Neoliberalismo en Chile y violencia estructural

Por Juan Pablo Briones

Durante los últimos días hemos visto desfilar por televisión explosiones en comisarías, proyectiles dirigidos al Senado, enfrentamientos al interior del emblemático Instituto Nacional, hechos inconexos que tienen en común al menos dos aspectos: uno, que estarían atentando contra la institucionalidad y dos, que son hechos a los que inmediatamente se les atribuye un tinte político, independiente a sus autorías o a la veracidad de ellos. Por ejemplo, el supuesto proyectil dirigido a una de las oficinas del Senado resultó ser una bolita de vidrio; la supuesta bomba en la Cámara era la mochila de un despistado asesor y en el caso de los encapuchados, la inmanente duda es si son manifestantes efectivamente o si son carabineros infiltrados. Como sea,  se logró el objetivo, se expuso ante la opinión pública información tendenciosa.

Al respecto, considero que el magnificar de forma inmediata estos hechos tiene el objetivo político de crear en la opinión pública la certeza de que estamos bajo un clima donde prima la violencia y el descontrol y así de pasada seguir legitimando el control policial, aprobar con celeridad el proyecto de ley antiterrorista y legitimar el uso de instrumentos de intromisión que vulneran derechos constitucionales, como lo es el caso de las escuchas telefónicas por parte de militares a periodistas que investigaban el “Milicogate”, hechos que fueron repudiados de forma generalizada. Sin embargo, se sentó el precedente de que ante la supuesta necesidad de seguridad, los derechos constitucionales ya no están garantizados.

Ante esto y sin caer en descalificaciones, sin desmentir ni afirmar la ocurrencia de estos hechos ni tampoco justificándolos si es que realmente existiesen, considero que estos hechos de violencia no se comparan en lo absoluto a la violencia estructural con la que es tratada nuestra ciudadanía; una violencia sistemática, permanente y que procura ser invisibilizada. Es esa otra violencia, de la que no se habla, la que busca naturalizar la desigualdad, la que nos priva de derechos, la que legitima la precariedad, la que nos refriega en la cara que el poder lo tienen otros y que tuvieron la capacidad de crear una estructura jurídica e institucional acorde a sus intereses, una jaula de hierro en términos weberianos, forjada gracias al uso de la violencia. Al igual que el viento y el mar modelan nuestras costas, la violencia ha modelado el Chile que conocemos.

Según Carlos Marx quien ha parido la Historia es la violencia y nos queda decir que harta razón este autor pues en base al uso de la violencia es el cómo se enquistó profundamente el neoliberalismo en Chile. Al respecto, no debemos olvidar que esta remozada versión capitalista se cimentó mediante tortura, exilio, asesinato, desaparición de personas y el miedo generalizado a ser víctima de la dictadura militar, es decir, una verdadera acumulación originaria en beneficio de unos pocos que significó el desmedro de la gran mayoría de los chilenos. 

Los efectos del neoliberalismo abundan: los chilenos y chilenas se jubilan con pensiones de miseria, los niños y niñas se educan en un sistema educacional extremadamente segregado, la mayoría de los trabajadores tienen sueldos bajísimos, personas mueren en los hospitales públicos esperando atención médica y así un largo excétera. Estos son los costos sociales de un proceso que enriqueció a algunos y profundizó la desigualdad en Chile.

El cómo se dio este proceso, se puede decir que como norma general se potenció el crecimiento de la oferta privada a través de la jibarización y precarización de los servicios públicos y en el caso más brutal – las jubilaciones- fue mediante decreto, que se les obligó a los trabajadores y trabajadoras a entregar parte de su salario a administradoras de fondo de pensiones con la finalidad de que estos los invirtieran de acuerdo a su criterio y así en el futuro poder recibir una jubilación acorde a sus ingresos, es decir, grito y plata para los dueños de las AFP, pues desde 1982 ingresan sagradamente y de forma mensual recursos frescos para ser invertidos en el mercado. Este sistema demostró ser un sistema ineficiente y que sólo buscaba beneficiar a las administradoras y que no buscó nunca dar buenas pensiones.

Lamentablemente en todos estos casos existe un andamiaje jurídico e institucional que los resguarda y legitima. El mismo que mediante una tergiversada interpretación de la igualdad ante la ley, que en su origen fue pensada para proteger a las personas termina garantizando el negocio de unos pocos. Además, esta estructura hace en la práctica imposible cualquier transformación relevante, pues además de contar con una constitución que establece quórum supramayoritarios para cambios de envergadura -muy difíciles de lograr por lo demás-y que si se llegasen a conseguir y terminar favorablemente su proceso legislativo siempre estará allí la amenaza del Tribunal Constitucional, institución que actúa en la práctica  como cámara contramayoritaria en resguardo de intereses existentes y por último, si todo este andamiaje institucional fuera burlado por las herramientas democráticas, cuentan con el respaldo de la fuerzas de las armas, quienes -de forma histórica- no han dudado en reprimir a sus compatriotas.

Lo traumático del proceso de implementación del neoliberalismo se aprecia en que su estructura es tan coherente entre sus partes –que quienes hemos crecido bajo estas condiciones- hemos llegado a asimilarlo y naturalizarlo y lo peor de todo es que muchos de los que anteriormente se habían opuesto tenazmente terminaron viéndolo como la única realidad posible, independiente a si violenta sistemáticamente a nuestra población. Ante este triste escenario, cualquier crítica ha sido tildada de izquierdoza, trasnochada y que busca reivindicar discursos meta-teóricos fracasados y que para colmo, que reivindican el uso de la violencia. En definitiva, hoy pensar modelos alternativos de desarrollo es visto sólo como una visión romántica del pasado o como el efecto colateral de consumir sustancias placenteras y de dudosa legalidad.

Para terminar, quiero señalar que al igual que hoy rechazamos el uso de la violencia como forma de hacer política, también deberíamos rechazar y denunciar el uso de la violencia estructural que beneficia a quienes lucran a costa del sufrimiento ajeno, que engordan sus cuentas corrientes con las expectativas de las personas y en definitiva con la vida y la muerte de las personas. A ellos debemos emplazarlos y exigirles que se enriquezcan de forma honesta, que presten buenos servicios para todos y que permitan al Estado regular correctamente los mercados, estableciendo mínimos sociales  para que efectivamente todas las personas se encuentren en igualdad de oportunidades, premisa preconizada como piedra angular de la democracia liberal y deslegitimar así el uso de todo tipo de violencia.