Expresidente boliviano dice que no devolverá dinero pagado a minera chilena
El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2004), quien enfrenta los primeros procedimientos de un juicio de responsabilidades, rechazó este lunes la posibilidad de devolver al Estado los 42,6 millones de dólares pagados a la minera chilena Quiborax por orden internacional.
Dos ministros, una exministra y el procurador general «son los que deben ser llevados a juicio de repetición de carácter civil para responder por ese dinero», dijo Mesa, el potencial principal rival del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019, en una declaración a radio Panamericana.
El expresidente hizo la declaración al día siguiente de que el ministro de Economía, Mario Guillén, dijera a medios estatales que el objetivo final del juicio de responsabilidades planteado contra Mesa es que éste devuelva al Estado el dinero pagado a Quiborax en cumplimiento del fallo de un tribunal arbitral.
Ese fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial, castigó a Bolivia al cabo de 14 años de un proceso iniciado por Quiborax en respuesta a un decreto de Mesa de 2004 que revirtió al Estado las concesiones de explotación de esa empresa en el salar de Uyuni.
Hecho el pago a principios de junio, la Procuraduría General del Estado pidió la apertura de un juicio de responsabilidades contra Mesa, que recibió ya el visto bueno de la Fiscalía General y está ahora en consideración del Tribunal Supremo antes de que la Asamblea Legislativa lo autorice formalmente.
Mesa sindicó como responsables de la derrota en el CIADI y del pago a Quiborax a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro; a la exministra de Defensa Legal del Estado, Elisabeth Arismendi, y al procurador general, Pablo Menacho.
Ellos son «los únicos responsables de esta barbaridad, que han cometido delitos de complicidad con abogados chilenos, que han tomado decisiones que corresponden al poder Judicial», afirmó.
Insistió en que la derrota de Bolivia en el CIADI, por el caso Quiborax, no fue causada por su decreto de 2004 sino por la «mala defensa» que habría hecho el actual Gobierno.
El ministro Guillén, dijo, en su declaración del domingo, que al margen de las responsabilidades políticas el proceso contra Mesa «va justamente hacia la recuperación de esos 42 millones» de dólares pagados el mes pasado como resarcimiento a Quiborax.
«El expresidente Mesa no ha seguido lo que él mismo ha hecho aprobar en sus normas, tenía que hacer unas auditorías, tenía que seguir unos pasos para hacer esta reversión y no lo ha hecho, es producto de eso que hemos tenido un fallo en contra y obviamente tenemos que tomar las medidas necesarias para también repetirle a quien nos ha causado este daño», afirmó Guillén.
Mesa, quien se ha negado a declarar ante la Fiscalía en la investigación preliminar del caso, ha presentado ya media docena de memoriales al Tribunal Supremo pidiendo que el juicio no sea abierto formalmente y que por el contrario se inicie proceso contra miembros del Gobierno de Morales.
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