Abbas Abi Raad: La nueva mentalidad chilena

Por Abbas Abi Raad G, abogado*

Este invierno, no hace mucho, hablábamos de la estabilidad y oasis en Chile, del conveniente precio de las flores, del trabajo honesto al alba, de la propiedad privada, la familia y el amor.

Ernesto Talvi, en el Uruguay, y todos los vecinos nos ponían de ejemplo. Hoy, luego del “estallido social”, Chile le sacó la máscara a Chile, detrás de todo ese brillo de mentira, había polvo: mucho polvo escondido bajo la alfombra.

Se acabó la autocomplacencia y la indulgencia, el caos y los espejismos se tomaron noticieros, radios y matinales. Los comentarios de los periodistas de chimentos, fueron sustituidos por historiadores, constitucionalistas y filósofos.

La primavera chilena llegó con fuerza y para quedarse, sin embargo no todo es color de rosas, con las manifestaciones multitudinarias y el catarro vandálico vinieron los saqueos, con los saqueos los desertores y con los desertores, vértigo, desesperanza y violencia, mucha violencia.

Se suma a la lista de nuestros nefastos records uno penoso: somos el país que con mayores lesiones oculares a causa de las armas antidisturbios y balas de goma utilizadas por carabineros durante el movimiento social, record que no tiene precedentes en el mundo.

En cuanto a los datos comparativos con otros estallidos sociales, los números también son categóricos: más de 5 mil detenidos, casi 2 mil heridos y 22 víctimas fatales; ninguno tiene relación con los registrados durante los cinco meses de protesta en Hong Kong, las dos semanas en Cataluña, una semana en el Líbano y una en Ecuador. Sin embargo, la adquisición / reivindicación de derechos que se quiere, sigue perdida en el humo de las barricadas y como si esa ausencia fuera poca, tras tres semanas de protestas ininterrumpidas y muchas víctimas, el gobierno resuelve por endurecer el tono de su discurso, reinstalando la dialéctica de la criminalización de las manifestaciones sociales, desempolvando viejos proyectos de la agenda de seguridad como la Ley Anti encapuchados. Aparentemente la prioridad del gobierno es neutralizar sin más trámite y detrás de las ansias por volver a la normalidad, se esconde un arduo deseo de reivindicar y proteger el patrimonio, como ordena nuestra Constitución.

Personalmente, sufro una fuerte tensión entre la dificultad de justificar la violencia y la imposibilidad de condenarla con vehemencia, siendo consciente de la violencia soportada durante más de 30 años por el pueblo chileno; siendo consciente que los derechos adquiridos por la elite chilena fueron adquiridos a punta de metralla y fuego. Advierto que no se trata de aplicar la Ley del Talión (ojo por ojo diente por diente), sino que de una mera tensión que me invita a reflexionar sobre la fuente de algunas conductas que son tan categóricamente juzgada los últimos días y que terminan por distraernos de las cuestiones ciertamente esenciales. La reivindicación de los derechos sociales.

A pesar de constituir conductas jurídicamente reprochables en la actualidad y del esfuerzo mediático por confundir ambos conceptos y a la sociedad en general, vandalismo y saqueo no son sinónimos. El vandalismo se vincula a la destrucción voluntaria de la propiedad pública o privada; daño patrimonial, confección de grafitis, actos de provocación como las intervenciones populares, etc., y su objeto por regla general, es llamar la atención, hacer ver al miope, al que no quiere/ puede ver una cuestión sociopolítica.

El saqueo sin embargo, dice relación con la acción de apropiarse de bienes por medio de la violencia, adueñarse del patrimonio de otro con el ánimo de enriquecerse luego de una sublevación, revuelta o tumulto. Es curioso, pero los saqueos no siempre fueron actos punibles, al contrario, la ley toleraba las acciones de “pillaje” e incluso los regulaba; por ejemplo, en 1590, y ojala aportara mayores antecedentes algún historiador, el rey de Francia Enrique IV prohibió que el saqueo de las ciudades durase más de 24 horas, luego, incluso con los acuerdos vertidos en las Convenciones de Ginebra en 1949, se consideró un crimen tomar o destruir propiedad privada durante una ocupación, a menos que sea «absolutamente necesario”, es decir, incluso a mediados del siglo XX, de alguna forma se justificaba.

Así, a través de los libros y las clases de historia, estudiamos sin conciencia casos en que militares, guerreros o ciudadanos se hicieron de patrimonio ajeno después de un ajetreo social o conquista de territorio, como dice el refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores.

Puede que la costumbre histórica sea la fuente del saqueo que presenciamos en las calles, pero puede que se trate de otra cosa: podríamos considerar, al menos como posibilidad, que los saqueos encuentran su fundamento, o mejor dicho, integren uno de los efectos conseguidos por el proyecto político que la dictadura plasmó en el texto constitucional vigente, texto constitucional que establece una afirmación política que define un “nosotros”, con un determinado modo de acción, con una determinada identidad; “la nueva mentalidad” perseguida y conseguida con éxito en el modelo vigente; aquella identidad, la de todos, o gran parte de nosotros, que busca a través del consumo la dignidad que el Estado positivamente se inhibe de proveer por mecanismos alternativos; luego con manifiesta hipocresía nos sorprende que algunas personas saqueen televisores, microondas, ropa e incluso lavadoras, y nos cuesta mucho trabajo pensar, que todos, sin excepción alguna, estamos determinados por este sistema que nos dirige.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos de acuerdo en avanzar a por una sociedad más justa e inclusiva, sin ningún pero que valga? Lo demás es decorativo.

*Máster (C) Políticas Públicas Universidad Alberto Hurtado.