La ciudadanía frente al capital

La ironía final es que cada vez que los chilenos piden créditos en bancos o retail, el dinero que les están prestando es probablemente el de sus cuentas de capitalización individual en la AFP.

Alberto Mayol, Sociólogo y académico de la Universidad de Chile.

Cuando decimos en Chile que el modelo económico y social que tenemos tiene falencias graves en su relación con la sociedad, la respuesta desde la derecha suele ser que Cuba o Venezuela son peores, que Argentina es un desastre, que Bolivia, Ecuador y Perú no son referentes y que Brasil es un país demasiado grande para que valgan sus criterios en Chile.

Cuando decimos que el aumento de la protección social, la inversión pública en infraestructura y educación, la importancia de la educación y la industria; nos responden que es cosa de mirar España y su crisis, argumento que es acompañado de la afirmación que dicha crisis es una crisis del Estado de bienestar, por el aumento ingente de sus gastos en beneficios sociales a personas improductivas cuando no directamente displicentes.

El “Informe Stiglitz”, liderado por el destacado economista y donde participó una comisión de expertos financieros de Naciones Unidas, con cuatro premios Nobel en el equipo, señala con claridad: “Es importante reconocer que lo que empezó como una crisis en el sector financiero se ha convertido en una crisis económica. Pero no sólo eso, también se ha convertido en una crisis social”. El informe es categórico: gran parte de los países pobres está pagando una crisis creada en los países ricos y gran parte de los ciudadanos del mundo está financiando una crisis que se configuró en el sistema financiero.

La crisis que azota a Europa carece de toda relación con el gasto de los Estados de bienestar. Esta afirmación, de sentido común en el mundo, es revolucionaria en Chile. La crisis que azota a Europa es una crisis de deuda privada, de especulación financiera y de burbujas inmobiliarias. El plan de austeridad que se ha impuesto en Europa, con Angela Merkel simbolizando esa política haciendo las reuniones de presidentes y primer ministros con un tecito en termo y unas pocas galletas, va en la dirección (ni de cerca en la intensidad) del tipo de plan de austeridad que se aplicó en los años ochenta en Chile: reducción de beneficios sociales y menor gasto público. Bien no les ha ido.

Las medidas de rescates a empresas y bancos han sido constantes. Los Estados se han sobrecargado salvando empresas de gran tamaño. El Informe Stiglitz señala que un aprendizaje es que nunca más se debe permitir el crecimiento de los bancos al punto en que una potencial quiebra de ellos suponga un indispensable rescate de los Estados. En Chile lo sabemos bien. Durante la primera mitad de la dictadura, los resultados del proceso de aplicación de las políticas de libremercado fueron pésimos. La crisis de inicios de la década de los ochenta fue significativa y el Estado tuvo que realizar un enorme esfuerzo para salvar al sistema financiero, cuyos costos en los diversos programas involucraron recursos públicos estimados en el equivalente a un 35.2% del PIB, el mayor salvataje a un sistema financiero por parte de un Estado en la historia.

La mayor parte de los movimientos sociales que expresan malestar social en Occidente están asociados a las contradicciones entre un sistema económico que, en su búsqueda de crecimiento, destruye procesos de integración social, de desarrollo político e institucional. La economía financiera es altamente demandante de legitimidad de ficciones increíbles: en bolsa se transan en dos días, en el mundo, el equivalente a los bienes que se exportarán entre todas las naciones en un año. Hace ya 40 años que ningún Banco Central tiene respaldo del dinero que imprime. Todo es un acto de fe. Y como todo acto de fe, tanto en el éxito o en el fracaso, predomina la histeria colectiva.

El corazón del modelo de libremercado, del cual Chile ha sido un caso emblemático, está basado en la construcción de un sistema financiero robusto y de una clase capitalista fuerte. El sistema tributario chileno, donde el impuesto empresarial es crédito del impuesto personal y donde se acumula en FUT parte importante del dinero para no tributar, tiene en esas dos ‘innovaciones’ a nivel mundial el mejor sistema de protección al capital que se pueda imaginar. Pero además en Chile hay un sistema de promoción del capital: las Administradoras de Fondos de Pensiones.

El sistema de pensiones chileno parte de la base de una retención del 11% del salario destinada a una cuenta personal con miras a la obtención de una pensión futura. Es una cuenta de capitalización individual administrada por una empresa privada, que cobra un costo por la administración, que tiene el fundamento de tener un equipo de expertos de excelencia capaces de invertir adecuadamente los fondos y obtener altas rentabilidades que redunden en un pensión futura lo más alta posible. Es decir, hay un cobro de un ‘impuesto’ (en tanto es obligatorio), que va a parar a un privado, quien administra discrecionalmente dónde invertir.

El sistema tiene un conjunto de problemas en su funcionamiento y operación. Más de la mitad de los chilenos no llega y no llegará a superar la línea de pobreza por estas pensiones, en circunstancia que, de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional aplicada en 2011, la pobreza en Chile alcanza el 14,4%. El Estado ha otorgado un subsidio al sistema de pensiones, administrado por las mismas empresas, que permite que todos los chilenos superen por 7 mil pesos aproximadamente la línea de pobreza como pensión mínima.

El Ministerio de Hacienda cada año está realizando un ahorro en una cuenta para tener dinero disponible en el futuro para solucionar las presiones que el sistema de pensiones -se asume- irá generando. Esta es la operación. Pero el fundamento es otro. El significado histórico del sistema de pensiones chilenos encuentra su fundamento en el mercado de capitales. Chile nunca tuvo una burguesía capitalista en sentido estricto y su mercado de capitales era prácticamente inexistente. En los años ochenta, el nuevo sistema de pensiones implica que ese 11% de todos los salarios del país vaya a alimentar el mercado de capitales cada mes.

El monto acumulado para invertir por el sistema de pensiones privados bordea la cifra del PIB chileno anual. Prácticamente todas las grandes empresas tienen en su propiedad a las administradoras de pensiones o tienen deudas contraídas con ellas. Los trabajadores chilenos no pueden hacer nada con su dinero hasta que jubilen, pero las empresas grandes sí (y sólo las grandes).

En el mejor de los casos, los trabajadores pueden elegir el nivel de riesgo, innovación reciente en el sistema que permite elegir entre combinaciones de inversión más o menos conservadoras. E incluso al pensionarse, simplemente se fijará un monto mensual de acuerdo a la proyección de la esperanza de vida. En resumen, el sistema de capitalización individual ha generado malas pensiones, pero un excelente mercado de capitales.

Originalmente las AFP sólo podían invertir en la Bolsa de Valores de Santiago, pero el enorme volumen de capitales que manejan ha obligado a abrir las fronteras de sus inversiones. La disponibilidad de recursos para las empresas es veloz y a bajos precios. De este modo, gracias al sistema de pensiones chileno se configuraron las condiciones para construir una burguesía financiera sólida, con una banca que tiene sistemáticamente utilidades incluso en tiempos de crisis internacional (las utilidades suelen superar el 30% anual) y con una capacidad de inversión muy superior a la que históricamente habían ostentado. La ironía final es que cada vez que los chilenos piden créditos en bancos o retail, el dinero que les están prestando es probablemente el de sus cuentas de capitalización individual.

Lo cierto es que los movimientos de indignados en Europa, los movimientos del 99% en Estados Unidos o el movimiento estudiantil chileno, adquieren relevancia fundamentalmente por interpretar una época y no sólo por sus demandas. Gran parte de la crisis chilena se debió a la creditización de la educación. Los ciudadanos estaban presos ante un sistema financiero coludido que establecía parámetros de utilidad insólitos. Pero el problema ni siquiera es la utilidad, último síntoma, son la asimetría de información. Las evaluadoras de riesgo a nivel internacional han demostrado ser incompetentes o corruptas: la crisis mundial que hoy vivimos tiene como uno de sus responsables a evaluadores de riesgo que dijeron que ciertos paquetes accionarios valían mucho, cuando no valían casi nada. Y en Chile el caso La Polar tiene ribetes semejantes.

La desigualdad, el abuso de poder político y económico, el desamparo ante crisis que no crean los ciudadanos y las padecen, la socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias, articulan el escenario de repolitización desde los movimientos sociales. Los partidos políticos quedan fuera de juego en medio de un escenario donde la política crece. Y es que sus estructuras se tornan impotentes para una era de impugnación al capital y su historia de desenfreno libremercadista.

En el trasfondo de los grandes cuestionamientos que concentran la atención en Chile y el mundo, está la incertidumbre frente a dinámicas que han sido presentadas como inevitables y trágicas a la vez (el libremercado, la financiarización). El antiguo conflicto entre el capital y los trabajadores es parte del problema, pero hoy es más amplio: se experimenta en tanto consumidores y se experimenta en tanto ciudadanos. La era del capital financiero ha generado una contradicción inmanejable. Esto es algo que ya se comenta con claridad en organismos internacionales, por muchos expertos y políticos. El problema es que no saben qué hacer.