Judicatura hace lobby y recoge apoyo internacional para impedir rebaja de sueldos
El tema preocupa tanto en el Poder Judicial que sus máximas autoridades han llamado a diputados, senadores y ministros.
Luego de que el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dijera que una eventual rebaja en las remuneraciones de funcionarios del Poder Judicial, léase jueces y ministros, pondría en riesgo la independencia de la judicatura, se han producido una serie de movimientos para evitar que los salarios en la judicatura sufran una disminución por parte del Congreso.
El presidente de la Corte, Haroldo Brito, manifestó su preocupación por las consecuencias institucionales que se podrían derivar de la propuesta parlamentaria durante la ceremonia de juramento de nuevas y nuevos abogados realizada el 22 de noviembre.
«El problema no consiste únicamente en una cuestión relativa a los sueldos, sino en el abandono de una sostenida política pública de remuneraciones, que ha producido -junto a otras decisiones- incuestionables progresos en el sistema de justicia», señaló Brito en la oportunidad, quizá la menos adecuada ara hacerlo.
Ya el vocero Cisternas, 24 horas antes y hablando a nombre del pleno, se había referido al tema diciendo que se le pidió a la comisión de remuneraciones del Poder Judicial que reuniera al más breve plazo los antecedentes técnicos que demuestren los efectos de una rebaja del 50% en los sueldos de las autoridades.
El Pleno del Máximo Tribunal sesionó en forma extraordinaria para analizar los efectos de la iniciativa legal.
El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, explicó que una medida de esta envergadura afecta valores esenciales de la función judicial como lo son la independencia y la inamovilidad de los jueces.
«Se ha puesto de relevancia, en primer lugar, la importancia que tiene para la institución del Poder Judicial y para el ejercicio de la jurisdicción la independencia de los jueces. Y una de las bases de la independencia de los jueces es su esquema de remuneraciones, de tal manera que una baja de este tipo significa atentar contra la independencia y la inamovilidad de los jueces», explicó.
La autoridad reflexionó asimismo sobre el perjuicio de una posible alteración de la carrera funcionaria: «En nuestro nivel superior, si se hace una rebaja, quiere decir que un ministro de la Corte Suprema queda, en términos de remuneraciones, en el nivel de un juez de comuna y eso significa colocar a un ministro de la Corte Suprema en el nivel inicial de la carrera. Un juez de comuna inicia ahí su trayectoria y después va aumentando su conocimiento y capacidad y pasa a ser juez de asiento de corte, luego ministro de Corte de Apelaciones y después de varios años, 30 en algunos casos y más en otros, llega a ser ministro de la Corte Suprema con una experiencia y una cantidad de preparación importante que,en este caso, queda de una sola vez y con una sola medida por los suelos».
Trascendió, además, que varios ministros conversaron en off con representantes del Congreso y el Gobierno para impedir que la disminución salarial los alcanzara.
En esa misma línea, buscando apoyo internacional, surgió la idea de contar lo que está ocurriendo en Chile a la Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ), la que prontamente expidió un comunicado manifestando su preocupación por la eventual rebaja en los sueldos de sus colegas chilenos.
«Como REDLAJ queremos manifestar nuestra preocupación ante la rebaja transitoria que se quiere aplicar al Poder Judicial – equiparándose a una dieta parlamentaria – que dista considerablemente de la función que deben realizar jueces y magistrados, quienes son jurisdiscentes de carrera con dedicación exclusiva para el desarrollo de su función; y que implica además una gran responsabilidad hacia la comunidad».
El organismo, que preside el argentino Roberto Pages Lloveras, ignora al parecer que los parlamentarios sí tienen dedicación exclusiva, a diferencia de los magistrados que pueden realizar informe en derecho y ejercer la docencia. Además, en el caso de los ministros de Corte, estos reciben una serie de beneficios, desde auto fiscal con conductor, posibilidad de acceder a un departamento institucional, viáticos y un ayudante o secretario, con título de abogado, junto a otras prerrogativas dependiendo del cargo que ostenten en el Poder Judicial.
Al igual que el pleno y la declaración del vocero, casi con sus mismas palabras la declaración de REDLAJ asumía «que una rebaja en el 50% de remuneraciones de las autoridades del poder judicial de Chile, constituye un acto que provoca un grave perjuicio a la estabilidad de los magistrados, lo que afecta necesariamente la independencia judicial y la inamovilidad en sus cargos. Todo menoscabo a la independencia y estabilidad de los jueces repercute necesariamente en forma negativa en el sostenimiento y tutela de los derechos fundamentales de la comunidad».
