La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, obtuvo 12 votos, seguida por Mauricio Silva 10 y Javier Moya 9, para integrar la quina de la cual el Presidente Piñera debe elegir a uno para enviar al Senado.
Tras la designación de Ángela Vivanco, cuya sensibilidad ideológica estaba cerca del oficialismo, será la oposición la que imponga el nombre del ministro que reemplazará a Carlos Cerda en la Corte Suprema.
Esta mañana, alrededor de las 8.30, fueron elegidos por el pleno los cinco candidatos para el cargo. El ministro Julio Miranda, quien la integra por derecho propio, será acompañado por Dobra Lusic, quien obtuvo 12 votos, Mauricio Silva (10), Javier Moya (9) y Roberto Contreras (7).
El Presidente Piñera deberá escoger a uno de ellos, cuyo nombre tendrá que ser ratificado por el Senado.
Fuentes cercanas a tribunales refieren que la pelea estaría entre Dobra Lusic y Javier Moya, ya que ambos cuentan con simpatías en la Oposición, aunque a la primera le juega en contra varios fallos en materia de libertad de expresión, como haber aplicado con severidad la hoy derogada ley de abusos de publicidad contra dos periodistas en 1996, en la única condena a profesionales de la prensa por informar sobre un caso judicial en secreto de sumario, cuestión que ocurriría todos los días en los medios chilenos.
En materia de DDHH la jueza Lusic, además, integró la sala que rebajó considerablemente las penas a los implicados en desapariciones de la llamada Operación Colombo, disminuyendo de 13 a 7 años la condena a los ex oficiales de ejército César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, acusados del secuestro calificado de secuestro calificado de Arturo Barría Araneda, profesor de música detenido desaparecido desde septiembre de 1974.
La magistrada, además, fue uno de los votos favorables a las isapres cuando estas solicitaron judicialmente una rebaja a los costos de juicios de alzas arbitrarias de planes de Salud.
En 2004, Lusic protagonizó una polémica por el presunto uso irregular de vehículos de la Policía de Investigaciones, aunque finalmente en fallo dividido el Pleno de la Corte Suprema resolvió no aplicarle medidas disciplinarias.
Javier Moya, por su parte, es ministro de la Corte de Apelaciones de la capital desde 2009, antes se desempeñó en la Corte de Apelaciones de Arica e inició su carrera en el poder judicial en 1982 en el Juzgado de Letras de Coelemu.
Como ministro de la Corte ha participado en varios casos de renombre. Por ejemplo, fue parte de la sala que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la universidad Pedro de Valdivia en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia que determinó que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) debía entrega información sobre el plantel educativo. Moya, abogado de la Universidad de Chile, también fue parte de los ministros que acogieron el recurso de protección presentado por la Comunidad Ecológica de Peñalolén, en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) y el municipio por la modificación del plan regulador comunal.
En abril de este año, rechazó junto a dos ministros el recurso de amparo interpuesto en contra de Gendarmería, por excluir a Carlos Alberto Herrera Jiménez de la lista de postulantes al beneficio de la libertad condicional. La Novena Sala del tribunal de alzada, en un fallo unánime, descartó que existiera actuar arbitrario de la recurrida al denegar la postulación del interno que se encuentra procesado en causa penal.
