Año Judicial 2013: Rubén Ballestero abogó por "mayores garantías en el ámbito de la independencia judicial"

El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dio cuenta de la actividad judicial durante el año 2012 e inauguró el Año Judicial 2013, reiterando los anhelos de autonomía financiera y de respeto a la independencia judicial. La ceremonia por primera vez contó con traducción en lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva.

A la solemne ceremonia -realizada en el Salón de Pleno del máximo tribunal- asistieron diversas autoridades del sector justicia, entre otras, la ministra de Justicia, Patricia Pérez; el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg; el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán; el presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen y el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza.

El presidente de la Corte Suprema informó que durante el año 2012 ingresaron a los tribunales de primera instancia 3.003.271 nuevos asuntos, cifra que no incluye los exhortos, lo que representa una disminución de un 14,2% respecto del año anterior. La reducción se explica por el menor ingreso de causas civiles en gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y de las solicitudes de medidas prejudiciales que disminuyó a nivel nacional a 1.583.774, lo que significó una variación de un 23,3% en relación al ingreso del año 2011. Estas causas, sin embargo, constituyen el 53% del ingreso total nacional.

En las 17 Cortes de Apelaciones del país en el año 2012 ingresaron 126.219 asuntos de distinta naturaleza, cifra superior al ingreso del año anterior en un 20,5%. Se mantiene el incremento de los recursos de protección, que a nivel nacional alcanzaron 54.966, cifra que constituye un 71,5% más que la del período pasado y que, en su mayoría, corresponde a acciones en contra de isapres por las alzas en los precios de los planes de salud.

En la Corte Suprema ingresaron 9.699 recursos, representando una disminución de 23,7% respecto de los ingresos del año anterior. Las apelaciones en los recursos de protección alcanzaron un total de 2.740, es decir, un 48,2% menos que en 2011.

Respecto de las causas por violaciones a los derechos humanos en el país, el presidente Ballesteros informó que se tramitaron un total de 1.104 procesos, a cargo de 32 ministros de Cortes de Apelaciones designados para el efecto de acuerdo al informe entregado por el ministro Hugo Dolmestch Urra.

El magistrado recordó que en una visita realizada al país en agosto pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas valoró lo avances que ha hecho la Corte Suprema en la investigación de este tipo de hecho y reiteró que la sustanciación de causa s no se encuentra sometida a ningún tipo de plazo.

“Reiteramos que el término de estos procesos no está sujeto a ningún plazo. Su fin está condicionado al establecimiento de la existencia de los hechos constitutivos de delitos y la determinación de las responsabilidades criminales de las personas que los cometieron, labor que los jueces encargados de instruirlos continuarán cumpliendo con especial atención.”, dijo.

Ballesteros destacó -una vez más- los avances en materia de transparencia y entrega de información del Poder Judicial, recordando entre otras cosas los acuerdos de pleno respecto de declaración de patrimonio y de intereses de abogados integrantes y la incorporación a las redes sociales de Twitter, Facebook y Youtube del Poder Judicial de Chile.

El presidente de la Corte Suprema se refirió, además, a los proyectos de ley que pretenden modificar el sistema procesal penal y abogó por un debate amplio respecto de eventuales cambios a un sistema que desde su establecimiento –en 2000- se ha mostrado exitoso.

“Las formas y maneras como la comunidad nacional vive y se sujeta a las normas de conducta que establece la ley, sus reacciones sobre ella, hacen necesario el debate y estudio sobre cómo la ley recoge las inquietudes ciudadanas, cómo regula debidamente la convivencia diaria, y cómo resuelve las distintas infracciones a la ley penal que se suceden en el acontecer cotidiano. Son sus representantes quienes deberán proponer y estudiar las rectificaciones y modificaciones que sea menester, sin afectar los principios de persecución penal pública, de investigación por una órgano profesional independiente, de separación de las funciones de investigación, acusación y enjuiciamiento, de oportunidad reglada, de inmediación, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a juicio previo, oral y público, entre otros, que son el fundamento del sistema procesal penal”, dijo Ballesteros.

Asimismo, el ministro Ballesteros planteó la necesidad de establecer una mejor coordinación entre las policías y el Ministerio Público y aseguró que cualquier cambio en este sentido, no debe socavar el rol de los jueces de garantía y los principios inspiradores del sistema procesal penal.

“Son materias de la mayor trascendencia para abordar en el proyecto de reforma, aquellas que dicen relación con la coordinación del Ministerio Público y policías, la capacitación de los funcionarios civiles o uniformados y quienes intervienen en los trabajos de investigación y la necesidad de resolver problemas concretos y reales que se dan en la práctica y que no deben afectar los principios inspiradores del sistema acusatorio, ni alterar el rol y atribuciones de los jueces de garantía, sino más bien, incorporar prácticas e interpretaciones judiciales asentadas”.

Con relación al proyecto de ley de Reforma Procesal Civil, el presidente Ballesteros manifestó el respaldo a los cambios y aseguró que el informe remitido a la Cámara de Diputados sobre dicha iniciativa es sólo un primer paso y que se continuará trabajando de manera interna a través de comisiones de ministros del máximo tribunal.

“La Corte Suprema está preocupada de la implementación de la reforma al sistema procesal civil que cierra el círculo de las reformas procesal penal, de familia y laboral en la primera instancia. Luego será necesario resolver las adecuaciones a la segunda instancia y a la Corte Suprema para lo cual estaremos preparados. En el mes de enero de 2012 se designó una comisión para el estudio de la parte sustantiva y/o normativa, integrada por los ministros señores Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate y Haroldo Brito Cruz quienes han trabajado durante todo el año e incluso participaron en jornadas en el Ministerio de Justicia y en un viaje al extranjero a fin de proveerse de los mayores conocimientos y experiencias del derecho comparado sobre el proceso civil que se pretende instaurar en el país. El informe de la Corte Suprema remitido a la Cámara de Diputados en que comienza el estudio y análisis del anteproyecto ingresado por el Gobierno, es sólo el primero. La Comisión Normativa seguirá trabajando en atención a que se trata de una materia de la mayor trascendencia, de manera que en lo por venir seguirán emitiendo otros dictámenes”, dijo.

Además, informó que se está trabajando en establecer mecanismos en los actuales tribunales civiles para evitar que el retraso que experimenta este tipo de proceso afecte las futuras reformas con cargas de trabajo excesivas para jueces y funcionarios.

“Los ministros encargados de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles señor Sergio Muñoz Gajardo y señora Rosa Egnem Saldías, adelantándose a los acontecimientos y ante la situación de retraso que advierten, han propuesto un conjunto de medidas para producir un significativo avance en la tramitación de las causas en estos tribunales que permitan que los esfuerzos que deba hacerse para la implementación de la reforma civil no se vean obstaculizados por la existencia de una carga de trabajo no atendida completamente, como ocurrió con las otras reformas. Entre las medidas que se sugieren y que están en etapa de planificación y ejecución, se contempla la confección de un inventario nacional de las causas y su estado de tramitación; la ejecución de una planificación por cada Ministro Visitador de las distintas Cortes de Apelaciones a fin de resolver los procedimientos y acciones necesarias para el avance de los procesos en tramitación; el apoyo computacional a través del Escritorio del Juez, centro de escaneado, digitalización de expedientes, pistola digital; el ejercicio de la facultad de destinar jueces para resolver situaciones de cargas de trabajo muy complejas; la aplicación del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales; la asignación de asesores letrados y, otras, con el fin ya expuesto”, afirmó.

Respecto de la labor de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) el presidente Ballesteros destacó los avances en gestión, control interno, mejoramiento en los sistemas de adquisiciones, mantenimiento e infraestructura, el desarrollo institucional y los trabajos en el mejoramiento del clima laboral.

Ballesteros –agregó- que durante el año pasado se trabajó intensamente en la creación de parámetros para establecer un Índice de Calidad de la Justicia -proyecto que fue anunciado en la inauguración del Año Judicial 2012- y para lo cual se requirió aplicar miles de encuestas a funcionarios, abogados y público en general.

“Este índice (de calidad de la justicia) posee alrededor de 600 indicadores individuales, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a mediciones que incorporan la percepción de los usuarios del sistema de justicia. El levantamiento de información se realizó a finales del mes de enero del año en curso con el apoyo del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, que aplicó una serie de entrevistas a abogados y a la comunidad en general, en todos los Tribunales de las ciudades asiento de Corte del país, incluidas las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, lo que permite estimar en buena medida la percepción que se tiene de la judicatura. Junto con lo anterior, se aplicaron encuestas electrónicas a jueces y secretarios, administradores de tribunales y funcionarios, incluidos los de la Corporación Administrativa. Las encuestas fueron realizadas a un universo de más de diez mil personas. El avance actual del Índice de Calidad de la Justicia del Poder Judicial alcanza el 71%. Este año continuaremos trabajando en el desarrollo de este importante proyecto, en sus resultados y en la información que arroja para que la comunidad jurídica acceda, lo antes posible, a los beneficios que proporciona esta herramienta de medición”, aseguró.

El presidente de la Corte Suprema destacó el establecimiento de nuevos mecanismos de cooperación internacional con poderes judiciales de la región y de Europa, resaltando la reciente celebración en Chile de la I Cumbre Judicial de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) y la Unión Europea, y la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizará en Chile el 2014.

Ballesteros agradeció la promulgación de la Ley 20.628, conocida como “Ley del juez destinado”, que se encontraba pendiente desde el año 2008 y que permite trasladar provisoriamente a jueces desde tribunales con menor carga de trabajo a tribunales con mayor carga laboral.

“La Corte Suprema hizo uso de esta facultad inmediatamente. En la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, por resoluciones de 31 de diciembre de 2012 y 22 de enero de 2013 respectivamente, se destinó a un total de 10 jueces, 7 para el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y 3 para el Cuarto. En la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el 31 de diciembre, destinó a 2 jueces al Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. En la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción el pasado 31 de diciembre de 2012 y 31 de enero de 2013 respectivamente, destinó a un total de 6 jueces, 3 para el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, 2 para el juzgado de Letras del trabajo y 1 para el Juzgado de Garantía, todos de Concepción. Esto, sin lugar a dudas, redundará en una mejor gestión de estos tribunales y disminuirá los costos del actual sistema de suplencias y comisiones de servicio“, informó.

Asimismo, el presidente Ballesteros abogó por mayores garantías en el ámbito de la independencia judicial y lamentó el retraso en la provisión de cargos de ministros de la Corte Suprema.

En este sentido recordó que al Senado le corresponde refrendar una decisión adoptada por el Presidente de la República, entendiendo que se debe confirmar o rechazar un nombramiento y no le corresponde analizar las aptitudes de un candidato propuesto.

“No está demás afirmar que la decisión política, es decir, el acto por el cual se resuelve la nominación de ministro del máximo tribunal, le corresponde exclusivamente al Presidente de la República, quien es el llamado a analizar la idoneidad personal y profesional de aquél. También es preciso afirmar que no se contempla atribución constitucional o legal que autorice al Presidente ni a los miembros del Senado en la sesión extraordinaria destinada a la aprobación o rechazo del candidato, a considerar o ponderar el contenido o mérito de las resoluciones judiciales que hayan redactado los magistrados nominados para asumir el cargo de Ministro de Corte Suprema”, afirmó.

Y agregó: “El desconocimiento de la citada disposición constitucional, en el plano del procedimiento de nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema, constituye una grave amenaza y perturbación a la independencia de juicio e imparcialidad de los jueces y ministros”.

Además, solicitó que los nombramientos se desarrollen dentro de un plazo razonable para evitar las dificultades propias de recurrir a la integración de salas con abogados integrantes y no con ministros titulares.

“Resulta prioritario que el procedimiento para proveer los cargos de ministros de la Corte Suprema se desarrolle en tiempos razonables. Su demora excesiva se traduce en que el máximo Tribunal en largos períodos no cuente con su dotación completa, lo que no es conveniente para su correcto funcionamiento. Para palear las dificultades en la conformación de sus salas se ha debido recurrir con excesiva frecuencia a los abogados integrantes. Cabe recordar que en los últimos 5 cargos que han sido provistos, el tiempo que ha mediado entre la remisión por la Corte Suprema de la respectiva cinquena y el nombramiento del nuevo Ministro de este Tribunal, el promedio se aproxima a los 5 meses, llegando en algunos casos a 7 meses de demora”. 

Sobre la autonomía financiera, el presidente de la Corte Suprema recordó que las prácticas internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), recomiendan el establecimiento de mecanismos de control interno y propuso la creación de una Contraloría General Interna del Poder Judicial.

“El organismo que se propone se denomina Contraloría General Interna del Poder Judicial y su dirección y administración estará a cargo de tres Ministros de la Corte Suprema y el Contralor. Podrán participar en este ente el Director, el Subdirector y el Asesor Jurídico de la Corporación Administrativa, en caso de ser necesario y cuando sea requerido. Es un organismo que depende directamente del Presidente de la Corte Suprema y es autónomo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es la entidad sujeta a auditorías y control”, dijo.

En el mismo ámbito, solicitó retomar la discusión de los proyectos de ley de la denominada Mesa Judicial, en particular los relacionados con la autonomía estructural del trabajo y que proponen entre otras materias el establecimiento en el Código Orgánico de Tribunales de unidades como la Dirección de Estudios y la Dirección de Comunicaciones, entre otras, “unidades que resultan fundamentales para un eficaz y efectivo Gobierno Judicial”, aseguró.