Mauricio Daza: SQM, pagar y zafar

Con este vergonzoso acuerdo, al cual se opone con justa razón el CDE, se envía el contundente mensaje a nuestro empresariado: sobornar reiteradamente a un alto funcionario público es un tremendo negocio.

Por Mauricio Daza Carrasco*

El Fiscal Pablo Gómez Niada, a cargo de investigar la denominada arista SQM por pagos de dicha empresa a diversos personeros políticos de todos los sectores, ha informado que le hizo una oferta a SQM para poner término anticipado a la investigación criminal que debe enfrentar como persona jurídica, la cual tiene como base delitos de cohecho. Dicha imputación sostiene que Pablo Longueira, primero como senador y después ministro de Economía, habría realizado gestiones a fin de garantizar que la empresa accediera a un régimen tributario más favorable hecho a su medida, a cambio de sobornos de la minera.

A diferencia de lo que el fiscal ha tratado de explicar públicamente, esta oferta atenta gravemente en contra del interés público. Se sostiene que el monto de 3,8 millones de dólares que pagaría SQM sería mucho mayor a lo que eventualmente se podría obtener en un juicio, lo cual implica no entender los efectos derivados de una condena por cohecho para la empresa, los que van más allá de las sanciones que se impongan directamente en la sentencia. En la práctica, la empresa condenada no podría acceder a múltiples fuentes de financiamiento internacional, además de verse limitada para participar en licitaciones y contratación, especialmente en países de la OCDE. Lo anterior, ya que tanto en las normas de compliance empresarial como en las bases para efectuar licitaciones o convenios con empresas públicas y privadas extranjeras, normalmente se exige que quien pretenda concursar o contratar no haya recibido condenas por delitos graves, tales como el cohecho. Lo anterior, sumado al daño reputacional, determina que una condena importaría una sanción real y efectiva, la cual es económicamente mayor a la precaria multa que se propone, y cuyo valor equivale a una fracción de las operaciones diarias de SQM.

Por otra parte, no se explica por qué el fiscal descarta aplicar otras sanciones que vayan más allá de la multa, tales como la prohibición de contratar con el Estado, además de la perdida de beneficios fiscales y la imposibilidad de poder recibirlos a futuro. La justificación pública que se ha dado es que SQM no es proveedor de bienes y servicios del Estado, lo cual en parte alguna de la ley se establece como requisito para aplicar las referidas sanciones. Además, tiene pleno sentido impedir que la minera se siga beneficiando a futuro del régimen tributario obtenido a partir del delito que se le imputa, el cual no se toca con la oferta del fiscal.

Si lo anterior no fuera poco, Gómez Niada ha afirmado que la empresa seria inimputable por contar con un “modelo de prevención” para la comisión de delitos contemplados en la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, no obstante resulta evidente que ese supuesto mecanismo, a cargo de Patricio Contesse, era un modelo de papel que no cumple en caso alguno con el estándar mínimo de consistencia y seriedad exigido por nuestra legislación para otorgarle algún efecto jurídico. 

Con este vergonzoso acuerdo, al cual se opone con justa razón el Consejo de Defensa del Estado, se envía el contundente mensaje a nuestro empresariado: sobornar reiteradamente a un alto funcionario público es un tremendo negocio, ya que en el caso extremo que sean descubiertos, podrán garantizarse impunidad a partir del pago de una multa de bagatela en relación a sus utilidades, manteniendo los beneficios derivados de su delito.

La oferta de Gómez Niada a SQM y la apología pública que ha hecho del mismo, no sólo constituye uno de los episodios más vergonzosos y deplorables en la corta vida del Ministerio Público, sino que además pone en evidencia el doble estándar y la precariedad institucional que vivimos, donde en ciertos casos no se duda en colocar el interés privado por sobre el interés público comprometido en una investigación criminal por atentados reiterados y graves a la probidad; todo esto a vista y paciencia de una sociedad que está demasiado acostumbrada a tolerar estos abusos.

*Abogado. Magister en derecho penal y procesal penal.