Mauricio Daza: Omertá
Contesse aparece entregando a un par de personas que hoy son irrelevantes en la gestión del poder, a cambio de un acuerdo que le garantice impunidad a él y al resto de los implicados.
Por Mauricio Daza Carrasco*
Hace algunos días se reveló el contenido de las declaraciones de Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y hombre de confianza histórico de Julio Ponce Lerou. Si bien la atención se ha centrado en lo que dijo sobre Marco Enríquez Ominami, la declaración en fiscalía de Contesse, resulta más significativa por lo que no dice.
Sobre lo que dice, no resulta verosímil su versión en cuanto a que él decidió por sí solo pagos ilegales a campañas políticas, ejecutándolos sin informar a nadie. Son bien conocidos los esfuerzos desplegados por Ponce Lerou para controlar SQM de manera férrea durante los últimos años, colocando a personas de su entera confianza a cargo de su administración. Pensar que en dicho contexto su gerente habría destinado para tales efectos 10 millones de dólares al año, según valoración que propio Contesse hace, resulta a lo menos dudoso.
Por otra parte, impresiona la desidia con la que explica sus motivos para realizar los referidos “aportes”: le parecía que la ley estaba mal, entonces decidió hacerlo a su manera. Si bien lo anterior podría resumir lo que para muchos es el lema de una parte importante de los grupos económicos que controlan los principales mercados de nuestro país, no resulta plausible que una decisión de esa relevancia la tomara el gerente de SQM por sí mismo bajo ese argumento.
En cuanto a Enríquez-Ominami, la revelación de que él le habría solicitado directamente financiamiento para su campaña política a través de la triangulación de facturas falsas, no resulta una sorpresa, si se consideran los demás antecedentes que ya existen en la investigación, tales como correos electrónicos e información contable. Sin embargo, lo más llamativo es su negativa para hablar sobre el ex senador PS Carlos Ominami y el ex diputado DC Roberto León, sumado a su silencio con relación al financiamiento ilegal que habría efectuado SQM a las candidaturas de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, además de los aportes que se han imputado respecto de Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, Pablo Longueira, entre otros. Lo anterior se puede interpretar como una señal clara de que no está dispuesto a revelar, por ahora, toda la trama de vínculos entre la empresa de Ponce Lerou y nuestra “clase política”; lo que también implica una suerte de amenaza implícita a una parte importante de la misma.
En todo caso, esta declaración es consistente con los evidentes esfuerzos del fiscal Pablo Gómez Niada de poder una lápida al caso SQM cuanto antes, impidiendo que se establezca toda la verdad de lo sucedido respecto del caso de corrupción más importante que haya investigado el Ministerio Público. En este contexto adquiere fuerza la hipótesis de que la declaración de Contesse es sólo un trámite para viabilizar una salida alternativa rápida, justificando una “colaboración sustancial” con la investigación, por la vía de revelar información incriminatoria en contra de un ex candidato presidencial, quien hoy no vale mucho en el actual escenario político de nuestro país, y respecto de un exsenador fallecido, como Adolfo Zaldívar.
Sin embargo, si se analiza con más detalle, lo más impresentable de esta diligencia es la conducta del fiscal a cargo del caso SQM. Es así como Contesse declaró que “mis abogados me han señalado que, a lo menos, hay 45 otras empresas que están en esta misma situación”, aludiendo al pago de aportes políticos a través de facturas falsas. Ante esto, el fiscal ni siquiera le preguntó cuales serían esas empresas, lo que más allá de atentar en contra del sentido común, resulta significativo si se considera que dentro de los abogados a los que refiere Contesse se encuentra Samuel Donoso, quien era miembro de la directiva del PPD cuando Carolina Tohá presidia ese partido, en la misma época en que habrían recibido aportes ilegales de la minera para el financiamiento de su gasto corriente; denuncia que Gómez Niada nunca investigó efectivamente. Tampoco lo hizo respecto de Rodrigo Peñailillo, hombre clave de la ultima campaña de Bachelet, quien como ministro del Interior habría enviado al propio Donoso con el fin de presionar en dependencias del ministerio de Hacienda al entonces director y subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, para que no siguieran indagando a SQM.
En definitiva, Contesse aparece entregando a un par de personas que hoy son irrelevantes en la gestión del poder en nuestro país, a cambio de un acuerdo que le garantice impunidad a él y al resto de los implicados; en un país que, desde hace un buen tiempo, ha normalizado la impunidad.
*Abogado. Magíster Derecho Penal y Procesal Penal
