De los Andes a La Haya: La pasión de Evo

La demanda interpuesta por Bolivia contra Chile, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha despertado tal clima de expectativa en el país altiplánico que incluso antes de conocerse sus términos, y si sus argumentos legales eran sólidos, ya la gente se inclinaba por una resolución favorable.

Por Marco Zelaya/La Paz

Según una encuesta de la compañía Tal Cual, publicada el 19 de abril en el rotativo paceño Página Siete, un 50 por ciento opinó que Bolivia ganará el juicio en La Haya, frente a un 41 que cree que el fallo será adverso. Las percepciones son divididas en torno al litigio internacional, que no es algo que se emprenda todos los días, sino un hecho histórico y, ante todo, una carta brava.

En cuanto a lo político, el presidente Evo Morales, 72 horas antes del 23 de marzo, el Día del Mar, se reunió con ex mandatarios y cancilleres para obtener el respaldo para lo que anunciaría horas después: la demanda contra Chile, bajo el argumento de que habían transcurrido 134 años de enclaustramiento, desde la Guerra del Pacífico de 1879, y de negociaciones frustradas con el Palacio de La Moneda.

Que la política marítima galvaniza y que trasciende los colores políticos quedó demostrado cuando Morales eligió como Embajador Plenipotenciario de Bolivia ante La Haya al ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien condujo el país entre 2005 y 2006, durante la delicada transición entre el titubeante gobierno de Carlos Mesa y el actual.

Ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Veltzé, quien ocupó interinamente el Palacio Quemado, es un experimentado jurista que además tiene un masterado en Harvard, a lo que se debe agregar un fino tacto político que puso a prueba en uno de los periodos más difíciles de la historia contemporánea del país.

Es cierto que Evo y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), lo acusaron de haber entregado a EEUU los misiles chinos comprados por Bolivia, para que fueran desactivados, pero también lo es que nunca se probó tal sindicación, que el Legislativo la descartó por falta de evidencias y que un proceso contra él nunca prosperó. El 3 de abril, cuando fue designado para que llevara adelante el litigio de La Haya, ese impasse, que sin embargo no llegó al ámbito contencioso, fue tácitamente superado.

El derecho expectaticio

Sorprendió que, en medio del hermetismo que rodeaba todo lo relativo al contenido de la demanda, el presidente chileno Sebastián Piñera declarara en Santiago el 22 de abril que la pretensión boliviana se fundamentaba en “derechos expectaticios” sobre una salida soberana al mar y no en el Tratado de Paz y Amistad de 1904.

“Lo que van a tratar de decir (los bolivianos) es que se crearon derechos después del año 1948 y eso van a pretender llevarlo a La Haya, pero ¿qué tipo de derechos? Lo que ellos llaman ‘derechos expectaticios’”, afirmó.

Aunque se ha anunciado que esta supuesta filtración será investigada en el Congreso, es evidente que una parte sustancial de la pretensión boliviana, presentada ante la Corte Internacional de Justicia el 24 de abril, se basa en los derechos expectaticios que habría creado las promesas incumplidas de Chile.

Para que se abriera la jurisdicción de La Haya, el Legislativo levantó la reserva –u oposición, para su plena vigencia– que se mantenía sobre el Pacto de Bogotá, en particular sobre el artículo 6, que resta competencia a ese tribunal para otorgar la tutela jurídica a casos que se hubieran resuelto mediante tratados antes de 1948. En este punto, Bolivia comenzó a jugar una carta brava.

En una nación que, según sus escritores de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, era de los curas y de los militares, pero sobre todo de los abogados formados en la gloriosa Charcas, que incluso aportó con juristas a la independencia argentina, se debate con fruición el alcance del término derecho expectaticio.

Rodríguez Veltzé, en su calidad de jurisconsulto, ha definido, en declaraciones al periódico digital Erbol, el concepto: “El derecho internacional estableció que cuando un Estado realiza ofrecimientos o se hacen gestiones conducentes a mejorar la relaciones o salvar injusticias, o superar diferencias, esa serie de acontecimientos genera estos derechos que pueden ser reclamables ante una corte. Ésa es la idea que fundamenta parte de la demanda”.

La especialista en derecho internacional y diplomática Karen Longaric le dijo al diario Página Siete que “La Corte (de La Haya) tendría que declarar que las promesas que realizó Chile generaron derechos expectaticios hacia Bolivia y por lo tanto, de acuerdo con la doctrina, esto tiene efectos vinculantes entre ambos países”.

Según Joaquín Escriche, un doctrinario y jurisconsulto, el derecho expectaticio es “cualquier esperanza de lograr alguna cosa, verificándose la oportunidad que se desea. (Es) El derecho y acción que uno tiene a conseguir alguna cosa en adelante”.

El petitorio

Incluso un estudiante de primer año de derecho sabe que una demanda está compuesta por los fundamentos de hecho –la relación sucinta de los sucesos que rodean el caso–, los de derecho –las normas infringidas por esas acciones o conductas- y, en esencia, por el petitorio o lo que quiere el demandante para que se restituyan los derechos vulnerados.

El 24 de abril, que es ya un día histórico, porque se trata de un hito en la política marítima, el canciller David Choquehuanca declaró que se “solicita a la Corte Internacional de Justicia que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico”.

En la demanda, es recurrente el uso del término obligación, pues se reclama que Chile, mediante “acuerdos, la práctica diplomática y una serie de declaraciones atribuibles a sus representantes de más alto nivel”, se comprometió a negociar una salida soberana al mar para Bolivia, pero que “no cumplió con esa obligación y, más aun, a la fecha Chile niega la existencia de su obligación”.

El uso de cada palabra, en una demanda, no es casual. Según Manuel Ossorio, “la obligación es el deber jurídico normativamente establecido de realizar u omitir determinado acto y a cuyo incumplimiento por parte del obligado es imputada, como consecuencia, una sanción coactiva, es decir, un castigo traducible en un acto de fuerza física organizada”.

En consecuencia, Bolivia busca que un fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia obligue a Chile a negociar de buena fe una solución para el centenario diferendo marítimo.

Pero la internacionalista Karen Longaric ha expresado que esa resolución, que debido a los tiempos procesales se conocería en cuatro o cinco años, sólo puede recomendar pero no obligar a que Chile negocie.

El fracaso de la Agenda

Entre los fundamentos de hecho, el parágrafo 26 de la demanda resume, desde la óptica boliviana, el último intento por alcanzar una solución al diferendo mediante el diálogo, que se denominó la “Agenda de los 13 Puntos”.

“En julio de 2006, los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet, presidentes de Bolivia y Chile, respectivamente, acordaron la ‘Agenda de los 13 Puntos’, que incluyó el ‘tema marítimo’ en el Punto VI. Con motivo de la 22 reunión del Mecanismo Bilateral de Consultas Políticas Bolivia-Chile (del 12 al 14 de julio de 2010), ambos Estados acordaron que el diálogo bilateral tenía que lograr ‘soluciones concretas, factibles y útiles’ al Punto VI de la Agenda Bilateral referido al ‘tema marítimo’ en las subsiguientes reuniones. Para ello fue previsto un encuentro en noviembre de 2010, pero cuando llegó esa fecha Chile suspendió unilateralmente la reunión. Las negociaciones nunca se reanudaron”, expresa el mencionado parágrafo.

En febrero de 2011, según el parágrafo 27 del documento, Evo “pidió públicamente al gobierno de Chile elaborar una propuesta escrita y concreta para llevar adelante el proceso para solucionar la mediterraneidad de Bolivia. Lejos de responder a esta invitación, Chile declaró que ‘Bolivia carece de toda base legal para acceder al océano Pacífico a través de territorios pertenecientes a Chile’”.

Un litigio, sin duda alguna, obliga a las partes a exponer lo que podría acercarse a la verdad histórica de los hechos.

Cuando el presidente Morales se refiere al diálogo estéril sobre el asunto marítimo, inmediatamente se evoca que la “Agenda de los 13 Puntos” avanzó en aspectos comerciales o migratorios, por ejemplo, pero que nunca abordó el Punto VI, vinculado a la salida marítima.

Esto equivale a decir que el último gobierno de la Concertación usó una estrategia dilatoria hasta que, llegado el momento de la verdad, Sebastián Piñera retomó la política oficial chilena, pese a haber jugado, el 9 de marzo de 2010, un día antes de su posesión, un partido de fútbol en el que él y Evo vistieron casacas del mismo equipo.

En consecuencia, una de las interrogantes –entre otras– que se dilucidará, siempre y cuando La Haya emita una sentencia, es si la inclusión del Punto VI en la Agenda creó o no derechos expectaticios.

Otra pregunta que encontrará respuesta es si las tratativas se llevaron a cabo bajo lo que prescribe la Constitución Política del Estado, desde 2009: “la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”. La palabra soberanía ha marcado una diferencia irreconciliable entre el Gobierno y quienes sostienen una posición más pragmática sobre el diferendo, como el ex presidente Jaime Paz Zamora, y que son más proclives a una solución que provenga de la economía y del dinamismo de los bloques comerciales que se forman en la región.

Las reacciones

El litigio, de momento, ha colocado tanto a opositores y oficialistas en el mismo bando.

Un legislador del MAS, Eduardo Maldonado, incluso ha pedido que la ciudadanía lleve en las solapas o en los vestidos una cinta celeste, en adhesión a la demanda ante La Haya.

Un congresal del Movimiento sin Miedo –el partido más articulado de la débil oposición a Evo Morales–, Fabián Yaksic, ha asegurado que duda sobre si se justifica o no toda la aparatosa demanda ante un tercero que, si emite un fallo favorable, instruiría “sentarnos a dialogar con Chile”.

Además, la pretensión ha sido presentada en momentos en que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha resuelto que la re-reelección de la dupla Evo Morales-Álvaro García Linera no contradice la ley fundamental del país, por lo que ambos candidatos ya están en campaña para instalarse nuevamente en el Palacio Quemado por el período 2014-2019.

Sólo el fallo de La Haya, si se llega a la etapa conclusiva, dilucidará ahora el futuro del diferendo marítimo. Mientras tanto, ese tribunal ha citado el 12 de junio a los representantes de Bolivia y Chile, para coordinar la presentación de los alegatos escritos.