OEA llama al Tribunal Constitucional del Perú a dirimir legalidad de actuaciones de Vizcarra y el Congreso
"Es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano" señala un comunicado de la secretaría general del organismo.
La secretaría general de la OEA emitió hoy un comunicado en el que junto con reiterar que el organismo debe velar por «el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia representativa», llama al Tribunal Constitucional del Perú a «pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo».
Ello porque, tras la disolución del Congreso, el poder legislativo censuró al Presidente Vizcarra y delegó el gobierno en una parlamentaria, cuestión que no fue aceptada por el actual mandatario, quien tiene el respaldo de las FFAA.
Durante la jornada, que despertó al Perú con dos presidentes, el Congreso está bloqueado por fuerzas militares, las que han impedido el paso a los legisladores oopositores.
Para la OEA es «un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación. Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas».
La SG/OEA también estima deseable que las partes realicen gestos que propicien la calma ante la crisis. «Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses a través de distintos puntos de posible escalada de conflictos sectoriales que, si bien son ajenos a la crisis de referencia, podrían complicar la coyuntura», señala el comunicado.
Reitera, además, que la SG/OEA se mantiene a la disposición de los actores políticos peruanos en caso decidan requerir apoyo para soluciones acorde al Estado de derecho y el orden constitucional del país.
