Confusión entre lo público y lo estatal
Pareciera que el Ejecutivo hoy está más preocupado de quién es el dueño de las escuelas, que de la calidad de la educación que imparte. Esta idea de lo público versus lo estatal -o la homologación de ambos conceptos- parece estar haciendo estragos en la coalición gobernante.
Por Francisco Chahuán, senador RN (V Región Costa)
Uno de los principales problemas que estamos viendo en el gobierno y su base de apoyo política, es la confusión entre el Estado y lo público. Esta confusión resulta muy grave para el diseño e implementación de las políticas públicas, sea en educación, salud, seguridad y cualquier otro tema relevante para los chilenos y chilenas.
Cuando hablamos de educación, por ejemplo, tenemos la certeza de estar frente a un bien público. Nadie puede desconocer que contar con una población más educada es beneficioso para un país. Esto no es sólo apropiable para quien tiene esa mayor educación, sino para todos, ya que incrementa el capital cultural de nuestra sociedad en su conjunto y, con ello, la posibilidad de transitar hacia mejores condiciones.
De lo anterior surge la siguiente pregunta: Si es un bien público, ¿debe ser impartida la educación sólo por instituciones públicas? Y aquí se revela la confusión del gobierno, que lo lleva a proponer la compra de “fierros” –entiéndase las escuelas- y sacar a los sostenedores privados de la provisión de la educación.
Pareciera que el Ejecutivo hoy está más preocupado de quién es el dueño de las escuelas, que de la calidad de la educación que imparte. Esta idea de lo público versus lo estatal -o la homologación de ambos conceptos- parece estar haciendo estragos en la coalición gobernante.
Para algunos sólo puede hacerlo el Estado. Sin embargo, dicha postura claramente restringe las posibilidades de avanzar más rápido en los cambios que se requieren y en ciertas materias no es posible seguir esperando. Asimismo, esto implica dejar de lado un rol relevante, que es fijar los objetivos generales y la fiscalización del cumplimiento de dichos objetivos.
Esta lógica institucional debe ser entendida para no cometer errores de diseño e implementación como los que ya hemos visto y que cada día sufre parte de la ciudadanía con el Transantiago, por mencionar un ejemplo. De más está recordar el costo que ha tenido para el país paliar el déficit permanente que arrastra su operación.
Nuestro afán siempre estará puesto en mejorar las condiciones de vida de los chilenos y chilenas y por ello hacemos este llamado de atención a las autoridades a evitar la confusión entre lo público y lo estatal, ya que no son lo mismo. Además, renovamos nuestro compromiso con la clase media, aquella gran parte de la población que busca mejorar su situación personal, sin dogmas, y tener una mejor calidad de vida.
Llega a ser entretenido leer o escuchar a la derecha tratando de justificar su permanente negativa a enfrentar las necesarias reformas que este país debe emprender para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Hoy detectan esta confusión a propósito de su obcecación en la defensa de la propiedad privada y la mantención de los privilegios en base a la apropiación de los recursos públicos para generar ingresos privados. Esta discusión sobre la «compra de fierros» tiene que ver precisamente con este fenómeno, donde algunos empresarios juegan con la propiedad de los inmuebles de los centros educativos para desviar recursos que debieran ir al objetivo de educar a los alumnos de éstos centros. Este juego permanente entre lo público y lo privado de la derecha le ha servido para justificar la mantención de un modelo que se apropia de dineros de todos los chilenos para engrosar su patrimonio. Es privado o público cuando les conviene.