Informe de Comisión investigadora de VIH/Sida responsabiliza al Estado por aumento de casos
A modo de combatir el significativo aumento de las personas que viven con VIH/Sida, la instancia propuso la creación y fortalecimiento de una política nacional, sustentada en programas de prevención, diagnóstico y tratamiento, donde el Estado asuma su responsabilidad constitucional, jurídica, pero también social y política, sobre la salud de quienes viven en nuestro país.
Con una amplia votación, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de conclusiones y propuestas emanado por la Comisión Investigadora de la actuación del Ministerio de Salud y demás organismos públicos competentes en relación a la crisis que afecta a Chile en el tratamiento del VIH/Sida, desde los años 2010 a 2018.
La instancia, que fue presidida por la diputada Claudia Mix, entre otros puntos, estableció «que la principal responsabilidad de la actual epidemia de VIH/Sida es del Estado, a través de su Ministerio de Salud, reflejado en todas las reparticiones que inciden en esta política.»
El texto consigna, además, un grado de responsabilidad importante al Ministerio de Educación, por su insuficiente labor en la prevención del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), a través del diseño y ejecución de una política de educación sexual integral, sin ceder a las presiones de grupos de interés y religiosos.
Asimismo, se concluye que uno de los factores de la actual crisis podría ser la ausencia de un organismo coordinador centralizado que elabore la política nacional para afrontar dicha epidemia.
Por otra parte, se concluye que la adjudicación de financiamiento por parte del Fondo Global para la lucha contra el Sida, entre los años 2003 y 2008, si bien generó buenos resultados, hizo que el Estado descansara en estos recursos sin que implementase nuevas estrategias de financiamiento.
Al mismo tiempo, se detalla que, durante el período 2010-2018, hubo una baja sostenida en los presupuestos destinados a la política de VIH/Sida, destinando, además, cerca del 95% de dicho presupuesto solo al tratamiento de la enfermedad, cubriendo con el 5% restante las áreas de prevención, diagnóstico o investigación científica.
En la misma línea, el documento agrega que, en la Ley del Sida, existen ciertos vacíos e incumplimientos que dan cuenta de la urgente necesidad de actualizar nuestra legislación.
En cuanto a las recomendaciones, se llama, entre otros aspectos, a considerar una participación comunitaria significativa para implementar cualquier estrategia que se diseñe y desarrolle desde el Estado, financiamientos basales permanentes para la prevención, diagnostico, control y tratamiento del VIH/Sida, además de la creación y establecimiento de un nuevo organismo coordinador interministerial y una política de salud sexual integral para Chile.
