Tragamonedas: cuestionan cruce de vereda de ex fiscales Gajardo y Norambuena

La llegada de los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena a la Fiden, donde se desempeñarán como asesores de la entidad gremial que reúne a los dueños de los Tragamonedas, cayó como un balde de agua fría en el Ministerio Público.

Ello porque el negocio en cuestión, que posee cientos de miles de tragamonedas y mueve más de 600 millones de dólares al año, enfrenta desde hace años una serie de polémicas y juicios.

No solo está vinculado al financiamiento ilegal de la política, también se lo acusa de la práctica abusiva del lobby, de hecho funciona a pesar de que en Chile su operación es ilegal porque diversos informes señalan que se trata de juegos de azar y no de destreza como quiere hacer creer la Fiden. Los primeros solo pueden funcionar en casinos.

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Los ex fiscales, quienes aparecían levantando la voz en varias materias de transparencia y anticorrupción, fueron contratados pocos días después de la balacera dentro de un local de Tragamonedas en Puente Alto, donde murieron 5 personas.

«Tu no puedes levantar tu voz, casi como un representante de las buenas costumbres y luego aparecer como asesor en un tema de platas políticas y lavado de activos, que hay que investigar, pero que tiene mal aspecto», señaló un ex persecutor que pidió reserva de su nombre.

La semana pasada comenzó la audiencia en la que el Ministerio Público formalizó una investigación por financiamiento irregular de la política en contra de dos exdirectivos de la gremial de los Tragamonedas. La responsabilidad de investigar los supuestos delitos de Alberto Hadad e Isaac Latorre recayó en el ex colega de Gajardo y Norambuena, el persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda.

Latorre, tras la audiencia en el Cuarto Jugado de Garantías, quedó con la medida cautelar de firma mensual durante los 90 días que dure la investigación. Hadad salió sin cautelares.

En la causa, además, aparecen vinculados por la presunta conexión con políticos el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett y el ex superintendente de Casinos, Francisco Leiva, quien meses después de dejar el cargo cambió su posición respecto a los Tragamonedas y se fue a asesorar a la Fiden. A ambos se les allanaron sus oficinas, por orden del Ministerio Público.

Según Ciper el papel de Leiva ha sido clave en el lobby realizado por la Fiden. “El férreo lobby con que arremetieron desde 2013 sus protagonistas agrupados en la FIDEN, rindió frutos. Allí tuvieron un aliado clave: Francisco Javier Leiva, ex superintendente de Casinos y cerebro de la estrategia del gremio para legalizar una actividad con ganancias por sobre las de los casinos autorizados. Poco les duró el triunfo: el 22 de agosto, la PDI los allanó por presunto lavado de activos. CIPER indagó en la expansión sin freno de un negocio que explotó vacíos legales y creció en complicidad con municipios que vieron en los tragamonedas una fuente de ingresos extra para sus arcas”.

Leiva, cuando era superintendente había dicho a El Mercurio, que “se debe tener claro que, con cualquier regulación correctamente elaborada, ninguna de las actuales máquinas que están en las calles podría operar”.

Con el de asesor y luego de perder varios juicios hasta 2016, los controladores de las Tragamonedas comenzaron a  ganar. Ello a pesar, como dijo a El Periodista un abogado experto en el tema, que las máquinas definitivamente son de azar y tienen un algoritmo similar al que poseen las de los casinos.

«Desde la perspectiva técnica, no hay dudas que se trata de maquinas de azar. Y siendo así, la ley es clara de que no pueden operar fuera de casinos», señaló el profesional, quien trabajó en el sector.

Algunos municipios ya han comenzado a tomar medidas al respecto, por ejemplo a fines de agosto, Independencia se sumó a los esfuerzos que hacen otras comunas, como Santiago, Estación Central y Puente Alto, clausurando 10 locales e inició una campaña de fiscalización a los llamados casinos de barrio.