Punta Arenas: Fisco deberá indemnizar a 21 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos

El juez Javier Toledo ordenó pagar $100.000.000 a cada uno de los 21 demandantes, más intereses y reajustes legales desde que la sentencia sea ejecutoriada.

Respecto al fondo del asunto, la sentencia recoge que «el artículo 1 inciso 4° de la Constitución Política de la República declara que ‘El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece'», idea que se reitera en el artículo 3 de la Ley N° 18.575. La carta fundamental, en el mismo artículo, mandata que «Es deber del Estado (…) dar protección a la población (…)».

También alude al artículo 5 de Constitución: «El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes».

Y se refiere a los tratados internacionales ratificados por Chile (por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica), que obliga a los estados parte a adoptar «las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades» (artículo 2), derechos y libertades descritas en el artículo 1 del mismo instrumento.

El fallo

De acuerdo al fallo, el primer hecho a probar en la causa consiste en que los demandantes «sufrieron violación a sus derechos humanos, privación de libertad y tortura por razones políticas, por parte de agentes del Estado de Chile, durante el período comprendido entre los años 1973 y 1990 (…) circunstancia que se demostró tanto por los hechos acreditados del considerando décimo primero de la presente sentencia, como el tenor del escrito de contestación de la demanda en esta causa (folio 9) en el que el demandado no discute el fondo de los hechos fundantes del libelo».

La sentencia también establece como una «falta de servicio» la actuación de los recurridos acreditada en la causa, «desde que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas». 

Además, se considera que los hechos ocurridos provocaron daños en las víctimas «ya que no pudieron continuar sus estudios y en otros casos se les exoneró, lo que redundó perjuicio a su respecto».

También se indicó en el informe pericial acreditado en la sentencia, que sufrieron los efectos vulneradores del encierro y la tortura a largo plazo, de agentes del Estado «quienes ejecutaron tales actos, en nombre del bienestar general, lo que redundaría en la obligación del Estado en la reparación general y particular del daño causado».

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