Crisis Social y Gobernabilidad

Por David G. Miranda, doctor en Ciencia Política

Recapitulando los hechos, es necesario recordar que el presidente tomó de forma apresurada la decisión de un “estado de emergencia”, incluso señalando que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, generando una resistencia generalizada a la presencia militar en las calles, así como al toque de queda, exponiendo al contingente de las fuerzas armadas a una crisis “de orden público, y no de seguridad nacional”, como lo señaló el Contralor de la República, en la posterior reunión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).

De esa forma, el presidente hipotecó innecesariamente el respaldo de las fuerzas armadas a su manejo político de la crisis. Posteriormente, reconoció públicamente que debió retroceder en su iniciativa de decretar por segunda vez un estado de emergencia, optando por un “acuerdo por la paz”, que derivó en una declaración conjunta de oficialismo y oposición que abre la vía al fin de la constitución de 1980, mediante una convocatoria a plebiscito de entrada, convención constitucional (mixta o ciudadana), y plebiscito de salida.

Dicho llamado a plebiscito refleja la mayor rectificación política de La Moneda, contra todas las posiciones previas de Chile Vamos a un proceso impulsado por Michelle Bachelet, cuyo cronograma dejaba la responsabilidad sobre este tema, precisamente, al actual gobierno.

Más allá de lo cuestionable de la estrategia, dejaba una oportunidad a su sucesor de culminar una tarea histórica, y a la luz de los hechos, absolutamente necesaria. Pero la crisis más grave se ha vivido en las calles. Las innumerables acciones judiciales por abusos a los DDHH (462 al 21 de noviembre), presentadas por el INDH, y refrendadas por informes lapidarios de Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre el manejo de la crisis, han generado una sensación que se acerca demasiado al clima de guerra que aludió el presidente en su desafortunada intervención del 20 de octubre.

A su vez, los condenables episodios de violencia y saqueo, retransmitidos a través de medios masivos y redes sociales, han funcionado como catalizador para el surgimiento de niveles de polarización política que nos remiten a los tiempos de nuestra mayor ruptura democrática, algo que no es deseable para ningún estado moderno.

Los muros de la ciudad, las proclamas y los mensajes directos de la movilización, nos indican claramente que existe una percepción, ya no solamente de ausencia de derechos sociales garantizados, sino además, de un abuso sistemático sobre las personas en nuestro país, originada en gran parte, por algo que David Harvey define como “acumulación por desposesión”, entendida como la sobreacumulación del capital, mediante mercantilización extrema de una serie de elementos esenciales para la vida moderna.

Dicho malestar no hay que perderlo de vista en la búsqueda de salidas a una crisis de esta magnitud. Si al abuso de las AFP, Isapres, los escándalos de corrupción transversales en instituciones públicas y privadas, además de las débiles políticas en salud, educación y vivienda; añadimos un manejo de crisis que ha derivado, en la práctica, en abusos a los DDHH, saqueos y vandalismo, alejando el debate público de la sensibilidad social por un país más justo, que asegure condiciones de dignidad mínimas a todos sus habitantes, el resultado es inequívoco, la crisis social y de seguridad está lejos de finalizar.

En este sentido, al analizar el funcionamiento de las instituciones claves del estado en esta crisis social, podemos al menos argüir que: 1) Las instituciones de gobierno (presidencia y congreso) tienen graves problemas de legitimidad, con bajos índices de aprobación, sumada a un descenso sostenido de participación electoral, afectando su capacidad para enfrentar una crisis social de esta magnitud. 2) Las instituciones de orden y seguridad también han visto afectada su legitimidad en sectores amplios de la población, derivada de los escándalos de corrupción, del torpe manejo político de la crisis, y de los casos de denuncia de violaciones a los DDHH, generando un cuestionamiento amplio de su labor, e inclusive una solicitud de reestructuración profunda de las policías del país. 3) Por su parte, las instituciones judiciales enfrentan hoy en día los efectos de la manifestación social y de los excesos cometidos en materia de orden público, ante lo cual su rol es crucial para dar viabilidad a una salida pacífica a la crisis, mediante la aplicación de condenas a personas que hayan cometido actos violentos en contra de la propiedad pública y/o privada, y de las violaciones a los derechos humanos.

En definitiva, para avanzar en una agenda de reformas estructurales profundas, que puedan revertir la sensación de malestar y garantizar mayor justicia social, nuestro país enfrenta hoy un punto crítico donde es necesario que nuestra democracia recupere su gobernabilidad, cuyos elementos sustanciales se encuentran en deuda con la ciudadanía, éstos son legitimidad (en el sentido amplio), representatividad (baja), participación ciudadana, gobernanza democrática y eficacia gubernamental (sobrepasada). Sin dichos elementos, será muy difícil superar una crisis social que afecta desde lo más profundo de nuestro país, y que, si no es conducida con una mirada amplia y auténticamente social, puede poner en riesgo uno de nuestros más preciados logros como sociedad, la democracia.