Mauricio Daza: Jorge Abbott, un fiscal Ad-Hoc
La conducta del fiscal nacional Público demuestra en forma patente que no tiene el liderazgo, la consistencia, ni menos la credibilidad para estar a la cabeza del Ministerio Público durante los 6 años que le quedan.
Por Mauricio Daza Carrasco*
Durante los últimos días han recrudecido los cuestionamientos al fiscal nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, a partir de una serie de hechos graves. Es así como en la más reciente cuenta pública de la institución, al tratar acerca de las investigaciones relativas a delitos de corrupción, Abbott sostuvo que “los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”. Para apaciguar las justificadas críticas que provocaron estos dichos, Abbott salió a defenderse en sendas entrevistas, donde lejos de lograr su objetivo, reveló nuevos antecedentes que ampliaron y profundizaron tales cuestionamientos.
Es así como confesó que antes de ser ratificado como fiscal nacional, sostuvo una reunión privada con el entonces senador UDI Hernán Larraín, en la oficina del abogado del caso Caval, Mario Zumelzu. Sobre la participación de este último, Abbott explicó que no debía causar extrañeza, toda vez que se trataba de un “amigo personal de toda la vida”. Es del caso que dicha circunstancia que nunca fue dada a conocer cuando hace algunos años tuvo bajo su dirección una causa criminal donde Zulmelzu era el abogado defensor de la ex diputada Claudia Nogueira, quien fue formalizada por delitos de fraude al fisco, y la cual concluyó de una manera que suena familiar, a partir de lo sucedido con Iván Moreira en el caso SQM: suspensión condicional, sin reconocer ningún hecho, a cambio del pago de 30 millones de pesos, con facilidades. Cabe destacar que tener un vínculo de amistad o familiaridad con un interviniente es una causal legal de inhabilidad para los fiscales, la cual, en todo evento, se debe comunicar a los intervinientes del caso; cosa que no ocurrió en la especie, en un contexto donde el Consejo de Defensa del Estado actuó como querellante.
Asimismo, se reveló una reunión en la Fiscalía Nacional solicitada por el Senador Hernán Larraín donde se trató la situación del entonces acusado en el caso Penta, Iván Moreira, y que habría tenido por objeto el manifestarle la necesidad de que se “agilizara” la causa, bajo un argumento sospechosamente similar al que enunció Abbott en su última cuenta pública: no se deben afectar los quórums parlamentarios. El problema más evidente de esta reunión es que Abbott declaró reiterada y formalmente ante el Senado durante el proceso de ratificación de su nominación como fiscal nacional, que se encontraba “inhabilitado” de intervenir en el caso Penta, aludiendo a que en ese entonces el presidente del Banco Penta era su primo hermano, Alfredo Moreno Charme. Por otra parte, la reunión tenía por objeto influir en una investigación que no se encontraba a su cargo, existiendo prohibición legal expresa para el fiscal nacional de dar instrucciones en una causa llevada por otro fiscal. Además, el senador Larraín no era parte del caso Penta, y el problema que pretendía manifestarle a Abbott sobre la dilación de causas con imputados que perdieron su fuero y que tienen cargos de presentación popular, se encuentra resuelto expresamente en nuestra legislación, ya que el articulo 420 del Código Procesal Penal establece plazos especiales y muy breves para que se lleve a cabo el respectivo juicio oral, señalándose que el instar a su cumplimento le corresponde únicamente al imputado afectado.
Finalmente, se ha revelado que los abogados de los imputados Patricio Contesse y Santiago Valdez se reunieron en audiencia con Abbott a fin de solicitar que el caso Penta se agrupara al caso SQM, lo que en ese momento significaba sacar a los fiscales Gajardo y Norabuena para dejarlo todo a cargo del fiscal que dirige la indagación en contra de la empresa de Julio Ponce Lerou, Pablo Gómez Niada. Lejos de hacer efectiva su inhabilidad, Abbott solicitó un informe a quienes estaban a cargo de estas causas, y tomó una resolución sobre esta materia, negando la agrupación. Finalmente, esto último no tuvo importancia, ya que al poco tiempo el caso Penta se comenzó a desarmar por las decisiones del fiscal Manuel Guerra, lo que gatilló la renuncia de Gajardo y Norambuena a la Fiscalía.
Como se puede apreciar, la conducta de Jorge Abbott demuestra en forma patente que no tiene el liderazgo, la consistencia, ni menos la credibilidad para estar a la cabeza del Ministerio Público durante los 6 años que le quedan, sobre todo si se considera que a todo lo señalado se suman las denuncias por graves deficiencias materiales y de gestión a fin de atender las necesidades mínimas de fiscales y funcionarios para que la institución pueda cumplir adecuadamente con su función constitucional. Claro que nada de esto importa mucho, si se acepta la muy probable hipótesis que finalmente estaríamos frente a una suerte de “fiscal ad-hoc”, puesto y mandatado por el poder político para salvarlos de una avalancha, la cual parece contenida, por ahora…
*Abogado. Magister en Derecho Penal y Procesal Penal.
