Mapuches se movilizan contra fracking en Neuquén
Un polémico convenio entre la recientemente re-nacionalizada petrolera estatal YPF y la transnacional estadounidense Chevron, para la extracción por parte de esta última de petróleo y gas mediante la técnica de fractura hidráulica -también conocida por su denominación en inglés fracking- en la localidad de Vaca Muerta en la Provincia de Neuquén en Argentina, sigue siendo motivo de polémica.
Por Ricardo Palavicini (Especial para EP)
La firma del acuerdo se realizó el pasado 16 de Julio en el despacho de la Presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada en Buenos Aires.
En el acto, presidido por la Mandataria, también estuvieron presentes el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el viceministro de Economía, Axel Kicillof y el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag. Por YPF estuvo presente el titular de la firma estatal, Miguel Galuccio, en tanto que el grupo Chevron fue representado por Alí Moshiri, Presidente del grupo para América latina y África.
El acuerdo generó protestas ese mismo día, tanto en Buenos Aires como en la provincia de Neuquén, y sigue siendo blanco de fuertes cuestionamientos provenientes de diversos sectores de la opinión pública local y nacional.
Las críticas más fuertes provienen de la Confederación Mapuche de Neuquén, de la cual forman parte las dos comunidades indígenas residentes en el lugar donde tendrán lugar las faenas extractivas.
Numerosas organizaciones protestaron ante el edificio de YPF en Buenos Aires el día que se firmó el acuerdo, mientras que en Vaca Muerta las comunidades mapuches Kazipayiñ y Paynemil expresaron su molestia a través de una toma de cuatro pozos de extracción.
Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén explicó los motivos de la acción sucintamente, refiriéndose al efecto medioambiental que tendrá la nueva explotación: “Cambiar petróleo por vida humana no es algo que podemos admitir”.
Mientras, YPF rechazó la toma y la reacción de los mapuche frente al acuerdo con Chevron, calificándolas como «desmedidas» y «boycot», señalando que el nuevo proyecto extractivo no se desarrollará en territorio de ese pueblo originario, sino en tierras pertenecientes al Fisco.
El área de Vaca Muerta es una zona de reserva de yacimientos de petróleo y gas, ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, que viene siendo explotada por medios más tradicionales desde hace cuarenta años.
El sector se ubica a un costado del Río Neuquén e incluye las riveras de los lagos Mari-Menuco y Los Barreales. Un detalle importante es que el área está emplazada dentro del territorio en que residen las mencionadas comunidades mapuches Kaxipayñ y Paynemil.
Pese a que usualmente este tipo de convenios exige que las firmas beneficiadas cubran todos los costos a cambio de menos de la mitad de las utilidades, el acuerdo otorgó a Chevron condiciones mucho más generosas, que evidentemente habrían sido aprobadas por el gobierno que encabeza la Presidenta Cristina Fernández.
El acuerdo tampoco impone a la multinacional obligación alguna de responder por el costo de los impactos medioambientales y sociales que resultarán del empleo de las altamente contaminantes y destructivas técnicas de fractura hidráulica, que han llevado a su prohibición en varios países.
Refiriéndose a la situación, y a las condiciones en extremo favorables otorgadas por el gobierno federal e YPF a Chevron, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel señaló que «los argentinos estamos regalando nuestros recursos a los EEUU».
Las dos comunidades mapuche residentes en Vaca Muerta, Kaxipayiñ y Paynemil, han denunciado sistemáticamente que las actividades de extracción de petróleo del pasado en el área, realizadas con técnicas tradicionales, ya generaron varias situaciones de contaminación y altos índices de cáncer entre la población.
Los temores de las comunidades frente al nuevo proyecto se deben, junto al empleo ahora de las más contaminantes técnicas de fracking, al pobre record de manejo medioambiental de Chevron. Por ejemplo, en Ecuador, una explotación de la petrolera Texaco, firma perteneciente al grupo Chevron, abusó de un área en la Amazonía entre 1964 y 1990, explotando dos millones de hectáreas en lugar de las 400 mil hectáreas que le habían concesionado, y generando un gran daño al medioambiente. Durante ese periodo la firma habría derrama más de 100 millones de litros de crudo, contaminando ríos y tierras. Esos daños, que están documentados en los resultados de miles de análisis de suelo, agua y sedimento, generaron más de 30 mil damnificados por concepto patrimonial y de salud entre los pobladores de la zona, haciendo desaparecer en la práctica a dos comunidades indígenas y poniendo en peligro a otras.
Como resultado, en febrero del 2011 por una corte ecuatoriana condenó a Chevron a pagar más de 19 mil millones de dólares por los daños ambientales y sociales. La transnacional se ha negado a pagar la compensación, amparándose en fallos de la justicia estadounidense, y los afectados han lanzado una ofensiva legal internacional, para que se reconozca el fallo de la justicia ecuatoriana y se embarguen bienes de Chevron.
La justicia argentina falló en primera instancia a favor del consorcio estadounidense, pero ese fallo está siendo apelando ahora.
La Molestia de los Mapuche
Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, acusa que «Vaca Muerta es un territorio amenazado, lo mismo con Chevron o sin Chevron», explicando que YPF y contratistas privados vienen trabajando en ese territorio desde mucho antes de que el gobierno federal quitase el control de esa firma al consorcio español Repsol y la re-estatizase.
«Destrozan los campos de uso agrícola y económico de nuestras comunidades, sin consulta previa ni participación alguna de los afectados», fustiga. Nahuel agrega que, con el anuncio de la firma del convenio entre YPF y Chevron, «la alarma fue más dramática, porque sabemos lo que significa la presencia de esa multinacional criminal y lo que ha dejado a su paso en otros lugares. Es por eso que hoy estamos movilizados».
El dirigente mapuche resiente el manejo del acuerdo por parte del gobierno federal, «porque se firmó totalmente a espaldas de la población, respondiendo a una necesidad preelectoral que tiene este gobierno y a negociados económicos, en donde el impacto mayor va a ser sobre las comunidades mapuche que residen en Vaca Muerta”.
El dirigente es también enfático al señalar que las comunidades mapuche están movilizadas, pero no para seguir el camino de la violencia, puntualizando que “la acción de parar los cuatro pozos de perforación respondió a la decisión de generar un acto de resistencia pacífica en nuestro territorio, para llamar la atención del mundo sobre algo que se está haciendo a nuestras espaldas, y que pone en riesgo de muerte la vida física y cultural de nuestra gente”.
La toma fue simbólica y levantada de acuerdo a lo planificado. El pasado 18 de julio los representantes de las comunidades mapuche se reunieron con directivos de YPF, en las oficinas de la empresa en Neuquén. El resultado puede ser descrito como un buen principio, porque sólo el tiempo dirá cuáles serán sus resultados finales.
En el encuentro los representantes de YPF pidieron comprensión hacia el esfuerzo que debe hacer la Argentina para alcanzar el autoabastecimiento de energético, a la vez que se comprometieron a trabajar junto a las comunidades indígenas para lograr las más adecuadas garantías en lo relativo al medioambiente.
Para ese fin, pidieron a los dirigentes mapuche la apertura de una mesa de dialogo para avanzar en este último tema. La propuesta fue aceptada, y los comuneros mapuche se comprometieron a no obstaculizar las actividades regulares de YPF.
Jorge Nahuel calificó la reunión como «muy positiva, porque era lo que estábamos demandando, para ver cómo es posible que se respeten los derechos del pueblo de los mapuches, sobre todo en el capítulo ambiental. Hay procedimientos de uso del agua que son nocivos y que deben ser revisados». Explicó que hubo temas que no pudieron ser abordados, por no ser de la competencia de YPF, por lo que deberán ser tratados con otras instancias de los gobiernos federal y provincial.
