CIDH condena a Chile por violación de DDHH de exmonja y docente lesbiana

Tras 10 años de investigación, se declaró al Estado de Chile como “responsable” de vulnerar la igualdad, la vida privada y la no discriminación al impedir desde el 2007 que la docente Sandra Pavez pueda ejercer clases de religión por ser lesbiana

Historia del caso

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le permitiría seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Esto, luego de que la docente le confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual. En repetidas ocasiones, incluidas las noches, los curas visitaron el domicilio de Pavez, pidiéndole que cambiara su orientación sexual, al menos, “por respeto a su fallecida madre”.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento aún vigente y dictado en 1983 que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quienes pueden o no impartir cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2018 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924.

Once años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario, convirtiéndose Pavez en la primera mujer lesbiana en obtener un primer triunfo sobre la discriminación proveniente del Estado y de la Iglesia al mismo tiempo.