La decisión de mayoría, a la que se opuso el ministro Arturo Pardo, impidió un millonario negocio inmobiliario en la zona y reservó un espacio para la memoria. El conflicto es que Pardo proviene de los bancos y no de la carrera judicial o académica, cuestión que preocupa en Tribunales.
No dejó de llamar la atención y provocar un debate soterrado en los pasillos de Tribunales que en la votación donde la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia que favorecía a la inmobiliaria Presidente Riesco en contra del Ministerio de Educación (que declaró monumento histórico a los edificios de la Villa San Luis de Las Condes), uno de los que se inclinó por los privados fuera el ministro Arturo Prado, quien llegó al alto tribunal en 2017.
Prado se hizo Supremo luego de desempeñarse como Gerente del Área Judicial (1997-2011) y Gerente Asesor (2011-2017) del BCI. Otros dos supremos, como Sergio Muñoz y María Eugenia Sandoval votaron afirmativamente, al igual que el abogado integrante Antonio Barra, quienes consideraron que el Mineduc no actuó arbitrariamente.
La decisión de mayoría, a la que se opuso Pardo, impidió un millonario negocio inmobiliario en la zona. De inmediato, tras conocerse la votación y más allá de que esta no habría perjudicado directamente al banco donde trabajó el nuevo ministro, surgieron voces que cuestionaron que la integración de la Corte permitiera que ingresaran a la misma abogados con una marcada trayectoria en determinadas empresas o sectores, argumentando que se debía privilegiar a los que provenían de la academia o del mismo Poder Judicial.
