ONU insta a López Obrador a resolver las desapariciones en México
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó este jueves al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a resolver casos de desapariciones forzadas pendientes en el país.
La ONU-DH «alienta al próximo Gobierno de México a marcar un punto de quiebre y romper la trágica historia de dolor que ha acompañado a las víctimas de desaparición en México», dijo Jan Jarab, representante en México del alto comisionado, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El Gobierno que comenzará el 1 de diciembre, con un mandato de seis años, «tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización», dice el mensaje del organismo que será encabezado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet a partir del 1 de septiembre, en remplazo del jordano Zeid Ra’ad Al Hussein.
Más de 35.000 personas están registradas oficialmente como desaparecidas en México en la última década, en el marco de un guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, y es el momento de «que inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país», exhorta la ONU-DH.
Para el líder de la izquierda nacionalista López Obrador, «combatir la desaparición de personas deberá ser una prioridad en el próximo gobierno federal y saludamos las señales que así lo anticipan», reconoció Jarab.
Con el fin de cumplir esa promesa, las próximas autoridades contarán con la recién promulgada ley general sobre desapariciones forzadas, en las que hayan participado agentes del Estado, o secuestros perpetrados por criminales.
Cumplir esa ley «tiene que ser la principal directriz de la próxima administración para erradicar las desapariciones, buscar de manera apropiada a las personas desaparecidas, garantizar la atención y reparación a las víctimas, adoptar medidas efectivas de no repetición y desarrollar políticas contra el olvido», puntualizó Jarab.
Asimismo, el próximo Gobierno «debe garantizar la participación efectiva, real y constante de las familias que buscan con tenacidad a sus seres queridos».
México precisa que el Gobierno federal adopte un plan de implementación de esa ley, que «dote de recursos suficientes a las instancias encargadas de su cumplimiento y fortalezca las capacidades de investigación criminal, la prestación de servicios periciales y forenses y la asistencia a las víctimas», que presentan una dotación precaria de recursos.
El portavoz de alto comisionado advierte que ese delito tiene un carácter «continuo e imprescriptible»; y que el derecho internacional prohíbe «adoptar cualquier medida legislativa o administrativa que inhiba el deber imperativo del Estado de perseguirlo», subraya.
Jarab exhortó finalmente al Estado mexicano a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, para permitir la visita al país del Comité, solicitada desde 2013, que el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto ha negado, a pesar de un informe sobre el tema entregado por el alto comisionado en 2015.
La lucha por la presentación de los desaparecidos comenzó en México hace 40 años en el contexto de la denominada «Guerra Sucia» contra rebeldes de izquierdas, cuando 80 mujeres comenzaron protestar en el atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, por la presentación de sus hijos . (Sputnik)
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