Gallito entre oposición y gobierno en reforma al Código de Aguas
A solicitud de senadora independiente Carmen Gloria Aravena, varias indicaciones del Ejecutivo que corrían el riesgo de ser rechazadas se postergaron hasta que autoridades expliquen cómo se elegirá y operará este cuerpo colegiado externo a la DGA.
La figura del panel de expertos, con la cual el gobierno pretende externalizar ciertas funciones de la Dirección General de Aguas, presagia ser uno de los próximos gallitos en la batalla en que se ha transformado la reforma al Código de Aguas. Así quedó de manifiesto durante la última sesión, del 23 de septiembre, de la Comisión de Agricultura del Senado, donde se votan las indicaciones que presentara el gobierno.
Tras 8 años de tramitación y haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta, la iniciativa ha debido sortear las múltiples modificaciones que intenta realizar el Ejecutivo, que desde un principio planteó su disconformidad con el eje principal de la reforma: recuperar el agua para el bien común, priorizando los usos de consumo humano, actividades de subsistencia y necesidades ecológicas.
Al contrario, el gobierno se ha cuadrado con la cautela del derecho de propiedad perpetuo de particulares sobre las aguas, disminuyendo las facultades de asignación, fiscalización y recuperación del Estado.
Es en este contexto que el Ejecutivo presentó una serie de indicaciones asociadas a la figura de un panel de expertos, para determinar los volúmenes de agua a extraer de acuíferos y en qué momento se podrán declarar restricciones que afectarán derechos constituidos.
Sin embargo, todos los artículos que incluían esta nueva figura y que corrían el riesgo de ser rechazados, se verán en las próximas sesiones luego que la senadora Carmen Gloria Aravena solicitara una segunda discusión.
Lo mismo pasó con las indicaciones que el gobierno presentó sobre la institución de remate para el caso de contiendas en el marco de exploración de aguas subterráneas.
La idea es que previo a votar estas propuestas el Ejecutivo explique en detalle ambos nuevos sistemas: el del panel de expertos y el de remate de aguas.
“Dada la importancia que tiene el panel de expertos, ojalá comité científico y con mayor presupuesto, sería bueno que así como nos tendrán que explicar en detalle en qué consiste el remate de agua de ahora en adelante, también nos digan en qué consiste el panel de expertos, quiénes lo componen, porque es un tema no menor que es transversal en todo lo que sigue en la discusión” expresó al respecto la senadora Aravena.
A su vez, el PPD Guido Girardi cuestionó los intereses creados que muchas veces tienen los especialistas convocados por el gobierno.
“El panel de expertos tiene que tener, particularmente en el ámbito científico, declaración de interés de los científicos. Porque no es lo mismo un científico que trabaje para una universidad, autónomo, que un científico que esté relacionado con empresas en esta misma área”, puntualizó.
En su opinión “es muy importante saber cuál va a ser la potestad que va a tener la decisión o la opinión que tenga el panel de expertos, si va a ser vinculante o no vinculante, yo pienso siempre que la última opinión la tiene que tener la autoridad responsable, pero es importante que la opinión del panel de expertos sea considerada. Y yo hablaría de panel científico, no de expertos, que ahí estamos hablado de otra cosa, que puede ser de personas que se dediquen a la asesoría en materia de aguas”.
En la Comisión de Agricultura el oficialismo está en minoría: la preside el PS Álvaro Elizalde, y la integran Aravena, Juan Castro (RN), Adriana Muñoz (PPD, quien en la última sesión fue remplazada por Girardi) y Yasna Provoste (PDC).
Durante la sesión del lunes 23 de septiembre varias indicaciones del gobierno fueron rechazadas, por no alinearse con los ejes del proyecto. Entre ellas que la DGA determine sectores de vegas, pajonales, bofedales, entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, donde se podrían constituir derechos de agua.
Asimismo, se desestimó un cambio que flexibilizaba el radio de protección de las captaciones de los sistemas de agua potable rural establecido en 200 metros, perímetro dentro del cual no se pueden realizar exploraciones que puedan afectar el acuífero para consumo humano.
Lo que sí se aprobó fue agregar al artículo 69 un inciso que establece que en el caso de las exploraciones de aguas subterráneas, estas deberán tener como interés principal lograr un uso sustentable de los recursos hídricos.
