Poder Judicial defiende sus salarios ante Comisión de la Cámara de Diputados

Siguiendo con su defensa de las altas remuneraciones en el Poder Judicial, una delegación de ministros, encabezados por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, llegó hasta la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, para influir en la votación de la misma y evitar una rebaja en el salario de los jueces.

Mañana se verá en sala la propuestas de reforma constitucional que establece un nuevo procedimiento de fijación de la dieta parlamentaria y de las rentas de las autoridades políticas del país.

En ese marco, la comisión que preside Matías Walker recibió hoy a los Presidentes de la Corte Suprema, Haroldo Brito; de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe; a representantes de diversas asociaciones de municipalidades; y a la Asociación de Funcionarios Parlamentarios.

En cuanto al artículo transitorio aprobado en sesiones anteriores, que incluye la rebaja en el sueldo de las altas autoridades del Poder Judicial, el titular de la Corte Suprema, Haroldo Brito, consideró que entienden las demandas sociales y los cambios que requiere el país, pero al mismo tiempo, sostuvo que no se debe legislar con premura ni improvisación, sino con un mayor entendimiento de las materias, con antecedentes que fundamenten la medida.

El magistrado señaló que los jueces dedican su vida en el sistema, con funciones de justicia estructurada en una escala ascendente de carrera. Por lo que se debe considerar la complejidad y particularidad del trabajo que realizan.

No dijo, sin embargo, que de los 21 integrantes de la Corte Suprema, 5 de ellos vienen del mundo privado y no de la carrera judicial, como el es caso del ministro Arturo Prado Puga (63), quien ingresó en el 2017, luego de trabajar por 40 años en el BCI, entidad a la que renunció siendo gerente del área judicial. Su nombramiento, incluso, fue criticado por el sindicato del banco.

Conocido en sus fallos como proempresa, desde 2012 que era abogado integrante y fue uno de los jueces que votaron en contra del emblemático fallo que prohibió a las empresas reemplazar a sus trabajadores en huelga con personal interno.

Otros ministros que no integrarían la categoría de jueces de carrera son María Eugenia Sandoval –experta en derecho tributario y quien asumió en 2011– y la abogada constitucionalista de la UC Ángela Vivanco, quien está el cargo desde el 2018. A ellas se agregan Carlos Kunsemuller, con apenas 12 años en la Corte Suprema y Andrea Muñoz, quien lo hizo en marzo de 2014.

El ministro Prado, quien al igual que al resto de los jueces no le gustaría que se bajara su salario como miembro del Poder Judicial, se ha caracterizado por defender los recursos del Estado, como voto único, cuando se tratan en la Tercera Sala casos respecto al derecho a la Salud. Ahí el ministro votó, por ejemplo, para que el Estado no se hiciera cargo de costosos tratamientos, de hasta $500 millones, para niños que padecen enfermedades como la Atrofia Muscular Espinal.

Según el ministro Fonasa carece de presupuesto ni cuenta con recursos financieros extraordinarios para «solventar, dar cobertura y administrar tratamientos farmacológicos que se encuentran fuera del marco presupuestario».

Brito, a pesar de saber que hay jueces que no ingresaron por la carrera respectiva, igual sostuvo ante la Comisión que las remuneraciones de los jueces son derechos adquiridos que no pueden afectarse de ninguna manera, ni siquiera en el Derecho Público.

Cabe recordar que ante la presión ciudadana para que los parlamentarios se bajaran la dieta, la Comisión aprobó establecer que sea el Banco Central, como organismo autónomo, el encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de servicios, comprendidos en los artículos de los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, que corresponden, además del Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, Contraloría General de la República, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, Consejo de Seguridad Nacional, administración del Estado, empresas y universidades del Estado.

Para ello, se mandata al Presidente de la República a enviar, en un plazo de 30 días, el proyecto de modificación de la ley orgánica del Banco Central para fijar esta nueva función y similar plazo para que dicha enmienda sea despachada por el Congreso Nacional.