Mundial de los Humedales, hemos estimado oportuno compartir con los lectores lo que está sucediendo con el humedal el Carrizo, localizado en un sector urbano de la comuna de Lo Barnechea, territorio originado como tal en el año 1992, ya que antes era un inmenso espacio que le pertenecía a la municipalidad de Las Condes.

Un poco de historia: La Orden católica romana Cisterciense de la Estricta Observancia existe en el mundo desde hace centenas de años y son conocidos como los Monjes Trapenses, quienes en septiembre de 1960, gracias al dinero de una benefactora particular, pudieron comprar más de 1.000 hectáreas en una zona rural de Las Condes conocida como La Dehesa y allí, en esa época, construyeron su monasterio. La vida de los monjes trapenses se caracterizaba por su sencillez, por su dedicación a la oración religiosa y al esforzado trabajo manual en la tierra.

Tiempo después, cuando el precio del suelo se fue a las nubes, la orden religiosa de Los Trapenses, suponemos que aceptando los “sabios” consejos de sus asesores comerciales, se trasladó a la sexta región, pues no tenía sentido desaprovechar la asombrosa oportunidad que les brindaba la nueva regulación que tipificó a esas hectáreas como urbanas, es decir, aptas para desarrollar interesantes proyectos inmobiliarios, teniéndose presente que allí existía un magnífico humedal, con una rica avifauna y flora nativa, que entregaba diversos servicios ambientales.

Pero, ¡oh sorpresa!, la comunidad organizada de esa comuna, nos ha informado que dicho humedal, cuyo propietario heredero de los monjes, es la fundación Cultural y Agrícola La Dehesa de Santiago, entidad sin fines de lucro (sic), a través de la Constructora Tierra Andina, está secando y entubando sus aguas para propósitos mercantiles de alta rentabilidad en el mercado de la construcción, siempre y cuando los políticos que mandan autoricen el cambio de uso de suelo que en la actualidad es área verde.

A pesar de que la devastación se inició hace unos cuantos meses, el Director de Obras Municipales (DOM) de Lo Barnechea, recientemente autorizó el 17 de enero de 2020 la intervención del humedal a esa fundación, señalándose en su acto administrativo Nº 3/2020 que las faenas se realizan en el predio del Camino Real sin número, con rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) Nº 3597-030 que corresponde a la zona “Tranque en Plano PRC-LB / Parque Quebrada / J La Dehesa”. Como vemos la municipalidad al denominar tranque al terreno reconoce que se trata de un humedal en un área urbana de su Plan Regulador Comunal, motivo por el cual convendría que el SII revisara si el avalúo fiscal está bien determinado, pues cabe la posibilidad de que el predio siga considerándose como rural para efectos del pago de las contribuciones de bienes raíces.

La comunidad local juiciosamente está proponiendo a todas las autoridades, partiendo por el alcalde de Lo Barnechea, la recuperación íntegra del humedal, haciendo valer la legislación ad hoc, para que allí vuelvan a existir los zorros, taguas, águilas moras, garzas, loicas, lagartijas, pequenes y todas las especies vivas que han desaparecido por la mano exterminadora del hombre ávido de riqueza material.

Como un hecho anecdótico señalamos que, hace unos 10 años, los 2 socios controladores de Penta, la misma empresa que lo pasó mal en la Justicia porque su locuaz gerente general (QEPD) los denunció, intentó comprar el humedal siempre y cuando se le garantizara el cambio de uso de suelo, pues el terreno, como ya se dijo, está afectado como área verde adyacente al Parque Quebrada El Carrizo en el artículo 5.2.3.3 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Como ello no fue posible, se frustró la transacción comercial.

En resumen, el perjuicio ambiental ya se está ocasionando y suponemos que la comunidad que defiende el humedal interpondrá reclamos ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y si esta burocrática oficina pública no hace nada, es decir, no sanciona al comerciante de marras y ordena las paralización de las faenas destructoras, tendrá que accionar con un competente abogado, ante los tribunales de justicia. Lo peor que podría suceder, es admitir por desidia un nuevo hecho ilegal consumado de los miles que se conocen en nuestro querido país.