Sexting y pornovenganza

Por Martín Saavedra 
Licenciado en Ciencias Jurídicas.

Imagina despertar un día con un mensaje de tu amiga, diciéndote que, en el grupo de WhatsApp de la universidad, se ha difundido una selfie desnuda que le enviaste a tu ex pareja antes de terminar, para reavivar la pasión…

Esa pesadilla la han vivido miles de mujeres en todo el mundo, y por qué no, hombres también. Es la mal llamada “pornovenganza”, que no es porno, como tampoco es venganza, se trata de la difusión no consentida de material con connotación sexual.

Es la otra cara del internet que cada vez resulta menos amigable. Una herramienta que, en las manos equivocadas, con la selfie equivocada, puede arruinar vidas.

Peor es el caso de mujeres chilenas que pasan por ello, lamentablemente es poco lo que pueden hacer, pues no existe herramienta alguna que obligue a los buscadores de internet o a los intermediarios del internet a eliminar información perjudicial o a modificar la indexación de datos.

En el ámbito criminal, nuestro Código Penal sanciona en el artículo 161-A la divulgación de material que ha sido obtenido sin el consentimiento de la persona, obviando el hecho de que gran parte de los casos que se han viralizado en redes sociales, son material capturado con consentimiento, e incluso enviado a un receptor en forma voluntaria, quien, esta vez sin consentimiento, divulga o publica en el internet.

Un proyecto cuyas coautoras son las diputadas Maite Orsini y Maya Fernández, pretende añadir un nuevo artículo a nuestro Código Penal castigando al que difunda por cualquier medio, sin autorización del afectado, imágenes, textos, grabaciones de voz o audiovisuales de contenido sexual.

Y si bien, legislar sobre ello resulta importante para prevenir la realización de esta conducta horrorosa, se pretende erigir como una medida represiva, sin necesariamente constituir un remedio para el sufrimiento que las victimas experimentan.

Es necesario que dicho mal pueda repararse o que el sufrimiento pueda verse disminuido con acciones concretas, por ejemplo, regulando a los intermediarios de internet, estableciendo el derecho de oposición a la utilización de nuestros datos personales en Internet.

Castigar la pornovenganza soluciona una parte de un problema mucho mayor, que es la violencia contra las mujeres, la estigmatización del cuerpo y de lo que pueden o no, hacer con él.

Para avanzar en ello es necesario determinar cuáles son los grupos de riesgo. Según constata el estudio publicado en la Revista Chilena de Pediatría el 2018 “Grooming, Ciberbullying y Sexting en estudiantes en Chile según sexo y tipo de administración escolar” el 12,7% de los alumnos de colegios municipales han realizado sexting, tanto en forma activa (enviando fotografías en ropa interior o desnudos) como pasiva (recibiendo fotografías en ropa interior o desnudos). Esa cifra varía según sea un colegio particular subvencionado (9,2%) o particular privado (11,9%).

Se trata, entonces, del grupo etario con mayor acceso a internet y con un gran conocimiento de las redes sociales. Lamentablemente, el mismo estudio constata que los conceptos como Grooming (engaño online a menores de edad por parte de adultos), Ciberbullying (acoso o agresión entre menores en internet) y Sexting (difusión de intimidad sexual) no forman parte de la Política Nacional de Convivencia Escolar, ni de los programas de Convivencia Escolar de los Colegios, como tampoco de la Agenda Digital de Chile 2013-2020.

No existe interés real de parte de la autoridad en trabajar en la prevención del sexting y la pornovenganza, y eso ocurre, porque se ha arraigado como una tendencia en nuestro país, solucionar nuestros problemas con el castigo: populismo penal. Se trata de tapar los problemas, solucionándolos con más cárcel y más multas, sin atender a la resolución del problema, y que no es más que enseñar a no compartir contenido sexual sin consentimiento en internet.