Medio ambiente despachó proyecto que fomenta compras públicas sustentables
El proyecto, presentado por diputados, modifica la ley que norma los contratos de suministro y prestación de servicios, con el objetivo de que se dé la preferencia a los oferentes que fomenten el cuidado del planeta.
Priorizar para las compras públicas a las empresas que tengan políticas de producción limpia en sus actividades comerciales, así como aquellas que utilicen en sus procesos materiales e insumos los que tengan un menor impacto ambiental, es el objetivo del proyecto que despachó a la Sala la Comisión de Medio Ambiente.
La propuesta, promovida por el diputado Amaro Labra (PC) y apoyada por todos los sectores, busca establecer en la ley que norma los contratos de suministro y prestación de servicios para el sector público, que estos criterios sean ponderados al momento de escoger un oferente.
La normativa vigente no específica la sustentabilidad entre sus principios rectores, manteniéndose solo en instrucciones internas en las instituciones estatales. Por eso, el proyecto busca fortalecer la regulación de este tipo de iniciativas, sobre todo observando los montos transados en Mercado Público.
El diputado Félix González (PEV), presidente de la instancia, explicó que cuando los servicios quieren hacer una licitación, elaboran unas bases y definen puntajes por cada uno de los elementos de la licitación y le dan más porcentaje a una que a otra.
«Normalmente, lo que tiene más porcentaje es el precio. En este caso, dentro de esas ponderaciones va a tener que existir la variable de sustentabilidad y, por lo tanto, va a haber una obligación legal de darle prioridad a aquellos productor o servicios que cumplen con estas características”, remarcó.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN) destacó que “cada caso es especial, porque cada condición y cada requerimiento del Estado o de las municipalidades o de cualquier ente público va a definir qué tipo de producto es el que requiere y qué ponderación le da, por ejemplo, al que contamina menos el aire, el que tira menos residuos al agua o que la empresa tenga en consideración el reciclaje”.
El proyecto considera el criterio de compras públicas que desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente en 2014 y que contempla, entre otras materias, preferir aquellas empresas que tienen convenios de reciclaje y procedimientos de eficiencia energética.
La implementación de esta medida generaría como beneficios asociados impulsar la generación de economías de escalas que permitan adquirir bienes y servicios con mejor desempeño ambiental; estimular la competencia entre empresas proveedoras del Estado, al impulsarlas a incorporar la sustentabilidad en sus procesos de productos; promover la incorporación de tecnologías más sustentables; y expandir el mercado hacia soluciones innovadoras, potenciando la investigación científica y la innovación.
