Asumió ayer presidencia de la Suprema juez que en 1975 tachó de “inculpado” a detenido desaparecido

«Se observa al Juez de la causa (Guillermo Silva) la irregularidad de haber sindicado como inculpado al desaparecido Segundo Hernán Reyes González, en circunstancias que, conforme a los antecedentes, se trataría de la víctima de un presunto hecho ilícito», señaló la Corte de Apelaciones de Concepción en 1976 cuanto le tocó ver el cierre de la causa que la madre de Reyes, Violeta González Muñoz, había iniciado por la “presunta desgracia” de su hijo el 26 de septiembre de 1975.

Violeta González Muñoz, dos años antes, el 30 de noviembre de 1973, había interpuesto un recurso de amparo, rol 3257, ante la Corte de Apelaciones de Concepción, sin resultados. Su insistencia quedó caratulada en Mulchén bajo el rol 18.888.

La mujer, a pesar de la negativa de las autoridades a investigar lo ocurrido a su hijo, tenía la certeza de que este había sido detenido por Carabineros, acompañados de civiles, después del Golpe de Estado.
El libro de registro del tribunal sureño contiene en esos años varias causas por “presunta desgracia” y una, incluso, por “presunta desaparición”, pero ninguna avanzó en los 70 y 80.

“La justicia, señaló a El Periodista la abogada de Mulchén, Dolores Flores, en esos años miraba para otro lado cuando se trataba de un caso de DDHH”.

Tanto el Ejército como Carabineros e Investigaciones señalaron que el joven de 28 años no había sido detenido por ellos.

La Corte, junto con rechazar el recurso ordenó al juez de Mulchén, el hoy presidente de la Corte Suprema, instruir el sumario por presunta desgracia que Violeta González había solicitado.

Recién ahí “el Tribunal envió citación a través de los Jueces de la República, para la comparecencia del afectado dentro del plazo de 30 días, en caso contrario sería declarado rebelde; el 18 de noviembre se certifica que las requisitorias despachadas para la comparecencia del ‘inculpado’ no fueron devueltas diligenciadas”, relata sobre lo ocurrido en el juzgado de Mulchén en 1975.

Carabineros informó al juez “haber interrogado a la denunciante quien habría expresado que, en septiembre de ese año, mientras su hijo se encontraba durmiendo en su domicilio, ‘llegó un grupo de personas a quienes no identificó, en busca de su hijo, porque, según ellos, eran amigos y salieron juntos por calle Fierro en dirección al poniente, sin que hasta la fecha sepa su actual paradero. Agregó que anteriormente, no recuerda fecha exacta, llegaron dos individuos desconocidos en busca de su hijo, quienes le manifestaron que se iban a la Argentina en busca de trabajo, por lo que teme que pueda haberle sucedido alguna desgracia’; agrega el informe que la denunciante no aportó mayores antecedentes que ayudaran a la identificación de las personas que fueron a buscar a su hijo, por todo esto Carabineros ‘presume que éste se puede haber ido a la República Argentina, ya que en esta localidad no encontró trabajo debido a sus malos antecedentes’.

En virtud de este informe, el Tribunal que comandaba Guillermo Silva citó a la denunciante quien declaró que no era efectivo que ella hubiese entregado esas informaciones a Carabineros, ya que no dicen relación con la verdad de lo ocurrido con su hijo, ratificando que fue detenido por Carabineros y que a partir de ese momento no lo volvió a ver más. Se realizó posteriormente un careo entre el carabinero informante, Cabo 1º Donaldo Rocha Sáez y la madre de Segundo Hernán Reyes, ambos mantuvieron sus declaraciones anteriores. Por su parte, la Comisaría de Mulchén informó que no existía registro de detención del afectado en esa unidad el 3 de noviembre de 1973.

Guillermo Silva cerró el sumario el 19 de enero de 1976 y sobreseyó temporalmente la causa hasta la aparición de mayores datos de investigación. El 1º de marzo la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la resolución del juez y lo reconvino por haber sindicado como “inculpado” al joven que hasta hoy se encuentra desaparecido.

La causa de Reyes no era la única que quedó impune en esos años. El terror en Mulchén y alrededores había comenzado el mismísimo 11 de septiembre. A menos de un mes de que Augusto Pinochet y la Junta se hicieran del poder, entre los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, una patrulla de aproximadamente 30 personas, Carabineros, militares y civiles de Mulchén, que se transportaban a caballo, dieron muerte a 18 campesinos de los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue. Esta patrulla llevaba una lista de personas que debían ser detenidas. El primer ataque lo realizaron en El Morro, donde detuvieron a 5 campesinos de entre 20 y 34 años, los trasladaron a orillas del río Renaico, donde testigos escucharon disparos y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados, en el sector La Playita, con impactos de bala y con las manos amarradas a la espalda con alambres. Luego la patrulla se dirigió al Fundo Carmen y Maitenes, donde detuvieron a 8 campesinos más, los golpearon y los hicieron golpearse entre sí en la casa patronal y posteriormente les dieron muerte, enterrándolos en una fosa cavada en el sector y tapándolos con césped. Finalmente el 7 de octubre llegan al fundo Pemehue, donde detuvieron a 5 campesinos en sus domicilios y por la noche les dieron muerte, para posteriormente sepultarlos.
No fue hasta noviembre de 1979, cuando se supo de la remoción de cadáveres, que la Justicia se movió, luego que los familiares presentaran una querella por lo ocurrido, nombrándose en la causa a un ministro en Visita.

Guillermo Silva llegó como juez titular de Mulchén el 19 de agosto de 1974, pocos meses después que ocurrieran los hechos, pero mucho antes que ingresaran al tribunal las denuncias por presunta desgracia, según consigna su Hoja de vida no confidencial del Poder Judicial.

Ya debía saber, en ese entonces, que el país estaba viviendo una situación dramática en materia de DDHH, porque venía de Laja, donde en su calidad de secretario del Tribunal de Letras y Garantía debió enterarse que en septiembre de 1973 carabineros de la Tenencia de su localidad apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, llevándolos al Fundo San Juan, donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente, hecho conocido en DDHH como «la masacre de Laja».

Ya en 1975, con varios meses como juez de Mulchén, Guillermo Silva comenzó a recibir en sus libros de causas las denuncias por “presunta desgracia” de varias personas, entre ellas la de Reyes González el 26 de septiembre.

También la del menor de 15 años, Jorge Patricio Narváez Salamanca, cuya madre la registró el 22 de abril de 1975. El joven cursaba tercer año de enseñanza media en el Liceo de Mulchén y había sido detenido dos semanas después del golpe. Su causa, la 18.750, no avanzó hasta muchos años después.

Igual que la de Gabriel Valentín Lara Espinoza, estudiante de enseñanza media, 18 años al momento de su detención por parte de Carabineros. En esta causa, iniciada el 12 de mayo de 1975, se da la particularidad que quedó registrada bajo el número 18.775 como “presunto desaparecimiento”.

Ese año 1975 el Tribunal de Silva abrió 326 causas.

El actual presidente de la Corte dejó Mulchén en 1977 y asumió la titularidad del Segundo Juzgado de Letras de Los Angeles el 25 de octubre de ese año, oficina en la que estuvo hasta el agosto de 1980 cuando, con apenas 33 años, se convirtió en juez del también segundo juzgado, pero civil, de Concepción. Allí le correspondió ver la inmolación de Sebastián Acevedo Becerra, un obrero que motivado por la detención de sus hijos por la CNI se quemó a lo bonzo en la Plaza de la Independencia de Chile, frente a la Catedral de la Santísima Concepción.

De ese hecho, el médico que recibió al padre-mártir, cuenta en “Los archivos secretos del doctor Juan Zuchel” que “Sebastián Acevedo llegó agonizante al Hospital Regional y a mí me correspondió recibirlo. Al día siguiente, me informaron que había fallecido y que tenía que hacer su autopsia. Puse como causa de muerte inmolación. El entonces juez Guillermo Silva, hoy magistrado de la Corte Suprema, me dijo que esa causa de muerte no se aceptaba y me preguntó que por qué no la había registrado como suicidio. Mi argumento fue que suicidarse significa autoeliminarse por no poder resolver un problema personal, y la inmolación es una autoeliminación para resolver un problema colectivo, como había sucedido con este hombre. Finalmente, él aceptó mi argumento y la muerte de Sebastián Acevedo quedó caratulada como inmolación”. Era 1983.

En 1990, Silva dejó Concepción y con eso los tribunales de primera instancias para asumir como ministro en la Corte de Apelaciones de Talca. A los 46 años llegó al mismo cargo en el tribunal de alzada de Concepción, el que presidiría en 1999. A la Corte Suprema, sin oposición alguna, arribó el 17 de noviembre de 2011.

Desde hoy preside el máximo tribunal del país. Quisimos saber, antes que lo hiciera, qué reflexión tenía de aquellos años en Laja, Mulchén y Concepción, pero el departamento de comunicaciones del Poder Judicial respondió que no daría entrevista alguna antes de asumir su nuevo cargo.

Discurso al asumir la Presidencia de la Corte Suprema