Gobierno recurre a OMC para salvar negocio de medidores a Enel

Norma técnica que regula los nuevos medidores inteligentes no considera los modelos que la empresa Italiana importó y de los cuales ya lleva instalados cerca de 300 mil. El gobierno acudió al Comité de Obstáculos al Comercio, de la entidad multinacional, para intentar resolver el conflicto de la empresa que lidera el primo hermano del Presidente Piñera.

El tema de los medidores inteligentes, un negocio que involucra un monto cercano a los mil millones de dólares, no deja de sorprender y sigue siendo un dolor de cabeza para la empresa Enel, cuya filial es la fabricante del producto y que tiene la mayoría de los clientes en el país.

El gobierno, en medio de la polémica, cuando Ciper informó de que los usuarios deberían pagar el costo de los nuevo aparatos, recurrió a través de la Dirección Económica de la Cancillería (Direcon) al Comité de Obstáculos Técnicos al comercio de la OMC para dilucidar si la norma técnica nacional, que no autoriza los medidores ya instalados y por instalarse, vulneraba los acuerdos internacionales de libre comercio.

Era el 13 de marzo. Dos semanas antes, al conocerse la noticia de los medidores, Ciper informó que «la norma técnica» que definirá las características de estos aparatos no estaba publicada y que la consulta pública para ese Anexo Técnico recién había terminado el 27 de febrero. Es decir, sin aguardar las características que debían tener los medidores en Chile, la empresa Enel comenzó a instalar y a esa fecha, 1 de marzo pasado, ya tenían más de 250 mil. Sus clientes alcanzan el millón 700 mil en la RM.

Si bien Ciper dijo que el tema era «un punto que no inquieta a la autoridad», el gobierno sí estaba preocupado y por eso, apenas 13 días después, ingresó la «notificación» al Comité mencionado de la OMC.

Al estar fuera de norma, los medidores de Enel no podrían ser traspasados a tarifa a los usuarios, pero si la OMC declara que Chile está infringiendo el acuerdo, tratándose de un producto extranjero, Chile estará obligado a cambiar los decreto internos que establecen exigencias técnicas mínimas.

Es decir, según los expertos, allanan el camino al negocio. De acuerdo a lo informado por El Periodista, este sería de doble vía para la distribuidora, ya que según publicó el diario Pulso, la proveedora de los aparatos inteligentes es una de las subsidiarias de la empresa italiana Enel, e-distribuzione SpA, información publicada en la revista Electricidad.

¿Quién autorizó la instalación de los casi 300 mil medidores? La Superintendencia de Energía y Combustibles (SEC), según Ciper, asegura que «cada medidor que se instala debe pasar por dos certificaciones: una al ingresar al país, que se realiza por lote, y otra que se hace a cada aparato, a través de cinco instituciones acreditadas por la SEC para ese fin». En el caso que nos ocupa, de acuerdo lo informado por Enel a Ciper, los aparatos inteligentes «fueron certificados a nivel internacional por el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) de España y que en Chile la certificación individual se hace a través de Cert Pro y CAM. Esta última es al mismo tiempo contratista de Enel para trabajo de cuadrillas en terreno. Ciper preguntó por este conflicto de interés, pero desde la compañía se limitaron a indicar que nunca han recibido un reproche de la autoridad fiscalizadora».

Al año 2025, más de 6 millones de “dispositivos inteligentes” que medirán de modo remoto el consumo de electricidad, serán instalados en hogares, oficinas e industrias.