Presidente (S) de la Corte Suprema: Nuestro país requiere un sistema integral de persecución penal

En una nueva ceremonia de abogados, en que juraron 49 profesionales, la autoridad enfatizó que «el Estado debe tener preocupación especial con las víctimas, pues ellas han sido afectadas injustificadamente, pero no es posible plantear las soluciones exclusivamente desde la represión. Es indispensable que exista correspondencia entre la vigencia de todos los derechos y la represión de toda conducta ilícita», sostuvo, planteando además el cumplimiento efectivo de las sanciones penales, la relevancia de la prevención, y la rehabilitación.

«La delincuencia, sin duda, es un problema social. Sobre la base de tales postulados, tan claros y tan categóricos, podemos tratar de construir una respuesta por toda la sociedad, entre quienes están ustedes nuevas abogadas y nuevos abogados, pero igualmente nosotros: los jueces. Seriamente. Sin buscar aquellos dividendos políticos, a los cuales se recuerda, en cada momento, que los otros deben acudir. Tampoco tratando de buscar un antagonista donde no lo hay, pues la cooperación y la coordinación es indispensable, al igual que es una tarea en que ninguna autoridad puede restarse o quedar al margen», determinó.

«El correcto comportamiento social e institucional, la búsqueda de entendimiento y el respeto no deben confundirse con debilidad. El insulto, el actuar destemplado y la caricatura no forma parte de un sano intercambio de ideas en una república democrática. El pueblo tiene la instrucción suficiente para entender en quien radica la competencia en las funciones de garantizar la seguridad ciudadana. Ya no es posible el traspaso verbal de responsabilidades. Los números, cifras y estadísticas son de conocimiento de toda la población, las que permiten fundar un juicio general respecto de la forma en que actúa una institución. La trasparencia posibilita apreciar el mayor o menor fundamento de ciertas afirmaciones, por lo cual, referencias generales o marginales quedan inmediatamente descartadas», precisó la autoridad.

El presidente (s) afirmó que la situación carcelaria es compleja, ya que si bien «la tasa de población privada de libertad se ha mantenido relativamente estable y ha disminuido en el orden porcentual, se aumentó el número de personas en la cárcel. El año 2006 había una tasa de 240 personas por cada 100.000 habitantes, con alrededor de 39.417 personas tras las rejas, mientras que para el año 2018 la tasa fue de 228 personas por cada 100.000 habitantes, esto es aproximadamente 41.689 personas privadas de libertad».

Sergio Muñoz valoró la legislación que promueve el cumplimiento de condenas mediante penas alternativas. «De esta manera se explica que nuestro legislador incorporara modificaciones a los sistemas carcelarios, permitiendo que un importante número de personas pudiera satisfacer sus condenas mediante penas alternativas. Se cumplen las sanciones, pero ya no únicamente mediante el encierro y la privación de libertad».

El ministro resaltó los positivos efectos de la reforma procesal penal, pero fue claro al establecer que aun está ausente la supervisión del cumplimiento de penas. «En vista de aquello, en nuestros días esta regulación es aún insuficiente y presenta severos problemas, limitándose a un conjunto de normas de carácter fragmentario, disperso y contradictorio, y donde su principal instrumento –el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios- es de naturaleza infra legal y, como se dijo, evidentemente insuficiente».

«Sin estridencias, pero que quede claro: nuestro país requiere de un sistema integral de persecución penal, que ampare a la víctimas y sancione todas las conductas ilícitas, al mismo tiempo que garantice el respeto de todos los derechos, y donde se coordine la prevención, la represión, la ejecución de las penas y la rehabilitación, que contemple la figura del juez de ejecución penal y, por ser precisamente un sistema integral, obtenga la reducción efectiva de la criminalidad», concluyó.