Condena a ex dictador guatelmateco marca un hito en materia de DDHH
Efraín Ríos Montt, el primero en América Latina en ser condendo por genocidio, deberá purgar 50 años de cárcel por haber ordenado la matanza entre 1982 y 1963 de mil 771 indígenas mayas. Por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno recibió una pena de otros 30 años.
Por Marco Ficieri (Especial para El Periodista)
(PARIS) La condena el pasado 10 de mayo del ex dictador de Guatemala Efraín Ríos Montt, quien recibió una pena de 80 años de cárcel por haber ordenado la matanza de mil 771 indígenas mayas ixiles en ese país centroamericano entre los años 1982 y 1983, marcó un hito: es la primera vez que un ex jefe de Estado es condenado en América Latina por el delito de genocidio.
Ríos Montt recibió una condena de 50 años por ese concepto, además de otros 30 años por delitos de lesa humanidad.
En el 2006 la justicia de Argentina condenó por genocidio al ex militar Miguel Etchecolatz, por su responsabilidad en desaparecimiento y otros crímenes como jefe de la red de centros de detención de la Provincia. El ex Presidente de Perú Alberto Fujimori también fue condenado a 25 años de cárcel en el 2009, pero por el delito de violación de los Derechos Humanos.
Aunque la defensa de Ríos Montt está recurriendo frente a la condena, la justicia está también investigando la responsabilidad del ex dictador en otros crímenes. Observadores piensan que el número de muertos que produjo la represión del régimen que encabezaba el ex dictador se elevaría a cerca de 100 mil personas.
Aunque el veredicto del pasado 10 de mayo exculpó al ex efe de inteligencia militar guatemalteca, Mauricio Rodríguez, sí ordenó al fiscal general continuar investigando la responsabilidad de otras personas en las matanzas. Ello pondrá al actual Presidente Otto Pérez Molina bajo el foco de la justicia, que en la fecha de los crímenes investigados era jefe militar en la zona donde estos ocurrieron. Pérez Molina empleaba entonces el seudónimo de «Tito Arias».
Como respaldo a eventuales cargos contra Otto Pérez Molina, organismos de Derechos Humanos han asegurado que disponen de videos donde el hoy jefe de estado y entonces jefe militar aparece junto a los cadáveres de las victimas de la represión, dirigiendo discursos que alababan el actuar de las tropas bajo su mando.
El gobernante guatemalteco ha insistido en negar su participación en las masacres, pero también ha dicho que «familias enteras» apoyaban a la guerrilla, en declaraciones que sonaron como una excusa.
Aunque Pérez Molina alabó la condena de Ríos Montt, describiéndola como una prueba del avance en Guatemala del «respeto a los valores democráticos», el apego a las viejas prácticas represivas aún subsiste. Como prueba de ello, pocas semanas antes del fallo judicial Pérez Molina declaró el Estado de Sitio en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, donde la población se ha movilizado para impedir la proyectada ampliación de las operaciones de extracción de oro y plata de la minera canadiense Tahoe Resources.
Las protestas de la población local se deben a que el proyecto afectará el suministro de agua para las actividades agrícolas. Junto con declarar el estado de excepción, el gobierno envió 3 mil 500 efectivos militares y policiales a la zona.
Según los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), los combates entre miembros de la guerrilla y el ejército produjeron apenas el 10 por ciento de los victimas atribuidas a la acción gubernamental.
El resto de las victimas, que incluyen a 200 mil muertos, 40 mil desaparecidos y un millón y medio de desplazados, son producto de crímenes de lesa humanidad. Los orígenes del prolongado y sangriento conflicto en Guatemala se remontan a 1954, cuando bajo influencia de EEUU los militares dieron un golpe de estado contra el Presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Washington actuó para impedir la implementación de una reforma agraria planeada por Arbenz que habría sido perjudicial para los intereses del consorcio estadounidense United Fruit Co.
Los gobiernos que siguieron a la caida de Arbenz se caracterizaron tanto por la matanza y desaparición sistemática de personas, así como también por la más violenta represión de las protestas de la población.
La guerrilla se levantó en 1960, como respuesta a la violencia aplicada por el Estado, y el conflicto se prolongó así por casi cuarenta años.
El 83 por ciento de las victimas de ese periodo pertenecía a la etnia maya, en tanto que los militares serían responsables del 93 por ciento de los crímenes, de acuerdo a los informes elaborados por el CEH bajo supervisión de Naciones Unidas.
Los informes finales del CEH, presentados en 1999, enfatizan el rol jugado por los EEUU en la violencia aplicada contra los opositores por el Estado en Guatemala. Ese mismo año el entonces Presidente Bill Clinton visitó Guatemala para pedir oficialmente disculpas por ello.
Los crímenes cometidos por los militares comenzaron a ser investigados en los años noventa, al amparo del proceso de recuperación de la institucionalidad democrática en Guatemala que hizo posible alcanzar un acuerdo de paz de 1996; y también bajo el impulso de los informes que produjo la CEH.
Es así como en 1993 militares fueron condenados por primera vez, por su responsabilidad en el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack , a la que en el 2001 se sumó la condena de otros militares por el asesinato en 1998 del Obispo católico Juan Gerardi.
Los procesos judiciales contra la violencia de Estado marcaron un primer hito especial en el 2011, cuando cuatro militares fueron condenados -cada uno a una pena de 6 mil 60 años- por haber encabezado una operación en que 201 personas fueron torturadas y asesinadas en la aldea de Dos Erres en 1982.
