El agua de todos: DDHH irrenunciable

Pensiones, salud, educación; necesidades básicas y derechos esenciales en los que el estado de Chile se encuentra aún al debe, sumando brechas de desigualdad que nadie puede pretender invisibilizar; muy por el contrario, porque son un imperativo ético.

Una de ellas, y que cruza todo el país, es la que dice relación con la lucha por el acceso a un elemento vital: el agua, que es de todos y que, sin embargo, sigue aún, en muchos casos, en poder sólo de algunos.

La pregunta, entonces, es por qué. Por qué algo tan evidente y natural como el derecho de todos sobre el agua aún sigue siendo un sueño y no una realidad.

Pues bien, creado en 1981, en plena dictadura, el Código de Aguas, que rige hoy, es el que define el acceso, gestión y distribución de dicho recurso con una visión economicista, considerando al agua como un bien, como un recurso económico, como una moneda que se transa muchas veces al mejor postor, incluyendo a especuladores sin ética.

La Cámara de Diputados despachó, el 22 de noviembre de 2016, un nuevo Código de Aguas; lo hizo tras un arduo trabajo. Sabemos que aún es perfectible, pero a lo menos logró consagrar el carácter de bien nacional de uso público; el derecho humano al agua y al saneamiento, en consistencia con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas suscrita por Chile el año 2010. Se aprobó, además, que el Estado resguarde que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y que se limite el ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

Pero no fue lo único. También en forma unánime se acordó incluir en la ley que “en el caso de territorios indígenas el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas de acuerdo con la legislación internacional vigente”.

Estaba todo bien, hasta que el Gobierno del presidente Piñera decidió cambiarlo todo e ingresó una indicación sustitutiva en el Senado; esto es, en otras palabras, un nuevo proyecto, otros contenidos. Parece que no les gustó lo aprobado, especialmente aquello de poner plazo para las nuevas concesiones, entre otras cosas.

Así las cosas, uno de los principales cambios que el Gobierno quiere realizar es ratificar la entrega de derechos a “perpetuidad” a privados, tal como hoy día lo consagra la legislación vigente, que, como señalamos, data de tiempos de la dictadura.

He asumido la presidencia de la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara y desde esta instancia, pondremos lupa a lo que ocurra en el Senado y cuando el proyecto vuelva a la Cámara, será nuestro compromiso velar porque Chile tenga, efectivamente, un nuevo Código de Aguas a la altura de las necesidades y derechos humanos.

Nos parece inaceptable el intento del Gobierno de pretender cambiar lo aprobado por los diputados y perpetuar el concepto del agua como un bien económico. No podemos seguir tolerando la especulación con un recurso de primera necesidad como lo es el agua. No puede ser que algunos acaparen el agua, mientras que miles no tengan acceso.

El derecho al agua se incluye en una serie de derechos que el sistema internacional resguarda y que el Estado de Chile se ha comprometido a cumplir, especialmente cuando se reitera el derecho a una vida digna: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Declaración Universal de Derechos Humanos).

Sin agua no hay salud, no hay servicios sanitarios; sin agua la agricultura no prospera y se afecta directamente la alimentación. El agua es condición para la existencia de vida en nuestro planeta.

Hoy, según informes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hay más de mil millones de personas que carecen de un suministro suficiente de agua y miles de millones que no tienen acceso adecuado a servicios de higiene y saneamiento. Chile no puede seguir al debe y con nota roja.

No es de extrañar que los privados, principalmente los grandes empresarios del sector agrícola, minero e hidroeléctrico, rechacen la propuesta de un nuevo Código de Aguas democrático y en sincronía con los derechos esenciales de todos. Pero eso, debe ser sólo un antecedente. Nuestro compromiso es cambiar la legislación y hacer realidad que al agua sea de todos.

Valoro los aportes constantes y valientes de las organizaciones sociales que no han bajado sus brazos, como el Movimiento Social por el Agua y la Vida y el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente. Sabemos que no será fácil pues hay sectores que seguirán defendiendo el derecho de propiedad a costa del derecho de todos, pero, sabremos ganar esta batalla.

*Presidente de la Comisión de Recursos Hídricos y Jefe de la bancada DC