Chile Mejor sin TLC rechaza prácticas de fichaje de Carabineros contra dirigentes sociales
A través de un comunicado público, la plataforma Chile Mejor sin TLC sostuvo que rechaza de forma absoluta la " intimidación, acoso y ejercicio de la violencia contra los y las luchadores sociales por parte de Carabineros".
La agrupación que reúne a diversas organizaciones, movimientos, parlamentarios y ciudadanos, en rechazo del Acuerdo Transpacífico (TPP) se manifestó en contra de la «inteligencia policial» utilizada por Carabineros de Chile para monitorear a dirigentes, actores y agrupaciones sociales, indicando que su «misión es resguardar el orden público y no vigilar a las personas en el legítimo ejercicio de sus derechos».
Argumentaron que «los 23 muertos en la revuelta popular, l@s herid@s y torturad@s, las abusadas sexualmente nos conmocionan, ya que esta vigilancia secreta podría desembocar en nuevos montajes policiales».
En esta misma línea agregaron que referencias de ésto son los casos de Macarena Valdés defensora del agua y su territorio, en que sucesivas autopsias y peritajes descartan el suicidio (2016), y el asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez (2013) que permanecen en la más completa impunidad.
«Tenemos presente asimismo la militarización del Wallmapu y la constante represión y hostigamiento al pueblo mapuche y asesinato de sus luchadores», manifestó la agrupación en el documento.
Vigilancia policial
Tras el hackeo a la web de Carabineros de Chile que se realizó durante esta última semana y que evidenció un mecanismo de vigilancia, la agrupación señaló que son prácticas «propias de una dictadura, asociadas a la brutalidad con que las fuerzas policiales reprimen toda manifestación del descontento ciudadano».
«Está clara la vigencia de la doctrina del enemigo interno adoptada en tiempos de la dictadura cívico militar, lo cual ya había quedado al descubierto en la fallida Operación Huracán desatada desde las más altas esferas del poder con el objetivo de descabezar al movimiento mapuche», agregaron.
Además acusan que las personas investigadas han sido vigilados, fichados y/o amenazados por agentes del Estado dirigentes sindicales, de profesores, socioambientales, estudiantiles, pobladores y territoriales, entre otros.
También expresaron que entre los investigados hay dirigentes de organizaciones que son parte Unidad Social, de la Coordinadora de Trabajadores de No más AFP, CUT, Colegio de Profesores, Modatima y Fech.
«Entre ellos hay también dirigentes sociales integrantes de nuestra Plataforma como Carolina Espinoza, Esteban Maturana de la Confusam y los dirigentes socioambientales Joel González, Claudia Arcos, de Limache asimismo miembros de nuestra Plataforma, al igual que Patricia Núñez, de Santiago, amenazada por desconocidos», explicaron.
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Deslegitimación de luchas populares
La organización acusa la existencia de información que circula sobre «una delirante teoría conspirativa» que fue desmentida por Fiscalía, luego de ser publicada por La Tercera, en la que detallaban el supuesto origen internacional de la revuelta popular, «incitando a la violencia contra venezolanos y cubanos e involucrando en sus publicaciones a un miembro de la Coordinación de nuestra Plataforma, Esteban Silva, de la Fundación Constituyente XXI», mencionaron en el documento oficial.
«Todo ello forma parte de un esfuerzo general de deslegitimación de las luchas populares y de descabezamiento de los movimientos sociales y/o políticos que rechazamos en los términos más enérgicos», agregaron.
Finalmente, la agrupación responsabiliza al Estado de Chile «de la seguridad de los luchadores sociales de todo el territorio y exigimos el fin de la impunidad y la investigación y castigo de todos los crímenes y violaciones de derechos humanos del período actual y anterior, ya que la impunidad de ayer ha permitido la repetición de la conducta terroristas de los agentes del Estado».
