Renato Garín: Gobernar por decreto (o reglamento)
Gobernar por decreto o reglamento se ha ido volviendo una tendencia desde el año 2006 a la fecha, cuando el Ejecutivo abandonó la llamada reserva “absoluta” de ley.
Por Renato Garín González*
Se habla sobre la modernización del Estado. Lo escuchamos en las radios, lo vemos en los debates televisivos, se lee en las columnas de opinión. Sin ir más lejos, a mitad de marzo, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó un extenso volumen sobre la materia. Los presentadores, para hacer notar la importancia del tópico, fueron dos ministros del actual gobierno de Piñera. En ese contexto, donde estamos debatiendo sobre cómo y por qué reformar el Estado, debemos también preguntarnos acerca de las enormes potestades con que cuenta el Poder Ejecutivo y la manera en que esas facultades se ejercen.
Un ejemplo de esto es la denominada “Potestad Reglamentaria” contenida en el artículo 32 nº6 de la Constitución. En base a esta norma, el Poder Ejecutivo emite los decretos y reglamentos que informan y complementan las leyes. Pese a la letra de la norma, el ejercicio de esta potestad se ha vuelto una Caja de Pandora que crece y se expande en el universo jurídico de la mano de la voluntad de cada Presidente. Gobernar por decreto o reglamento se ha ido volviendo una tendencia desde el año 2006 a la fecha, cuando el Ejecutivo abandonó la llamada reserva “absoluta” de ley. Esta doctrina establece, en simple, que cualquier regulación que toque derechos de las personas debe realizarse por ley. Según su tesis opuest, la reserva “relativa” de ley, los decretos y reglamentos sí pueden tocar los derechos fundamentales. En base a esta tesis, la potestad reglamentaria se ha expandido sin control.
Materias tan disímiles como la ley “cholito”, sobre mascotas y cuidado animal, la ley sobre cannabis medicinal, la ley de aborto en tres causales, las leyes sobre reforma educacional, todas se tocan en un punto común: remiten a gran cantidad de reglamentos y decretos para ser puestas en marcha. Por ende, el Ejecutivo actual tiene gran discrecionalidad para poner en ejecución las reformas que tocan derechos de las personas.
Del mismo modo, se debe leer agudamente el programa de Piñera. En varias materias se puede observar que el programa remite no a leyes, sino a otros estándares jurídicos como reglamentos y decretos. Así las cosas, cabe preguntarse si la potestad reglamentaria seguirá estirándose en el espacio jurídico. La profecía parece lanzada: Llegará un día en que se gobierne por decreto (o reglamento).
*Diputado RD (distrito 14)
