Senado aprueba acusación contra Harald Beyer y lo inhabilita por 5 años

Tras una maratónica discusión que se inició ayer y que culminó hoy, con una votación de 20 a 18 a favor del libelo presentado por 10 diputados, la oposición logró imponer su criterio y propinarle una dura derrota al gobierno de Sebastián Piñera. Beyer no podrá ejercer cargo público alguno por 5 años.

Finalmente, tras dos días de discusión en el Senado, fue aprobada por 20 a 18 el tercer capítulo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, obligado ahora a dejar su cargo en el gobierno del presidente Piñera

Beyer, además, quedó inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos, incluida la docencia en universidades estatales. El primero y el segundo capítulo fueron rechazados por el Senado.

La acusación constitucional fue interpuesta el pasado 20 de marzo por los diputados Ricardo Rincón (DC), Sergio Aguiló (IC), Fidel Espinoza (PS), Rodrigo González (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Manuel Monsalve (PS), Marco Antonio Núñez (PPD), Gabriel Silber (DC) y Alejandra Sepúlveda (Ind).

En particular, se acusó al Ministro de infracción al principio de probidad administrativa; omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, en particular la de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación, y por no ejercer el control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia.

 El libelo, en la cámara baja, fue aprobado por 58 votos a favor y 56 en contra. La decisión del Senado es inapelable y definitiva.

Siguiendo el cronograma establecido por el Senado para conocer los antecedentes de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, los diputados Marco Antonio Núñez, Manuel Monsalve y Fuad Chahín formalizaron los argumentos del libelo en razón de haber infringido la constitución, las leyes y dejar estas últimas sin ejecución.

El primero en hacer uso de la palabra fue el diputado Marco Antonio Núñez, quien realizó una presentación cronológica de los hechos que sustentan la acusación. Algunas de las principales fechas expuestas fueron:

15 junio 2011.- 52 diputados requirieron una Comisión Investigadora que celebró 25 sesiones, recibiendo a más de 70 invitados, lo que finalmente arribó en la acusación.

14 dic 2011.- El Contralor Ramiro Mendoza en sesión de la Comisión Investigadora expresó que “las potestades fiscalizadoras, normativas y regladoras del sector las tiene el Ministerio de Educación”. El diputado Núñez sostuvo, que en virtud de ello, hay una función fiscalizadora, reguladora que no se aplicó.

28 de septiembre de 2011.- El entonces Ministro de Justicia Teodoro Ribera manifestó que “en cuanto a la fiscalización y supervisión de las entidades de educación superior éstas también corresponden al Ministerio de Educación”, lo que reforzaría la presentación.

2 septiembre de 2011.- Los abogados y académicos de la Universidad de Chile: Carola Canelo, Miguel González y Joaquín Polit presentaron una solicitud para que se fiscalice el cumplimiento de le ley que rige a las universidades privadas y aplique las sanciones pertinentes. Se requería al Ministerio una serie de antecedentes administrativos y financieros. Con esto, según el diputado “se sustenta que se advirtió tempranamente que se infringía el ordenamiento jurídico (…) y esto último llevó a determinar que esta era la causal para dar inicio a una auditoría a la Universidad del Mar; es decir, el Ministro tenía y tiene el poder de fiscalizar”.

14 junio de 2012.- El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, presentó formalmente dos denuncias referentes a posibles infracciones, entre ellas de la Universidad Santo Tomás. Ante este hecho el legislador señaló que el ministro Beyer en medios de comunicación nacional cayó en contradicciones.

30 mayo 2012.- El entonces rector Raúl Urrutia presentó carta de renuncia a la Universidad del Mar, aludiendo que en el mismo período en que no se cancelaron imposiciones, sí se pagaron 600 millones a los controladores, directa o indirectamente, a través de sus inmobiliarias. “Estos mismos hechos son los que habían sido informados por los académicos de la Universidad de Chile y en el momento en el que se le requirió (al Ministro) que realizara su rol”, dijo el diputado Núñez.

En su opinión “todas estas citas cronológicas son suficientes para formarse la más absoluta convicción de que aquí se ha infringido la Constitución y las leyes, en particular el no respetar el principio de probidad (…) tenemos la absoluta convicción de que el destituido Ministro de Educación Harald Beyer Burgos debe ser declarado culpable”.

INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE PROBIDAD

El diputado Manuel Monsalve, fue el encargado de desarrollar el primer capítulo de la acusación contra el Ministro, que lo imputa de infracción al principio de probidad. Esto es, “la dimensión de falta de veracidad, por cuanto el Ministro expresó reiterada y sistemáticamente durante el 2012, lo mismo que su defensa, no tener facultades para sancionar e investigar las denuncias efectuadas por personas naturales e instituciones, en relación a la flagrante vulneración de la ley que prohíbe al lucro”, detalló el diputado.

El legislador también aludió a la presentación de los abogados y académicos de la Universidad de Chile: Carola Canelo, Miguel González y Joaquín Polit; al abogado y académico de las Universidades de Chile y Adolfo Ibáñez, Fernando Atria, con lo que se establecen precedentes para establecer que el Ministro tiene facultades fiscalizadoras.

“El ministerio tiene una facultad sancionatoria que lo transforma, en este respecto, en una suerte de superintendencia, afirmó el profesor Atria en la Comisión investigadora; es curioso por eso que el Ministro insista en que el Ministerio no es una superintendencia y cuando ésta se cree alguien tendrá el poder de fiscalizar”, pero aquí agregó el diputado Monsalve, “lo importante no es cómo se llaman los órganos del Estado, si no qué facultades le entrega la ley”.

Cabe señalar que detalló los casos de las universidades del Mar y Santo Tomás y las irregularidades que se habrían producido en la entrega de la garantía estatal a diversas universidades privadas, a través del crédito con aval del Estado.

“Como he demostrado el ministro tienen facultades fiscalizadoras, que ha negado y utilizado en forma tardía. Durante meses el señor Beyer ha buscado convencer a la opinión pública, al Parlamento y al país que carece de facultades para fiscalizar el lucro en las universidades, faltando a la verdad; ha afirmado que no existen denuncias al respecto, nuevamente faltando a la verdad; ha actuado tardíamente en el uso de sus facultades afectando severamente el cumplimento de la ley y la defensa del derecho constitucional a la educación como se evidencia en el hecho dramático de miles de estudiantes de la Universidad del Mar”, manifestó.

FALTA CONTROL JERÁRQUICO

El segundo capítulo, tal como lo manifestó el diputado Monsalve, “se dio lugar por una serie de actos y omisiones que han significado un grave perjuicio a estudiantes, en especial a los estudiantes de la Universidad del Mar”, entre ellas la gran cantidad de universidades que fueron acreditadas durante 2010.

Uno de los puntos expuestos fue sobre la gestión de Juan José Ugarte, en la división de Educación Superior del Ministerio de Educación, “es un hecho público y notorio que durante el 2010 fueron acreditadas, sin justificación aparente, todas las universidades que participaron en dicho proceso. Lo que nos imaginamos debe haber sido estudiado por el Ministerio, ya que constituiría un salto en la calidad nunca visto”.

“El aumento –precisó el diputado- tuvo lugar durante la presidencia subrogante de Luis Eugenio Díaz, quien actualmente se encuentra formalizado por los delitos de cohecho y delitos tributarios. (…) Lo acontecido con la Universidad del Mar se encuentra estrechamente relacionado con el gobierno; Ugarte no asistió a la sesión donde se acreditó dicha casa de estudios”.

Por otra parte, manifestó la situación que afecta al Sistema Nacional de Información de la Educción Superior, que depende del Ministerio de Educación y a través del cual se debe desarrollar y mantener un sistema de información de educación superior, que contenga los antecedentes para la adecuada aplicación de políticas públicas.

Al respecto, abundó el legislador, “es deber del ministerio el mantener la información y el Ministro, al no hacer correcto uso de este institución, no hace más que dejar sin ejecución las leyes, por lo que le cae la responsabilidad pertinente. El ministro no ejerció la tutela jerárquica sobre sus subordinados”.

“No puede admitirse por este Senado la tesis de la absoluta irresponsabilidad del Ministro por hechos ocurridos en su cartera, menos cuando la naturaleza delictiva de éstos son de tal gravedad que han puesto en tela de juicio el sistema de acreditación y a numerosas universidades privadas. No se puede pasar por alto, el sistema universitario vive un escenario de incertidumbre por el poco diligente actuar de un Ministro que ha buscado, por todos los medios, encubrir el lucro en la educación superior”, argumentó.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Por su parte, el diputado Fuad Chahín, se refirió al capítulo tercero de la acusación, explicando que se funda en la negativa del Ministro de investigar y sancionar a las universidades privadas que desarrollaron actividades lucrativas, lo que contraviene la ley.

En lo que se refiere a faltas contra la Carta Fundamental, el congresista citó diversos artículos aludiendo a los ámbitos de la competencia ministerial y el principio de probidad. Describió que el ministro justificó su imposibilidad de investigar las denuncias por lucro, en la presentación del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior. A su vez, el parlamentario aludió al hecho que no se dejó por escrito en el dictamen de cierre de la Universidad del Mar, que la causal era el lucro.

Estas normas habrían sido contravenidas en la medida que el secretario de Estado no habría velado por el cumplimiento de las normas de su sector, el no haber investigado denuncias concretas, y la vulneración de los principios de celeridad y exclusividad.

En cuanto a dejar las leyes sin ejecución, el diputado mencionó la Ley General de Educación donde se indica que las universidades que no son creadas por ley deben constituirse y funcionar como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro.

Finalmente, hizo un llamado a los senadores a evaluar el mérito de los argumentos. “El acusado no sólo tenía la obligación de hacer cumplir las normas, sino que también de tomar en consideración las denuncias concretas de las que tomaba conocimiento. Él abdicó de sus facultades y no aplicó las leyes…Se dijo que esta acusación iba a debilitar las instituciones, por el contrario, el incumplir la ley, las debilita”, sentenció.

LA DEFENSA

El “vacío legal” que permite a las instituciones privadas de educación superior incurrir en el lucro; las “febles” facultades fiscalizadoras del Ministerio de Educación y las “características de jurado” que debe considerar el Senado al pronunciarse frente a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, fueron algunos de los argumentos que usó la defensa para desestimar el libelo formalizado por la Cámara de Diputados.

En la oportunidad, intervinieron el suspendido ministro Harald Beyer y sus abogados Enrique Barros y Jorge Bofill quienes insistieron en el error de la formulación de cargos; las “incongruencias” que presenta el libelo; su carácter de “juicio político” y en las obligaciones de “jurado” que recaen en los senadores para discernir, es decir, garantizar el debido proceso.

Al respecto, la reflexión más directa la hizo el suspendido Ministro quien expresó que “hay una dura contradicción entre los cargos que se me imputan y en lo realizado en estos 15 meses” en la cartera de Educación. “Soy el primero en reconocer mis errores, pero ninguno de ellos justifican esta acusación”.

Más aún indicó que “no hay nada en la acusación que supere el estándar de una crítica política” y expresó su confianza en que los senadores “evitarán hacer un juicio político” y agregó que “estoy convencido que las diferencias de opinión en materia educacional no se pueden zanjar a través de acusaciones». Asimismo aludió a su antecesora la destituida ministra de Educación Yasna Provoste y dijo que «así como la ministra Provoste no merecía la destitución, creo que yo tampoco”.

El secretario de Estado entregó una detallada cuenta de su gestión y precisó que desde el primer momento expresó la necesidad de avanzar en materia de facultades de fiscalización del MINEDUC, incluso aludió a dos mociones presentadas por senadores de oposición y que apuntan “a poner fin absoluto a las partes relacionadas en educación, es decir, hay aquí un claro reflejo que la Ley vigente permite tales transacciones” y, en esa línea tales mociones se incorporaron al debate sobre el proyecto que crea la Superintendencia de Educación.

Precisó que pese a sus limitadas facultades instó al Ministerio a fiscalizar las universidades privadas y aludió a la veintena de oficios que envió a las distintas instituciones para revisar sus estados financieros a través de la Ley de Transparencia. No obstante, aclaró que no tenía posibilidad de investigar o perseguir el lucro porque el MINEDUC no puede exigir o demandar información contable o financiera, “con lo cual se hace complejo comprobar el lucro”.

Asimismo aludió al caso del cierre de la Universidad del Mar como ejemplo de que su gestión tenía como eje central combatir el lucro “derivado de una legislación de la década de los 80”.

“EROSIÓN DE LA REGLA CONSTITUCIONAL”

 A su turno, el abogado Enrique Barros, fundamentó su defensa haciendo énfasis en que “lo que está en juego no es solo la continuidad del ministro de Educación, Harald Beyer, lo más importante es que no se desnaturalice una institución” aludiendo así a la tesis de que una acusación constitucional es un mecanismo de “ultima ratio” que “no puede ser usada por mayorías políticas circunstanciales como una forma de sacar anticipadamente a las autoridades”. Eso sería erosionar la regla constitucional”, dijo.

El abogado precisó que “el asunto a juzgar es que se reprocha al Ministro Beyer no haber fiscalizado el lucro pero la legislación actual no establece reglas para que las universidades privadas sean corporaciones sin fines de lucro y algunas explotan este vacío hace décadas. Por lo tanto, no hay infracción a la Ley sino un aprovechamiento de algunas lagunas en la legislación. Entonces, “el sistema educacional requiere que se legisle para que se llene el vacío legal que durante 30 años ha regido en esta materia», dijo.

Argumentó que en las conclusiones de la Comisión Investigadora del Lucro de la Cámara de Diputados “ya se detectó la escasa regulación y falta de mecanismos para combatir el lucro” y reiteró que pese a que esta imputación es parte medular de la acusación, «nadie dice cuáles y dónde están» las facultades del Ministerio de Educación”.

Al respecto, puntualizó que “los funcionarios del MINEDUC no pueden forzar la exhibición de documentos o contratos de las universidades con terceros”. Recalcó que “sin esas facultades coercitivas no se puede exigir declaraciones ni menos iniciar investigaciones”. Tampoco se puede intervenir una universidad ni siquiera en situaciones tan graves como las ocurridas con la Universidad del Mar”.

Junto con afirmar que la acusación “es completamente desproporcionado” indicó que el cargo que se hace sobre la violación del principio de probidad, por parte de los acusadores «se basa en una supuesta falta de verdad en el cierre de la Universidad del Mar. No solo es incorrecto, sino totalmente infundados”. Al respecto, mencionó que no se puede acusar de mentir al ministro Beyer cuando en realidad lo que hizo “fue una interpretación y dio una opinión jurídica”.

“GARANTÍAS Y ESTÁNDARES MINIMOS PARA JUZGAR”

Por su parte, el abogado defensor Jorge Bofill puso énfasis en explicar los alcances jurídico-legales del pronunciamiento que debe emitir el Senado en su calidad de “jurado”. Enfatizó que la responsabilidad que se pueda imputar a un ministro de Estado es fundamentalmente jurídica y no política, ya que “son un tribunal”, dijo.

Asimismo pidió tener en consideración que la regulación que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, “como es sabido, no regulan exhaustivamente la Acusación Constitucional ya que eso debe realizarse con apego a las normas generales de juzgamiento de una persona, es decir, la garantía del racional procedimiento o del proceso fundado”.

Precisó que “esta misma garantía está contenida en diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos y garantías del debido proceso y que Chile ha suscrito”. Agregó que “existe consenso universal en torno a que esto constituye estándares mínimos en un Estado de Derecho y deben ser aplicados en todo tipo de derecho”.

A su juicio, “tales exigencias no se cumplen y por eso la acusación deberá ser desechada en todas sus partes porque está viciada”. De este modo el abogado Bofill detalló las «incongruencias» que existen entre el texto de la acusación y su petitorio, y consideró que «éste es un libelo que no tiene los más mínimos estándares para juzgar a una persona en Chile».

RÉPLICA: “ERROR DE CITAS”

Luego se dio paso a la réplica y dúplica de cada una de las partes. A la hora de la réplica, el diputado Fuad Chahín se refirió al cargo de vicio de nulidad alegado por la defensa de Beyer, señalando que el momento procesal para pronunciarse sobre él, era en la Cámara de Diputados que es la encargada de declarar la admisibilidad de la acusación, puesto que el Senado actúa como jurado.

Agregó que en ninguno de los tres puntos que tenía la cuestión previa formulada por la defensa del suspendido ministro en la Cámara de Diputados se planteó el “error de citas” del petitorio, señalando que se está frente a un “error común” y que si bien los diputados que votaron favorablemente la acusación asumieron dicho error, “el Senado, en tanto jurado, no está facultado para declarar nula la acusación”, puesto que sólo debe pronunciarse a favor o en contra y en el mérito de cada capítulo.

En tal sentido dijo que “podemos estar de acuerdo en que es necesario mejorar nuestro ordenamiento jurídico y en mejorar la institucionalidad para cumplir esas normas (prohibición de lucro), pero no podemos estar de acuerdo en que mientras eso no se haga no se cumplan las atribuciones de fiscalización que se tengan”.

Asimismo, desestimó los argumentos de la defensa en cuanto a que el estándar de convicción que tenga el Senado deba ser idéntico al que se alcanza en sede civil o penal, argumentando que en la Cámara Alta se debe votar en conciencia.

DÚPLICA: PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Lo anterior, fue refutado por el abogado Jorge Bofill durante la dúplica, argumentando que ello atenta contra el principio de legalidad. Agregó que en ningún caso la defensa está pidiendo que se anule la acusación, sino que se rechace.

Señaló que el hecho de que la defensa no se haya referido a los errores en el proceso que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, no impide que lo hagan durante la etapa que se lleva en el Senado. Agregó que “no hay mérito para acusar el ministro Beyer” y precisó que la acusación carece de todo fundamento, pues se ha pedido que se declare la culpabilidad por haber infringido materias que corresponden a otro Ministerio.

“La acusación está viciada y tiene que ser rechazada” dijo el abogado tras señalar que los diputados admitieron la existencia del “error”, lo cual podría forzar al Senado a aprobar una acusación constitucional cuyos cargos van más allá de lo solicitado por la Cámara de Diputados.

En tanto, el abogado Enrique Barros manifestó que se ha generado injustamente la expresión que quienes voten en contra de la acusación, estarían por el lucro. “Este libelo en contra del ministro Beyer no es en contra del lucro de la educación”, dijo tras señalar que aprobar la acusación sería “una injusticia” y “condenar a un inocente”.

Indicó que es de “imbéciles felices” buscar una víctima que permita, como rito de expiación, justificar los incumplimientos del país en el sistema educacional.

Fuente: Cámara de Diputados y Senado.