El sorteo: la hora del ciudadano común

Por Daniel Grimaldi
Doctor en Estudios Políticos
Consejero Fundación Social Demócrata
Director del Área Ideas Políticas, Conflicto y  Cambio Social – Fundación Chile21

El Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución logrado por el Congreso, es sin duda un avance importante para Chile. Sin embargo, ya son varios los sectores políticos y de la sociedad civil que advierten que en el caso del triunfo de la opción Sí en el plebiscito, ninguno de los dos mecanismos del Acuerdo dan garantías de participación amplia para la ciudadanía. Existe la sospecha bien fundada, que dado a que la elección de los constituyentes se haría mediante la misma ley y mecanismo que rige para la elección de diputados, el proceso sería conducido y posiblemente capturado por los partidos políticos ¡Que error más grande sería aquello!

Si algo ha quedado claro en las manifestaciones recientes y en el clima social que vive el país, es que la ciudadanía está tan indignada como movilizada contra los responsables de la toma de decisiones. El historiador Gabriel Salazar y otros académicos lo han dicho claramente en estos días: “el enemigo común esta vez es la clase política”. No se trata aquí de reforzar esta tesis ni el odio contra los políticos, los dirigentes tienen un rol y deben cumplirlo, para eso el pueblo les dio un mandato, pero creemos que la propuesta presentada en el Acuerdo va en la dirección contraria a la recomposición de la fractura entre políticos y ciudadanos. De cara al proceso constituyente que se inicia, tenemos la posibilidad de dar voz y voto a las ciudadanía y equilibrar nuestra democracia partidocéntrica recurriendo a una práctica de la antigua democracia griega: el sorteo.

El sorteo está de regreso hace poco más de veinte años en países desarrollados bajo diferentes modalidades. Su fundamento reposa esencialmente en dos principios:  la igualdad de los ciudadanos frente a la toma de decisiones y por otra parte, en el reconocimiento de la capacidad de los ciudadanos comunes para dirimir sobre temas valóricos y políticos. Su objetivo es dar institucionalmente la palabra al ciudadano común para suplir los déficits de las democracias representativas por medio de la democracia deliberativa.

Debemos estar conscientes que el régimen representativo, por muy proporcional que sea el sistema electoral, distorsiona la representación y limita el acceso a los cargos en función de recursos para campañas y redes en los partidos políticos. La representación es en verdad una delegación. Respecto a la sociedad civil, tampoco está exenta de problemas de representatividad y la relación que tienen sindicatos, asociaciones gremiales, federaciones de estudiantes y otros grupos de interés, con los partidos políticos, como es natural, también generan desconfianza en la ciudadanía. La era de la representación está en contradicción con los ciudadanos, cada vez más autónomos en sus opiniones, mejor informados y con posibilidades de comunicarse políticamente sin mediadores.

El sorteo realizado por cuotas estadísticamente representativas de la sociedad, lograría tener una “asamblea espejo” mucho más parecida a la sociedad real y equitativa en posibilidades de acceso, contrarrestando así las distorsiones del sistema representativo. En relación a la competencia técnica de la asamblea para deliberar y decidir, diversas experiencias de investigación, donde resaltan las de James Fishkin, y otras en la política real, han demostrado que los ciudadanos comunes pueden lograr deliberaciones de calidad, incluso en temas complejos como determinar un nuevo sistema electoral, como es el caso de Columbia Británica en Canadá en 2004. El proceso constituyente de Islandia en 2009 incluyó la participación de ciudadanos por sorteo y la República de Irlanda entre 2012 y 2018 ha realizado dos asambleas ciudadanas por sorteo para resolver temas valóricos como el aborto y el matrimonio homosexual, cuyos resultados han sido refrendados por plebiscitos.

Cuando existe un debate de buena fe, información de calidad entregada por expertos y la presentación de argumentos opuestos sobre un tema, hay condiciones para que los ciudadanos puedan comprender, deliberar y decidir. Una de las claves del proceso deliberativo por sorteo, es la posibilidad de cambiar de opinión y decidir según el peso del mejor argumento. En los parlamentos esto ocurre muy poco puesto que las posiciones políticas se toman antes de ir al hemiciclo y verifican, en el mejor de los casos, solo las mayorías de los votos expresados en las urnas pero no necesariamente el buen juicio mediante la discusión ni tampoco la voluntad de los ciudadanos.

Las asambleas ciudadanas deliberativas por sorteo no están exentas de polémica y problemas, pero no en relación a su capacidad de discutir y sancionar leyes, sino principalmente en su supuesta “despolitización” de las cuestiones sociales. No habría aquí lugar para las fuerzas sociales movilizadas como los sindicatos, los grupos de interés, etc., tan importantes para la democracia participativa. Las asambleas serían tal vez un público “más dócil” y controlable que evita la radicalización. Por otra parte, se considera que los miembros de las asambleas en el momento de recibir más información y acceso a espacios de decisión, dejarían de ser comunes y corrientes dando paso a otra forma de elitización. Frente a estas aprensiones, lo central es no considerar una asamblea por sorteo como una institución de reemplazo a las otras formas de democracia existentes en el régimen representativo, sino como una pieza complementaria dentro de un régimen mixto, que combine de forma inteligente distintas modalidades de democracia, asumiendo los déficits de cada una.

El proceso constituyente abre la posibilidad de incluir el sorteo como mecanismo deliberativo complementario a la representación política y de la sociedad civil e iniciar una nueva era del ciudadano común en política, tal vez este sea un camino para superar la crisis de confianza en las instituciones, que tanto nos pesa.