Justicia española pide que Brasil entregue a condenado por la matanza de abogados en Atocha
La Audiencia Nacional dictó este martes un auto en el que propone al Gobierno de España la puesta en marcha de los trámites para reclamar a Brasil la entrega del fascista Carlos García Juliá, condenado como uno de los responsables de la matanza de Atocha y que desde su fuga en 1991 estuvo en diferentes países, entre ellos Chile.
El auto emitido por la Audiencia Nacional recuerda que este hombre, junto a otras tres personas de ideología fascista, fueron encontrados culpables por los sucesos de la matanza de Atocha, un ataque ultraderechista contra una oficina de abogados laboristas que causó la muerte de cinco personas en 1977.
En concreto, el auto expone que estas personas constituyeron «un grupo radical y totalitario, disconforme con el cambio constitucional que ese estaba operando en España» y que, además, guardaban enemistad personal con algunos de los sindicalistas presentes en la oficina.
El 24 de enero de 1977, provistos de pistolas del calibre 9 mm parabellum, estos hombres llamaron a la puerta del despacho y cuando les abrieron, encañonaron a las personas que allí había, las condujeron a un salón y dispararon a discreción.
El ataque causó la muerte de tres abogados, un estudiante de derecho y un administrativo, además de causar heridas a varias personas.
El ataque ultraderechista contra los abogados de Atocha, todos ellos vinculados al Partido Comunista de España y al sindicato Comisiones Obreras, es considerado uno de los momentos claves de la transición española tras la dictadura del general Francisco Franco, que había muerto dos años antes.
García Juliá fue condenado en febrero de 1980 a 30 años de prisión como autor de un delito de asesinato consumado, cuatro penas de 25 años por cuatro asesinatos consumados, otras cuatro penas de 15 años por asesinatos frustrados y 3 años por delitos de tenencia ilícita de armas.
El individuo fue detenido en marzo de 1977 y estuvo en prisión hasta 1991, cuando se le concedió la libertad condicional.
En 1994 se le otorgó autorización judicial para salir de España y desde entonces se mantuvo desparecido, aunque las autoridades detectaron su presencia en Chile, Argentina, Venezuela o Brasil, países por los que solía desplazarse con documentación de terceras personas.
Finalmente, García Juliá fue detenido el pasado 7 de diciembre en Sao Paulo, en una operación conjunta de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Federal.
Ahora, la Audiencia Nacional insta al Gobierno a iniciar trámites para solicitar su extradición, con el fin de que cumpla los más de diez años de cárcel que le quedan pendientes. (Sputnik)
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