Francisco Chahuán: Medidas para combatir tráfico de bienes culturales

Ante el reciente descubrimiento de valiosas obras de arte en propiedad de un particular y que habían sido robadas desde los recintos donde se custodiaban, se hace necesario reflexionar sobre algunas medidas legales indispensables para combatir eficazmente el tráfico ilícito de estos bienes, propios de nuestro patrimonio.

Por Francisco Chahuán, Senador región de Valparaíso

Hablar del patrimonio cultural es hacerlo de la memoria entendida como el único instrumento que nos permite escapar de la inmediatez. Sin la memoria no hay vínculo social ni sociedad, no existe identidad individual ni colectiva, desaparecen los saberes; prevalece la confusión y la dificultad de comprenderse.

Solamente ella puede ayudar a conceptualizar el paso inexorable del tiempo y así aceptarlo. Memoria que lleva consigo también la necesidad de transmitir a las siguientes generaciones lo adquirido. Y esta transmisión es fundamental para mantener la memoria social que subyace a los ritos, las instituciones, la fuerza de las costumbres, los hábitos y las relaciones.

Hoy en día el mercado del arte ha florecido, y se aprecia como hay acaudalados consumidores que demandan obtener piezas únicas de diversas culturas del mundo. Se hace indispensable levantar un inventario nacional de los bienes culturales, como lo establecen los compromisos y recomendaciones emanadas de los convenios y convenciones internacionales con la Unesco, para mantener la relación de la sociedad con su pasado y eliminar el robo de los afectos o “los asesinos de la memoria”, como se podrían resumir estas acciones ilícitas.

Por otra parte, resulta imprescindible establecer un marco jurídico adecuado, que incorpore las recomendaciones de las diferentes convenciones de la Unesco, y para ello se hace necesario requerir el máximo apoyo en la lucha contra el tráfico ilícito, y en este sentido es necesario desarrollar una campaña de medios para despertar y motivar a la conciencia sobre el conocimiento de la riqueza cultural que le pertenece, así como alertar e informar sobre la necesidad de proteger el patrimonio cultural.

Se requiere que el Estado consigne detalladamente las colecciones de los patrimonios de las instituciones, y que ellas estén debidamente registradas; asimismo, que los esfuerzos realizados por los museos, personas naturales y la Iglesia, puedan aportar al conocimiento de la riqueza cultural del país, su grado de vulnerabilidad y estado de conservación, de tal manera que permita consolidar el sistema nacional de información de los bienes culturales.

Esto se refleja en los múltiples objetos de las culturas de los países considerados pobres en el desarrollo económico, pero inmensamente ricos en expresiones culturales, y que son ofrecidas y compradas indiscriminadamente, sin que los dueños puedan reclamarlos a pesar de saber que en su mayoría han salido ilegalmente de los países conocidos como productores, y cuya lucha por recuperarlos es compleja, costosa y enfrenta grandes desigualdades en las condiciones entre países para atacar estos problemas.

Quienes trabajan en los temas de los delitos patrimoniales anotan que el problema del tráfico ilícito de bienes culturales es de tal dimensión que las causas de este flagelo en materia de pérdida de bienes muebles, de propiedad cultural, son parecidas a las del tráfico de drogas, y que el comercio de objetos de arte se asocia en muchas oportunidades al lavado de dinero proveniente de la comercialización ilícita de estupefacientes.

De igual manera, se deben adoptar medidas para que en las agencias de turismo, hoteles y aeropuertos se alerte a los visitantes y turistas sobre la penalización y efectos legales que implica el involucrarse en acciones de tráfico ilícito.

Esta realidad compromete al Estado a enfrentar en forma inmediata las amenazas y riesgos de la seguridad de los patrimonios con acciones enfocadas a la toma de conciencia, a la capacitación, a la formación, al fortalecimiento institucional y al debido tratamiento del tráfico ilícito, razón suficiente para que nuestro gobierno implemente políticas públicas en las esferas de lo patrimonial natural y cultural.

Y en este sentido, se inscriben los dos proyectos de ley, que presenté hace algunos años en el Senado, y que requieren la aplicación de la correspondiente urgencia por parte del Gobierno, a saber, el que penaliza el tráfico ilícito de bienes culturales y también la iniciativa de incorporar un chip en las obras de arte de manera de poder rastrearlos, en caso de robos.