Lavín y el linchamiento en redes sociales
Por Martín Saavedra Tapia, Licenciado en Ciencias Jurídicas
La humillación pública no es algo nuevo. Ha sido utilizado desde hace milenos en todas las sociedades como método de control social, para imponer una moral determinada y miedo. Casos en nuestra historia hay muchos, el más famoso es el vía crucis de Jesús antes de ser crucificado.
Se trata de humillar públicamente a quien, desde algún punto de vista, atenta contra la moral de la sociedad, ha cometido algún delito, o simplemente es un adversario político.
Este castigo social dejó de ser utilizado desde hace un tiempo, principalmente desde la modernización de los Estados, el establecimiento del estado de derecho y la facilitación del acceso a la justicia.
El linchamiento público dejó de ser utilizado, ya nadie era exhibido en la picota, aquella columna donde los delincuentes eran expuestos para su deshonra y castigo. Tampoco se volvió a utilizar el cepo, en el que eran exhibidos los delincuentes del medioevo con la cabeza y manos retenidas entre dos tablas.
Con el auge de los medios de comunicación, ya sea la radio, la televisión o los diarios, los únicos que eran expuestos públicamente y deshonrados eran políticos corruptos y escandalosos. El siglo XX avanzó y el internet comenzó a ser una herramienta de uso público. Esta herramienta, hoy en auge por las redes sociales y su contenido casi infinito ha facilitado una nueva cultura de humillación pública. A quienes se oponen a nuestra moral, nuestras costumbres o que según nuestro punto de vista cometió algún delito, lo exponemos en redes sociales: su imagen, sus datos personales y hasta sus familias son humilladas públicamente de forma deshumanizadora.
Muchos consideran esta forma de humillación pública como una forma de justicia legitima, pero ignoran que se trata de un castigo deshumanizador. Hemos tenido la desdicha de observar como una autoridad alcaldicia se ha unido al fenómeno. Desde hace un tiempo, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se ha dedicado a humillar en su cuenta de Twitter a personas que supuestamente habrían cometido delitos o que han sido pillados in fraganti.
Esto que el alcalde ha hecho es una nueva cultura, una nueva tendencia, fenómeno que comenzó a existir en internet desde el auge de las redes sociales. Coloquialmente llamadas “funas”, son frecuentemente utilizadas en países con regímenes autoritarios y fascistas, quienes la utilizan como mecanismo de control social para imponer la moral y el miedo. Los casos más recientes a nivel global y que han sido citados como tortura pasiva que viola los derechos humanos han ocurrido en Chechenia, donde Ramzam Kadyrov arrastraba a personas comunes, críticas con su gobierno, hasta la televisión pública para que ante miles de televidentes le pidieran disculpas.
Las victimas de tales humillaciones quedan marcadas por ellas de por vida, en la era del internet, cualquier interacción, sobre todo de una cuenta de twitter con más de 129 mil seguidores como la del alcalde Joaquín Lavín, queda inmortalizada para siempre. En internet nadie se preocupa de borrar dicho escarnio, y muy pocos en nuestro país han conseguido que información que les perjudica pueda ser borrada del internet, o al menos, desindexada.
Si bien, el alcalde es libre de expresar sus ideas y de informar a la opinión pública de la comisión de delitos en su comuna, debiéramos preguntarnos si es una cuestión legitima y sí su derecho a libertad de expresión tiene o no algún limite.
Si estimamos que su libertad tiene límites ponemos en riesgo un elemento esencial de toda sociedad democrática, que es poder expresar lo que pensamos y en ultima ratio, pone en peligro la libertad de prensa, pero ¿Puede el alcalde enjuiciar a una persona a priori? La verdad es que no, esa labor corresponde a nuestros tribunales de justicia, y sobre esa persona recae el principio de inocencia, aun cuando se tenga suficiente evidencia de que cometió un delito, quienes declararán si es o no culpable es un tribunal. El alcalde, por tanto, no puede emitir esos juicios de opinión considerando culpable a la injuriada. Mucho menos puede a priori aplicar una condena social: difundir su rostro en redes sociales acusándola de cometer un delito. Estuvo a un paso de imprimirle una marca en su rostro, como antiguamente ocurria con los delicuentes.
¿Y porque poner un ejemplo al mismo nivel del otro? Porque hoy, la marca que le imprimían a los condenados, es similar a la que se hace en redes sociales, porque el mundo del internet es un sinfreno, totalmente desregulado, donde la privacidad casi no existe y donde lo que digamos queda almacenado por siempre ahí. Lo que ocurre con internet, tu información y tus fotografías es una marca, queda para siempre ahí, es difícil volver a tomar el control sobre ello.
Los derechos humanos se fundamentan en reconocer la dignidad de todas las personas y el respeto y garantía de sus derechos, sin distinción alguna. Poner en evidencia a quien delinque frente a la sociedad resulta ultrajante e indigno. Este tipo de estigmatización, que algunos reconocerían como favorable porque permitirá reconocer al delincuente, significa renunciar a las expectativas de reinsertarlo en la sociedad, lo que finalmente solo favorecerá la reincidencia. El fin pretendido por la humillación publica, la infamia y el acto de deshonrar a quien delinque, en redes sociales por una autoridad pública, es ilusorio e inmoral.
