Justicia… en la medida de lo conveniente…
El fiscal Abbott se ha mostrado como una autoridad que actúa de manera funcional a esa ‘justicia de clase’ que critica públicamente.
Por Mauricio Daza Carrasco*
Hace algunos meses el fiscal nacional Jorge Abbott denunciaba que se “están generando dos tipos de justicia: una para los que tienen recursos y otra para el ciudadano común”. Sin duda que estas palabras son fiel reflejo de una realidad preocupante que se arrastra desde hace largo tiempo, la cual se pone de manifiesto especialmente en los delitos de “cuello y corbata”, como en aquellos donde se encuentran imputadas personas vinculadas al poder político y empresarial de nuestro país. Lo sostenido por Abbott, sin embargo, resulta claramente inconsistente con los actos que ha realizado desde que asumió su cargo, después de un proceso de nominación que fue objeto de múltiples críticas y reproches, por su falta de rigurosidad y transparencia.
Desde una comentada entrevista, donde a pocas semanas de asumir señaló que las causas por “platas políticas” debían apurarse y acotarse, hasta su apoyo al cierre pactado con las defensas de imputados por actos de corrupción en investigaciones que estaban lejos de encontrarse agotadas, Abbott se ha mostrado como una autoridad que actúa de manera funcional a esa “justicia de clase” que critica públicamente.
En este contexto, se puede destacar a manera ejemplar, la reciente decisión de poner fin al proceso seguido en contra de Giorgio Martelli por delitos tributarios cometidos con ocasión del financiamiento ilícito de campañas de la Nueva Mayoría, a través de un juicio abreviado por medio del cual se pactó una pena de conveniencia que Martelli cumplirá en libertad. Con esta decisión no sólo se beneficia al imputado, a partir de un malabarismo procesal, sino que además se impide profundizar con una investigación que permita esclarecer la verdad de todo lo sucedido en relación a los aportes ilegales de SQM a las campañas de la Nueva Mayoría, a través de la triangulación de boletas falsas por servicios no prestados. Lo más sorprendente de todo es que el fiscal Pablo Gómez Niada, quien fue nombrado por Abbott a cargo de la arista Soquimich a pesar de no contar con experiencia previa dirigiendo causas complejas por delitos tributarios o de corrupción, pactó este juicio abreviado con la defensa de Martelli sin que el imputado aportara a cambio ningún antecedente relevante que permitiera esclarecer la participación de quienes finalmente se beneficiaron con este financiamiento ilegal. De esta forma Gómez, en una decisión avalada por Abbott, cerró a la rápida una causa comprometedora para la Presidenta y el Gobierno, sin que se investigara de manera completa y profunda.
Por otra parte, se conoció la decisión de Abbott de sancionar al fiscal Emiliano Arias con ocasión de la investigación que dirige en contra de los ejecutivos de la empresa eléctrica CGE, por su responsabilidad en los incendios que devastaron a la Región de O’Higgins, a pesar de que los tribunales han avalado en forma unánime esa imputación. Cabe destacar que tales sanciones fueron aplicadas de forma manifiestamente injustificada, a petición de los representantes de la multinacional, entre quienes se encuentra Luis Ortiz Quiroga, abogado al cual algunos medios han atribuido una relación cercana y de larga data con el actual Fiscal Nacional.
Más que un problema de normas, el déficit el cual impide que nuestras instituciones funcionen bajo los estándares propios de un estado democrático de derecho, es la falta de voluntad real por parte de quienes ejercen su dirección de someter sus decisiones a los fines establecidos en la ley, en resguardo del interés público. Lo anterior, sin hacer distinciones a partir de un falso sentido de prudencia, el cual es confundido convenientemente por algunas autoridades como sinónimo de impunidad, bajo la falsa idea que perseguir sin concesiones los delitos cometidos por personas que forman parte de nuestra elite empresarial y política pondría en riesgo nuestra gobernabilidad, especialmente cuando se trata de ilícitos que involucran a una parte importante de sus miembros; todo lo cual es falso, ya que precisamente el garantizarles impunidad permite profundizar esa justicia de clase que Abbott crítica con sus palabras, pero que parece apoyar con sus acciones.
*Abogado. Magister en Derecho.
