Pantallazos de América Latina
Escándalos de corrupción, el crecimiento que anuncia la Cepal y el sello derechista de algunos gobiernos, son parte del análisis obligado que se hace de la región con vista al año que se inicia.
Por Jaime Ensignia*
La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ALyC), presentó su “Balance Preliminar de las Economías de ALyC, 2017”.
Parte importante de este informe es la estimación del crecimiento de los países de la región, destacándose, que América del Sur crecerá del 0,8% (2017) a un 2,0% (2018); América Central y México pasarán del 2,5% (2017) al 2,7% (2018); el Caribe lo hará del 0,1% (2017) al 1,5% (2018). Resumiendo, en términos globales la región ALyC tendrá un aumento del 1,3% (2017) a un 2,2% para el 2018. Para América del Sur, las proyecciones del 2018 se estiman de la siguiente forma: Bolivia y Paraguay tendrán un crecimiento del 4%; Perú de un 3,5%; Uruguay del 3,2%; Argentina de un 3%; Chile con un 2,8%; Colombia un 2,6% y Brasil un 2%. La economía Venezolana tendrá un crecimiento negativo de un -5,5% (2018). En el 2017 fue de un -9,5%.
La Empresa Constructora brasileña ODEBRECHT, sigue dando noticias en el ámbito de la corrupción de gobiernos y de personalidades políticas de nuestro continente.
Una reciente investigación de casos de corrupción en 12 países de África y América Latina entregó información de que esta empresa brasileña coimeo y sobornos a altas autoridades políticas y de gobierno con el objetivo de obtener beneficios y licitaciones.
Este escándalo de corrupción ha alcanzado a una buena cantidad de funcionarios, ex autoridades de gobierno y también a personalidades políticas en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, EEUU, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil. Dentro de los connotados políticos de América del Sur se encuentran: el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que estuvo a punto de ser destituido; los ex mandatarios Ollanta Humala y Alejandro Toledo; el ex vice presidente del Ecuador, Jorge Glas; Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela; son indagados y condenados por la justicia brasileña, los ex jefes de Estado, Lula Da Silva y Dilma Rousseff, y actual presidente de ese país, Michel Temer y muchos otros funcionarios de su gobierno y del parlamento como el ex titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Sin lugar a dudas, el llamado caso ODEBRECHT, está causando un enorme daño político a las democracias latinoamericanas.
Perú, es precisamente en este país, en donde el caso ODEBRECHT está causando una víctima importante, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Hace unas semanas, más de 93 congresistas apoyaron una moción de censura y destitución del mandatario. Se lo acusó de haber recibido de esta empresa brasileña, unos 5 millones de dólares destinados a dos empresas ligadas a PPK. La moción de censura no fue aprobada por el congreso, PPK en la negociación por mantenerse en el gobierno con un sector de la bancada fujimorista, accedió al indulto de ex presidente Alberto Fujimori, condenado éste, por crímenes de lesa humanidad durante su mandato presidencial (1990-2000). Esta situación conmociona a la sociedad peruana, polariza e irrita a los actores políticos y sociales que luchan contra la impunidad de aquellos condenados por violaciones de los DDHH. Si ya, previo a la llamada vacancia del cargo de PPK como presidente del Perú, sondeos y encuestas dadas a conocer señalaban que más del 57% de los peruanos desean que PPK deje el gobierno, hoy luego del indulto a Fujimori la opinión de la sociedad peruana de que el presidente Kuczynski renuncie ha aumentado considerablemente. Habría que añadir que este indulto al ex dictador Fujimori se ha convertido en el tema central más comentado y debatido en los más diversos círculos de DDHH, políticos, sociales y académicos de América Latina. Al igual que el tema de la corrupción en la política, el de los DDHH moviliza de forma importante la opinión pública de los latinoamericanos.
En Bolivia, el presidente Evo Morales recibe un importante revés en las elecciones judiciales realizadas recientemente. La oposición a Morales llamó a votar nulo en estos comicios, en donde 6,4 millones de bolivianos estaban habilitados a votar. Más del 50% de la población votó nulo y, si a esta cifra, según analistas, se le suman los sufragios blancos, que dan un 15%, cerca de un 70% estaría manifestando su rechazo al presidente Morales. Estos resultados son interpretados por la oposición como una clara resistencia a la reelección del mandatario. El presidente Morales, pese a este revés, insiste en ser candidato en los comicios del 2019, puesto que el Tribunal Constitucional (TCB) de este país, le había entregado vía libre para presentarse. Esta resolución del TCB hizo caso omiso al Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016, en donde se convocó a la aprobación o rechazo para permitir la reelección del presidente y vicepresidente, donde más del 51% votó rechazando la reelección de Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera. Se prevé, que Bolivia vivirá momentos de crispación política y social en los próximos tiempos como producto de estos acontecimientos y decisiones políticas de la reelección de Morales y García Linera.
Argentina, a una semana de asumir como senadora la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), el juez Bonadío solicitó retirarle la inmunidad parlamentaria con el objetivo de poder detenerla y procesarla por el caso de encubrimiento de iraníes acusados del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. CFK ha acusado al presidente Mauricio Macri de llevar a cabo una persecución política a la oposición y particularmente a miembros de su pasada administración. La reciente undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), organización integrada por más 164 países los cuales representan el 95% del intercambio comercial mundial, se reunió en Buenos Aires entre los días 10 y 13 de diciembre pasado. Para el gobierno de Macri, esta conferencia era la puesta en escena de su administración a nivel internacional y fue preparada con mucha meticulosidad para que todo saliera exitosamente. Como es habitual y, sobre todo en una nación como la Argentina, la sociedad civil, partidos políticos opositores al gobierno y los sindicatos se tomaron las calles en protesta a esta reunión de la OMC. En la misma reunión, objetivos planteados de promover el libre cambio, facilitar acuerdos comerciales y resolver litigios entre sus países miembros, se vio empañada por el debate provocado por la representación norteamericana de defensa del proteccionismo versus el libre comercio. El representante de EEUU, Robert Lighthizer sostuvo que la OMC no cumplía adecuadamente su misión, criticando que el enfoque de libre mercado de esta organización y abogando por relaciones y acuerdos bilaterales y no multilaterales. Esta cuestión enfrentó fuertemente a los representantes estadounidenses y demás países, liderados por la República Popular China. Por otro lado, se esperaba que en esta reunión se pudiese cerrar el Tratado Unión Europea – MERCOSUR, el cual, sin embargo, nuevamente fue postergado.
Por otro lado, el controvertido proyecto de Reforma del Sistema de Pensiones presentado por el gobierno de Macri fue aprobado por 128 votos a favor contra 116 en contra. Este proyecto, que busca modificar la fórmula de los reajustes semestrales de las pensiones, es visto por la oposición como una de las formas de reducir drásticamente las pensiones, puesto que el próximo reajuste bajaría de un 13% a un 5,7% y se promovería que la edad de jubilación en el sector privado sea aplazada hasta los 70 años, aunque no obligatoriamente.
Esta reforma ha sido fuertemente rechazada por la oposición política y social con masivas -y violentas- manifestaciones de la sociedad civil promovidas por las centrales sindicales argentinas, con cacerolazos y marchas. Pese a la aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados, especialistas auguran que se está dando inicio a un ciclo de protestas políticas y sociales de envergadura.
En Chile, el sorprendente y categórico triunfo del ex presidente, Sebastián Piñera que logra un 54,57% contra un 45,43% de su contendor, el senador Alejandro Guillier en las elecciones presidenciales del pasado 17 de diciembre, sitúan al nuevo gobierno -según analistas internacionales- en el espectro de ejecutivos de derecha en la región. En este sentido se habla del fortalecimiento del denominado giro a la derecha, iniciado el 2015 con el gobierno argentino de Mauricio Macri, luego Temer en Brasil, PPK y otras administraciones. No dejará de ser importante, la posición que adoptará el próximo gobierno del Presidente Piñera en relación a los sensibles problemas de algunos países de la región, como por ejemplo, acerca de la grave situación política, económica, social y humanitaria de Venezuela. O bien, como se reaccionará frente al litigio de Chile con Bolivia en cuanto al veredicto que emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
*Jaime Ensignia, sociólogo, Dr. en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre de Berlín. Fue director sociopolítico de la Fundación Friedrich Ebert en Chile (1994-2014). Director del Área Internacional de la Fundación Chile 21. Colaborador del Barómetro de Política y Equidad.
