Gabriel Ascencio: Fin del abuso, clamor nacional

Por Gabriel Ascencio Mansilla, diputado DC.

Desde hace ya un buen tiempo y, con justa razón, se ha instalado una sensación de abuso generalizado que tiene, obviamente, repercusiones sociales que deben tener una respuesta eficiente y urgente. Imposible no hacerse cargo.

La asimetría de poder que se observa en nuestro país, entre ciudadanos que reciben una desproporcionada porción del ingreso nacional, concentrando prácticamente toda la riqueza; y, aquellos que reciben casi nada es, en sí mismo un modo de abuso en la relación social inaceptable.

Y, es en temas como la provisión de servicios básicos donde el problema adquiere ribetes alarmantes, pues estamos hablando de derechos esenciales.

Más allá de la forma en que ello se ha organizado, a través del “sistema de concesiones”, que administra muchos de los servicios básicos de los chilenos, el drama de Osorno ha develado, en toda su magnitud, la desproporción brutal, entre las capacidades de las empresas concesionarias y las de los ciudadanos a los que, dicho sea de paso, se les cobra tarifas difícilmente encontrables en otras partes del mundo.

¿Por qué ocurre eso?

El principio que dio origen al sistema de concesiones no es discutible. El país requería la provisión de servicios para los que el estado no estaba en condiciones de asumir, con la premura que la necesidad requería y, con los estándares modernos que se deseaban. Con todo, es opinable si, las condiciones de ello, en materia de fiscalización y beneficios de los contratos transformados en ley, fueron apropiados, de acuerdo a estándares de esos mismos servicios, en otras realidades.

Lo que no está en discusión es que hoy no es aceptable la asimetría grosera entre los prestadores de servicios y la capacidad de los ciudadanos para reclamar respecto de la calidad y oportunidad de esa prestación.

Ello, desgraciadamente, se ha transferido a casi todas las relaciones, especialmente comerciales, que realizan los chilenos diariamente: excesivos cobros de intereses en las tarjetas de crédito bancarias y, sobre todo de las casas comerciales; retraso inexplicable en la tramitación de licencias médicas justas; retraso en el pago de facturas a los pequeños productores, por parte de las cadenas de supermercados u otros demandantes de estas prestaciones; retrasos en el pago de las imposiciones de los trabajadores, incluso desde instituciones públicas; alzas de los precios de los servicios concesionados, mucho más allá del alza del índice de sueldos y salarios, etc.

Dicho de otro modo, es difícil encontrar algún área donde los “ciudadanos de a pie” no sean abusados, como consecuencia de la relación excesivamente asimétrica que se ha establecido entre “los que tienen poder” (los menos) y aquellos que carecen de él (casi todos), lo que genera una condición que, en muchos casos, llega a caracteres inhumanos.

No es posible continuar en este proceso, que no solo habla mal de quienes participan, a favor de esa desigualdad, sino que de las instituciones que tienen, precisamente “en representación del bien común”, la obligación de impedir esta correlación tan injusta.

Este es otro de los elementos de una transición que se prolonga mucho más allá de lo razonable.

Ha llegado el momento de buscar, con la mejor disposición, un gran acuerdo nacional a favor del término de las condiciones de abuso en las relaciones sociales, especialmente entre aquellas a las cuales todos estamos obligados, como la provisión de servicios básicos que no son posibles de evitar.

La condición de inequidad que existe hoy en nuestro país no soporta la desidia de todos por disminuirla y, el primer paso, es la toma de conciencia de que las relaciones de abuso no pueden ser permitidas. Y, las más inaceptables de ellas son las que son ejecutadas directamente por el estado (pago de imposiciones o licencias médicas, por ejemplo), o aquellas que tiene la obligación de regular, como las tarifas del agua potable, al electricidad o el gas y los peajes en las carreteras.

No al abuso, debiera ser entonces la motivación para encontrar acuerdos de todos, a favor de todos los chilenos que sufren esta agresión permanente, que ya resulta insoportable.