Aborto en el TC: resultado satisfactorio, proceso lamentable
El TC demostró de manera manifiesta que actúa bajo la lógica de una tercera cámara, lo cual es inaceptable bajo los parámetros de un Estado Democrático de Derecho.
Por Mauricio Daza, abogado
La aprobación de la ley que descriminaliza el aborto en el Tribunal Constitucional (TC) puso término a un debate que ha dejado al descubierto algunas falencias de nuestra incipiente democracia.
Más allá de que el resultado ha sido satisfactorio, toda vez que finalmente se respetó una legitima mayoría alcanzada en ambas cámaras del Congreso, se pudo constatar de manera descarnada el bajo nivel del debate parlamentario a partir del cual los diversos sectores fundaron su posición en relación a este proyecto.
En estricto rigor este debate, como todos aquellos que se refieren a asuntos calificados como “valóricos”, se define a lo menos en dos niveles: en primer lugar, reconociendo cual es la posición personal que cada legislador tiene sobre la materia que se pretende regular, en este caso referido al comienzo de la vida humana y el ámbito de su protección, lo que en caso alguno constituye una verdad inmanente “revelada” a unos pocos, sino que se trata de una convicción que nace de una creencia religiosa o filosófica; y, en segundo lugar, estableciendo hasta qué punto se puede imponer esa convicción por medio de la ley a todos los miembros de la sociedad, especialmente a través de una amenaza de sanción penal.
Lamentablemente en esta oportunidad, lejos de intentar un análisis serio, se escucharon en el Congreso frases y recriminaciones básicas, las que dieron cuenta de la imposibilidad que tienen muchos parlamentarios de argumentar más allá de una lógica binaria, a partir de la cual quienes defienden la despenalización son asesinos de “niños no nacidos” que no se pueden defender; o por el contrario, quienes creen que existe una vida humana que debe ser amparada penalmente desde el momento de la fecundación, son misógenos que no respetan los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de quienes viven una situación límite.
Sin embargo, uno de los episodios más impresentables en el trámite que tuvo el proyecto de despenalización del aborto en tres causales fue el se que vivió en el TC, donde en jornadas maratónicas desarrolladas durante dos días, se recibieron 132 alegatos de representantes de un conjunto de organizaciones sociales y personas naturales, quienes expusieron sus argumentos libremente, fundados en su gran mayoría en toda clase de consideraciones extrajurídicas. Con esto, bajo el probable afán de legitimar su intervención y decisión sobre un asunto del alto interés publico, el Tribunal se apartó de manera inaceptable de su tarea institucional, la cual se debe enfocar en determinar a partir criterios jurídicos si un precepto normativo es contrario a la Constitución. Cabe destacar que en una democracia en forma, el lugar para recibir la opinión de los distintos interesados sobre un proyecto de ley es el Congreso, de manera tal que con este sin sentido el TC demostró de manera manifiesta que actúa bajo la lógica de una tercera cámara, lo cual es inaceptable bajo los parámetros de un Estado Democrático de Derecho, especialmente si se considera que se trata de una institución llamada a defender la vigencia de una Carta Fundamental con insuperables problemas de legitimidad, y cuyos miembros son designados mayoritariamente a partir de un impresentable cuoteo político.
A pesar de todo esto, se logró sacar adelante un proyecto que nos rescata del oscurantismo que existía en nuestro país sobre esta materia en comparación con la legislación internacional, donde solo el Vaticano, Malta, Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana establecen que el aborto en todo evento debe ser castigado con cárcel. De esta forma, el largo y sinuoso camino que recorrió el proyecto de despenalización del aborto nos debe servir para abrir un espacio de reflexión sobre el funcionamiento real de nuestras instituciones y cuáles son los cambios estructurales necesarios para garantizar el correcto desempeño de quienes las tienen a su cargo, resguardando debidamente la protección del interés general, en un contexto donde exista espacio para que las distintas creencias y visiones puedan convivir pacíficamente al interior de una sociedad diversa y tolerante, como la que muchos anhelamos.
*Magister en Derecho.
