Condenan a oficial en retiro por secuestro y torturas en 1974
El fisco deberá pagarle a la víctima una millonaria indemnización la actuación del ex agente del Estado.
El ministro suplente para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, condenó a oficial de Ejército en retiro, por su responsabilidad en el delito de secuestro con grave daño de Adriana Fresia Bruna de la Fuente. Ilícito cometido en febrero de 1974, en la comuna de La Calera.
En el fallo (causa rol 5-2014), el ministro en visita condenó a Aníbal Ramón Luis Raúl Schaffhauser Camposano a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito.
La sentencia logró acreditar que el 12 de febrero de 1974, en horas de la madrugada, Adriana Bruna de la Fuente fue aprehendida por efectivos militares desde su domicilio particular junto a su hija menor de un año, sin orden del Tribunal o Fiscalía alguna, bajo los únicos antecedentes que se relacionan con su pertenencia a las Juventudes Comunistas y la de su marido a las Juventudes Socialistas, a quien también buscaban, para ser inmediatamente trasladada a la Comisaría de Carabineros de La Calera, recinto que era controlado por personal militar del Regimiento de Ingenieros N° 2 de Aconcagua de la comuna de Quillota. La víctima fue aprehendida en tres oportunidades en su domicilio, siendo conducida a la Subcomisaría de la Calera, lugar en el que fue sometida a reiterados interrogatorios, amenazas y apremios psicológicos por parte del personal militar y de carabineros, recibiendo golpes en diferentes partes del cuerpo, tocaciones en su cuerpo y aplicación de corriente eléctrica. Después de varias horas en que se le mantenía encerrada en dicho recinto Bruna era dejada libre por orden de los militares que se encontraban a cargo.
En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de 35 millones de pesos por concepto de daño moral, a la víctima.