Mauricio Daza: “Terrorismo” y populismo penal
Invocar la ley de conductas terroristas parece ser todavía políticamente redituable para algunos sectores.
Por Mauricio Daza Carrasco*
La reciente y contundente resolución de la sala penal de la Corte Suprema que acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa de los imputados en la denominada “Operación Huracán, ha puesto nuevamente en debate la aplicación de la ley de conductas terroristas. Si se analizan los datos sobre los resultados de procesos seguidos en nuestro país por delitos que han sido calificados como “terroristas”, podemos constatar que nos encontramos en el peor de los mundos: extensos procesos penales bajo una legislación que no cumple con los parámetros sustantivos mínimos de un debido proceso, los cuales terminan en sonados fracasos. Es así como más del 90% de los procesos penales en que se ha invocado esta ley y que han llegado a juicio oral, terminaron con absoluciones, no obstante que los imputados pasaron largos periodos en prisión preventiva.
Pero a pesar de constituir un medio de investigación manifiestamente ineficiente, el cual solo ha servido para subsidiar investigaciones mediocres, invocar la ley de conductas terroristas parece ser todavía políticamente redituable para algunos sectores. Lo anterior pone de manifiesto los problemas a que nos enfrentamos en esta materia.
El primero de ellos es el uso político-contingente de la ley de conductas terroristas, al ser utilizada reiteradamente como un elemento simbólico en el debate público, explotando la errónea idea de que delito terrorista es sinónimo de un ilícito extremadamente grave que causa conmoción pública; de manera tal que si no se le invoca indiscriminadamente en estos casos, la autoridad sería timorata en defender adecuadamente a la comunidad. Lo anterior no se hace cargo de que el terrorismo corresponde a una criminalidad que se da en forma muy excepcional, la cual exige, bajo los parámetros reconocidos internacionalmente, que sus autores tengan la voluntad precisa de causar miedo en la población, afectando o colocando en riesgo efectivo la plena vigencia de un estado democrático de derecho.
El segundo problema es la manifiesta falta de competencia de quienes están a cargo de estas investigaciones, siendo especialmente grave lo que ocurre con la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR), que ha liderado usualmente la indagación de estos hechos, la cual frente a cualquier fenómeno de criminalidad que va más allá de lo habitual formula una hipótesis pre establecida que intenta probar a toda costa: se tratan de miembros de movimientos subversivos quienes están infiltrando o usando a diversos grupos, que pueden ir desde estudiantes secundarios, comuneros mapuches, hasta anarquistas o veganos, según sea el caso. Esta práctica impide que exista un proceso objetivo en la recolección y análisis de las pruebas, que permita desarrollar líneas investigativas fundadas en hipótesis consistentes, las cuales sirvan para obtener resultados concretos y veraces. Por otra parte, los equipos de fiscales que están a cargo de dirigir estas investigaciones tampoco han demostrado contar con competencias suficientes, lo además se explica por un problema estructural, el cual consiste en que la definición de los cargos y tareas de mayor relevancia al interior el Ministerio Público se hace a partir de decisiones discrecionales del Fiscal Nacional de Turno y de su grupo más cercano, determinadas a partir de consideraciones de cercanía personal más que de mérito.
Como se puede apreciar, asumir seriamente esta materia exige la difícil tarea de enfrentarse con jefaturas y funcionarios de órganos de inteligencia policial, quienes han logrado subsistir y reproducirse durante largo tiempo y sin mayores problemas a pesar de no lograr resultados. Esto, además de la predecible oposición del Fiscal Nacional ante cualquier cambio real que altere su engañosa y conveniente noción de autonomía.
En el intertanto, seguiremos atrapados en un discurso propio del populismo penal, tratando de tapar la ineficiencia y abusos de quienes tienen a su cargo estas investigaciones, desviando el debate para evitar enfrentar los problemas de fondo; y el cual en el caso mapuche tiene un carácter eminentemente político y social, que no se solucionará con enfoque centrado en seguridad pública y la persecución criminal.
*Abogado. Magister en Derecho.
