América Latina: ¿región de incertidumbres?*
Los efectos colaterales de la Empresa Constructora brasileña ODEBRECHT, y de la constructora multinacional brasileña OAS, siguen en la palestra del debate político-judicial en algunos países de la región.
Por Jaime Ensignia*
El reciente Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) “Perspectivas para la economía mundial”, del 16 de abril de 2018, sitúa el crecimiento de los principales países de América Latina y el Caribe (ALyC) con los siguientes porcentajes para los años 2018 y 2019: México, 2,3% y 3,0%; Colombia, 2,7% y 3,3%; Venezuela, -15,0% y -6.0%; Ecuador, 2,5% y 2,2% en el 2019; Perú, 3,7% y 4,0%; Chile, 3,4% y 3,3%; Bolivia, 4,0% y 3,8%; Paraguay, 4,5% y 4,1%; Brasil, 2,3% y 2,5%; Uruguay, 3,4% y 3,1%. Finalmente Argentina: 2,0% y 3,2%.
La región crece a excepción de Venezuela y los países que más lo hacen en el 2018 en ALyC son Bolivia con un 4,0% y Paraguay con un 4,5%. En términos de regiones del mundo, el pronóstico del FMI es que: Unión Europea crece en el 2018 en un 2,5% y en el 2019 en un 2,1%; economías desarrolladas, crecen en un 2,5% en el 2018 y un 2,2% en el 2019; economías emergentes, en el 2018 en un 4,9% y en el 2018 en un 5,1%; ALyC, con un crecimiento del 2,0% en el 2018 y en el 2019 con un 2,8%. Proyección para la economía mundial, es decir, todos los continentes incluidos, es de 3,9% en el 2018 y 3,9% en el 2019.
Los efectos colaterales de la Empresa Constructora brasileña ODEBRECHT, y de la constructora multinacional brasileña OAS, siguen en la palestra del debate político-judicial en algunos países de la región.
Una investigación de casos de corrupción en 12 países de África y América Latina entregó información de que estas empresas brasileñas han sobornado a altas autoridades políticas y de gobierno con el objetivo de obtener beneficios y licitaciones.
Este escándalo de corrupción ha alcanzado a una buena cantidad de funcionarios, ex autoridades de gobierno y también a personalidades políticas en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, EEUU, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, Chile y Brasil. Una de las últimas víctimas de estos sobornos, ha sido el ex presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quién presentó su dimisión previo a la sesión del parlamento peruano, que exigía su destitución por segunda vez. Recordemos que PPK estuvo a punto de ser destituido en una primera interpelación parlamentaria y fue socorrido por votos de una fracción parlamentaria del fujimorismo. Otras personalidades políticas que están con problemas similares a los de PPK -en el caso peruano- son los ex presidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
La salida de PPK de la presidencia y la asunción de Martín Vizcarra como el nuevo presidente del Perú se convierte en un enorme desafío para la sociedad peruana de dejar atrás todo estos actos de corrupción, de falta a la probidad, y de mala gestión gubernamental.
En Brasil, la persecución judicial del juez Sérgio Moro, que lleva la causa del Lava Jato ha puesto en la cárcel al el ex presidente Lula Da Silva, acusándolo de haber recibido un departamento triplex de lujo en la zona costera de Guarujá. Pese a no haber pruebas concretas de este supuesto regalo de la empresa constructora OAS a Lula da Silva, la justicia brasileña y en particular la acción desmedida del juez Moro, el ex presidente ha sido condenado a 12 años de prisión. Con esto, Lula da Silva, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), se encontraría inhabilitado políticamente para ser candidato presidencial en las elecciones de octubre próximo. Habría que señalar, que Lula encabeza la intención de voto con más de un 31% de las preferencias de los brasileñ@s.
Causa extrañeza en la opinión pública interna y externa en el análisis del caso brasileño, de que la justicia y los fiscales no actúan con la misma “profesionalidad” como lo hace el juez Moro, en relación a casos comprobados de corrupción del actual presidente de Brasil, Michel Temer y una importante cantidad de congresistas que tienen procesos de cohecho y de financiamiento ilegal de sus campañas electorales. Estará por verse, si Lula y el PT logran mantener e inscribir la candidatura del ex presidente de Brasil para los próximos comicios presidenciales. Sin lugar a dudas, el llamado caso ODEBRECHT, OAS y otros actos de corrupción, están causando un enorme daño político a las democracias latinoamericanas. Al igual que el tema de la corrupción en la política, el tema de los DDHH moviliza de forma importante la opinión pública de los latinoamericanos y, ahí vemos los casos de Venezuela, Honduras y recientemente, la brutal represión a los estudiantes y al movimiento social por el tema de los recortes de la seguridad social, que lleva a cabo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
En Bolivia, el presidente Evo Morales recibe un importante revés en las elecciones judiciales realizadas durante el 3 de diciembre de 2017. La oposición a Morales llamó a votar nulo en estos comicios, en donde 6,4 millones de bolivian@s estaban habilitados a votar. Más del 50% de la población votó nulo y, si a esta cifra, según analistas, se le suman los votos blancos, que dan un 15%, cerca de un 70% estaría manifestando su oposición al presidente Morales. Estos resultados son interpretados por la oposición como un claro rechazo a la reelección del presidente Morales. El presidente Morales, pese a este revés, insiste en ser candidato presidencial en los comicios del 2019, puesto que el Tribunal Constitucional (TCB) de este país, le había entregado vía libre para presentarse a esta nueva candidatura. Esta resolución del TCB hacía caso omiso al Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016, en donde se llamaba a la aprobación o rechazo para permitir la reelección del presidente y vicepresidente. El 51% votó rechazando la reelección de Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera. Se prevé, que Bolivia vivirá momentos de crispación política y social en los próximos tiempos como producto de estos acontecimientos y decisiones políticas de la reelección de Morales y García Linera.
Argentina. La reciente undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), organización integrada por más 164 países los cuales representan el 95% del intercambio comercial mundial, se reunió en Buenos Aires entre los días 10 y 13 de diciembre. Para el gobierno de Macri, esta conferencia era la puesta en escena de su administración a nivel internacional y fue preparada con mucha meticulosidad para que todo saliera exitosamente. Como es habitual y, sobre todo en una nación como la Argentina, la sociedad civil, partidos políticos opositores al gobierno y los sindicatos se tomaron las calles en protesta a esta reunión de la OMC. En la misma cita, objetivos planteados de promover el libre cambio, facilitar acuerdos comerciales y resolver litigios entre sus países miembros, se vio empañada por el debate provocado por la representación norteamericana de defensa del proteccionismo versus el libre comercio. El representante de los EEUU, Robert Lighthizer sostuvo que la OMC no cumplía adecuadamente su misión, criticando que el enfoque de libre mercado de esta organización y abogando por relaciones y acuerdos bilaterales y no multilaterales. Esta cuestión enfrentó fuertemente a los representantes de los EEUU y demás países, liderados por la República Popular China. Por otro lado se esperaba que en esta reunión se pudiese cerrar el Tratado Unión Europea – MERCOSUR, el cual, sin embargo, nuevamente fue postergado.
El controvertido proyecto de Reforma del Sistema de Pensiones presentado por el ejecutivo argentino fue aprobado por 128 votos a favor contra 116 en contra, este proyecto busca modificar la fórmula de los reajustes semestrales de las pensiones. Esta modificación es vista por la oposición como una de las formas de reducir drásticamente las pensiones, puesto que el próximo reajuste de las pensiones bajaría de un 13% a un 5,7% y se promovería que la edad de jubilación en el sector privado sea aplazada hasta los 70 años, aunque no obligatoriamente.
Esta reforma ha sido fuertemente rechazada por la oposición política y social con masivas y, violentas manifestaciones de la sociedad civil promovidas por las centrales sindicales argentinas, con cacerolazos, marchas y oros tipos de manifestaciones de la sociedad civil en la gran mayoría de las grandes ciudades. Ya, en el primer trimestre del año, el gobierno de Macri, ha tenido que enfrentarse a sectores sindicales importantes, como lo son el gremio de los profesores y el de los trabajadores bancarios por el tema de las paritarias y el de la inflación. El actual gobierno no logra poder enfrentar de manera óptima la inflación y los precios que afectan a importantes sectores de la sociedad argentina –particularmente de las clases medias y pensionados- ni tampoco logra atraer la inversión extranjera, asuntos sobre los cuales, el presidente Macri, quiso distanciarse cualitativamente de la administración de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Especialistas auguran, que se está dando inicio a un ciclo de protestas políticas y sociales de envergadura para el transcurso del año 2018.
En Chile el sorprendente y categórico triunfo del ex Presidente, Sebastián Piñera, sitúa al nuevo gobierno chileno -según analistas internacionales- en el espectro de los gobiernos de derecha en la región. En este sentido se habla del fortalecimiento del denominado giro a la derecha, iniciado el 2015 con el gobierno argentino de Mauricio Macri, luego Temer, Santos, el nuevo gobierno de Paraguay y otras administraciones. No dejará de ser importante, la posición que adoptará el próximo gobierno del Presidente Piñera en relación a los sensibles problemas de algunos países de la región, como por ejemplo, acerca de la grave situación política, económica, social y humanitaria de Venezuela. O bien, como lo ha hecho en el caso de UNASUR, que junto a los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Colombia han decidido suspender su participación en este organismo regional.
Chile y Bolivia siguen enfrascados en los alegatos orales a propósito por la demanda entablada por de Bolivia en 2013, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Bolivia demandó a que Chile se siente a negociar un acceso al mar y no lo demandó para obtener una salida inmediata y soberana al mar. Por cuanto, es necesario comprender que esta demansa de Bolivia no es juicio de reivindicación marítima, ni es una demanda marítima, ni menos de soberanía territorial. Es un juicio por supuesta obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico. Los alegatos ya terminaron, y ahora son los jueces de La Haya los que están conminados a entregar su veredicto. La labor de los jueces puede durar 6 o más meses. Cuáles son los escenarios posibles de esta demanda:
El mejor escenario para Chile y el peor para Bolivia serian:
1) Que la CIJ estime que no hay ninguna obligación alguna de negociar,
2) Qué reconociendo la CIJ la existencia de esta obligación, estime que Chile ya la cumplió.
El peor escenario para Chile y e mejor para Bolivia:
1) Qué la CIJ estime que Chile adquirió la obligación de negociar y que no ha cumplido.
2) En el peor escenario, Bolivia no está más cerca (ni más lejos) de tener una salida soberana al mar.
3) Esto dependerá de la negociación y acuerdos de las partes –como ha sido siempre- según normas del Derecho Internacional (Ver: www.ladiscusion.cl “Bolivia se ha planteado como víctima”,2018-03-25, Paulina Astroza).
*Jaime Ensignia, sociólogo, Dr. en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre de Berlín. Fue director sociopolítico de la Fundación Friedrich Ebert en Chile (1994-2014). Director del Área Internacional de la Fundación Chile 21. Colaborador del Barómetro de Política y Equidad.
